En el debate público de las semanas recientes ha ido evidenciándose que el peor defecto de las propuestas fiscal y energética del gobierno federal es la inexistencia. El grupo en el poder ha presentado iniciativas que no son tales, sino borradores de base para lograr un consenso, según han manifestado el propio presidente Vicente Fox y varios de sus colaboradores de primer nivel. Ahora es claro que el Ejecutivo federal no ha sido capaz de convertir en proyectos coherentes lo que resulta ser -en materia de impuestos y en el ámbito de la energía eléctrica- un mero manojo de intenciones impopulares e incluso antipopulares. Un ejemplo extremo del descontrol y la confusión que imperan en el gobierno lo dieron ayer los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, y de Gobernación, Santiago Creel Miranda: mientras el primero defendía las cambiantes ideas fiscales oficiales en San Lázaro y sufría estoicamente las exigencias de los legisladores de que hablara claro, el segundo declaraba que la propuesta fiscal del Ejecutivo es retirable, corregible y, en suma, prescindible.

Si no hay claridad en las propuestas no puede haber una estrategia para defenderlas y negociarlas ante las fuerzas políticas y sociales. Y, en efecto, el gobierno de Fox carece de un plan perceptible para atraer respaldos a sus nociones fiscales y energéticas y para concitar consensos en la materia.

Esas impericias técnicas y políticas constituyen el factor principal de las turbulencias cambiarias y bursátiles coyunturales. A pesar del deplorable espectáculo de protagonismos, oportunismos y cinismos brindado en estos días por las cabezas formales del PRI, no son las diferencias internas en ese partido -aunque hayan trascendido a la opinión pública en forma de baños de lodo- las que podrían desestabilizar la economía, sino, en todo caso, la torpeza oficial para presentar y negociar posibles puntos de acuerdo ante las fuerzas políticas. Botón de muestra de esa ineptitud es el cándido intento de las autoridades hacendarias por explotar en provecho propio las diferencias facciosas en la cúpula del Revolucionario Institucional.

El calendario legal y legislativo está a unas semanas de agotarse y el Ejecutivo federal no ha logrado sino incrementar la confusión de la opinión pública y la incertidumbre entre los inversionistas sobre el sentido, el alcance y la viabilidad de sus pretendidas reformas. No es correcto que ahora pretenda zafarse de esa responsabilidad adjudicándosela al Legislativo o a las escaramuzas inter e intrapartidarias. El punto es que el gobierno foxista no ha logrado, en tres años, presentar un proyecto congruente de nación -del cual derivarían todas las reformas que se quiera- ni ha sido capaz, en ese lapso, de mostrar oficio político. Por el bien de todos, cabe esperar que se apresure.