Lo atribuyen a su oposición a la política del gobierno federal

Fue represalia el operativo de la PGR en unidad del FPFV, señalan villistas

Se trató de una acción para capturar a una banda de secuestradores: subprocurador

GUSTAVO CASTILLO Y JOSEFINA QUINTERO

La Procuraduría General de la República (PGR) busca el cadáver de un empresario que fue secuestrado en agosto pasado y ejecutado por una banda de plagiarios de la cual forma parte un presunto integrante del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y ex integrante de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, informó el subprocurador de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos.

En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer la detención de Juan Cerdán Guzmán, Fernando Daniel Fernández, Sandra Erika Ramos y Marcelo Reyes, presuntos integrantes de una banda de secuestradores ligada a la organización conocida como Los Bayardo, la cual habría secuestrado a las hermanas Ernestina Sodi y Laura Zapata en 2002.

Santiago Vasconcelos precisó que la noche del pasado jueves se realizaron cateos en diversos domicilios de la ciudad de México y en uno del municipio de Chimalhuacán, estado de México.

En esos operativos se cateó un inmueble que se localiza en la colonia El Molino, delegación Iztapalapa, en una zona donde hay viviendas del FPFV, en busca de Constantino Canales Agustín, quien forma parte de la banda responsable del plagio y homicidio del empresario Francisco Arellano del Toro.

Santiago Vasconcelos puntualizó que ese operativo para la captura de secuestradores no tiene ningún tinte político ni persecutorio en contra del FPFV. Aclaró que no se ha confirmado que Constantino Canales forme parte de esa organización, aunque se le ubicó en un desarrollo de vivienda ligado a los villistas.

El secuestro y asesinato del empresario Arellano del Toro constituye el primer caso en que un plagiado no es rescatado con vida en más de 260 secuestros que ha resuelto la Procuraduría General de la República este año.

Según las primeras declaraciones de los secuestradores detenidos, Arellano del Toro, privado de su libertad en agosto de este año, fue asesinado a tiros y luego arrojado a la presa Textlalpan, del municipio de Tecamac, estado de México, en los primeros días de septiembre.

El cadáver es buscado en las aguas del río Tula, pues la presa desemboca en ese afluente. Santiago Vasconcelos hizo un llamado a que la sociedad "se sensibilice y denuncie a estos secuestradores", ya que se considera que han participado en al menos otros tres plagios.

Por su parte, Agustín González, integrante de la Comisión Política Nacional del Frente Popular Francisco Villa, informó que el secuestrador señalado por la PGR, Constantino Canales Agustín, no es parte de la estructura de su organización. Sin embargo, precisó revisarán los expedientes de los más de 12 mil afiliados solicitantes de vivienda antes de descartar plenamente su vinculación con el FPFV.

Sobre el operativo que se realizó la noche del jueves en la unidad habitacional de la organización, manifestó que presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque los agentes de la Agencia Federal de Investigación llegaron con armas largas y gas lacrimógeno, y aprovechando la ausencia de los habitantes, quienes se encontraban en la marcha del pasado jueves, entraron con violencia, derribando puertas y violando chapas y candados.

Según la orden judicial que mostraron, indicó Agustín González, era para el cateo de dos viviendas del edificio Lenin, que desde hace más de seis meses se encuentran vacías.

Calificó la acción como un acto de intimidación en contra de su organización, "por la clara oposición" que ha mostrado a las políticas sociales del presidente Vicente Fox. Porque, no conformes con entrar a la unidad, dispararon gases lacrimógenos en contra de las familias que intentaron oponerse, afirmó.

Ante los hechos, integrantes del FPFV pidieron la intervención de las comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos, por esos actos, que consideraron violatorios de sus garantías.