A juzgar por los ingentes recursos que América Latina ha transferido al exterior en los últimos 20 años, periodo en el que han tenido lugar la globalización y la imposición del modelo neoliberal, es evidente que esta región del mundo ha experimentado una terrible sangría a manos de los grandes conglomerados de poder económico de los países desarrollados, en especial de los especuladores financieros y las empresas trasnacionales, con la complicidad de las oligarquías locales y de los sucesivos gobiernos de prácticamente todos los estados latinoamericanos.

En ese lapso, del subcontinente fueron extraídos 2 billones 540 mil millones de dólares bajo diversos conceptos: pago de deuda externa (por cierto, por un valor varias veces superior a su saldo inicial), fugas de capital perpetradas por especuladores tanto nacionales como extranjeros, y diferenciales en los precios de las materias primas exportadas a los países del norte. Según datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, esa cifra astronómica equivale a 1.5 veces el PIB de toda Latinoamérica.

Los beneficiarios de tal expolio son los centros de poder económico de las naciones desarrolladas y, por tanto, es claro que la globalización y el neoliberalismo no han sido sino dos nuevas armas para la construcción de una nueva clase de sistema imperial a escala internacional. Que los países de América Latina no han obtenido beneficios de tal imposición es evidente. La pobreza y la desigualdad no ha hecho sino crecer, los mercados latinoamericanos han sido copados por empresas extranjeras, frecuentemente mediante prácticas desleales o abiertamente destructivas: subsidios a los productores del norte, barreras a las exportaciones del sur y, especialmente, procesos de privatización y entrega al extranjero del patrimonio de los países de la región, muchos de ellos realizados de forma poco transparente, de espaldas a las sociedades afectadas y, en no pocos casos, de manera corrupta y con efectos nocivos sobre el tejido social, la calidad y el precio de los productos y servicios y la vigencia de las soberanías nacionales.

De la responsabilidad en este saqueo no están exentos los gobiernos ni las plutocracias locales. Por el contrario, han participado directamente en la depredación de las economías latinoamericanas, ya sea aplicando obedientemente el modelo neoliberal dictado desde Washington y Wall Street o esquilmando por cuenta propia a sus propias sociedades. Tan sólo entre 1996 y 2002, según cifras del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, las oligarquías latinoamericanas consumaron fugas de capitales por 310 mil millones de dólares. Ante tal escenario, es claro que mientras el actual modelo antisocial permanezca vigente no podrá instaurarse en América Latina una verdadera democracia ni será posible lograr la superación de la pobreza, la justicia social y el desarrollo económico incluyente.

Basta imaginar cuántas escuelas, hospitales, infraestructuras de transporte y energía, fuentes de empleo, investigaciones científicas, creaciones artísticas y actividades productivas en la industria, los servicios o el agro nacionales, por sólo poner unos ejemplos, habrían sido posibles en América Latina con el usufructo local de los capitales transferidos al exterior en las últimas décadas.

La opresión económica a la que está sometido el subcontinente a manos de los poderes económicos de los países desarrollados y de sus personeros en los gobiernos y las oligarquías locales es, a todas luces, una forma de imperialismo. Por ello, resulta necesario que las sociedades latinoamericanas rechacen tales mecanismos de dominación y, de la mano de las fuerzas políticas, sociales y empresariales -que las hay- realmente comprometidas con los intereses mayoritarios y nacionales impulsen un amplio movimiento de resistencia al expolio proveniente del extranjero. En ello están en juego el bienestar de sus habitantes, la legítima titularidad de su patrimonio y de su riqueza, la soberanía de sus naciones y las posibilidades de desarrollo democrático y justicia social.