Emilio Pradilla Cobos

Contra la privatización

El 27 de noviembre se realizará en la ciudad de México y en otras del país la movilización convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas y otros sindicatos independientes, organizaciones sociales y diversos sectores políticos, contra la privatización y desnacionalización del sector energético, en particular de la producción eléctrica, promovida ahora por el gobierno de Fox, el PAN y los grandes empresarios. Nos unimos a esta convocatoria, porque lo que está en juego no es la defensa del pasado, sino la de los intereses nacionales, es decir de todos los mexicanos del presente y sobre todo del futuro.

El sector energético, que se basa en la explotación de recursos naturales propiedad de todos los mexicanos, administrados a su nombre -bien o mal- por el Estado, ha sido ya parcialmente privatizado y desnacionalizado mediante subterfugios legales que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contravienen la Constitución mexicana. La solución no es modificar la Constitución para borrar la acción ilegal, sino repararla y juzgar a los transgresores. Lo conducente es dotar a las empresas públicas del sector energético de autonomía administrativa, de un régimen fiscal adecuado, y combatir de arriba abajo la corrupción, donde esté, para que tengan condiciones para realizar la inversión y las acciones necesarias para garantizar racional y eficientemente su actividad en función del desarrollo económico y social del país.

La experiencia, que sólo la presencia de intereses ajenos a los mexicanos puede obviar u ocultar, señala los riesgos de esta privatización. En la producción de energía -eléctrica o petrolera- hay muchas empresas públicas de países desarrollados o de igual grado de desarrollo que México, que son eficientes, rentables y tecnológicamente apropiadas; en las privatizaciones realizadas hasta ahora en México aparecen algunas empresas públicas, lo que indica que no es ese carácter lo que determina su incapacidad de operar adecuadamente; un ejemplo, entre otros, es Petrobras, de Brasil.

En el sector eléctrico tenemos una larga lista de experiencias internacionales lamentables que muestran que la inversión privada en esta infraestructura de servicio básico, es muy rentable para las empresas privadas, pero deriva en graves problemas para los usuarios, aun los empresariales: elevación de las tarifas, falta de accesibilidad de los sectores sociales más pobres, definición de la inversión sólo en función de la rentabilidad del capital, ineficiencia en la operación y poca transparencia fiscal de las empresas. Lo que no está asegurado cuando se privatizan estas empresas es la satisfacción de las necesidades del crecimiento económico y el bienestar social. El Estado, que maneja recursos provenientes de la tributación social, no tiene que generar ganancias; en cambio, debe garantizar que todos los habitantes accedan al servicio de energía sin tener el límite derivado de sus ingresos o condición de empleo o desempleo, pues es un satisfactor esencial. Esto no lo garantiza la empresa privada, cuya lógica es la de la ganancia.

La privatización de todo lo público en nombre de la modernización y la globalización, asumidas como destino único e inevitable, es una ideología fundamentalista de derecha que oculta los intereses de las potencias hegemónicas y sus instrumentos y beneficiarias: las grandes trasnacionales, que con dos décadas de estancamiento económico, desempleo generalizado y crecimiento de la pobreza, ya mostró en México que se impone en los países pobres y atrasados a costa de los intereses de sus habitantes de hoy y mañana. Por ello, esta lucha debe unificar a todos aquellos que defienden la soberanía, entendida como derecho de los nacionales a definir el curso de su presente y su futuro, sin tener en cuenta su militancia política actual y sus posiciones en otros ámbitos de la vida social.

Este frente debería incluir la lucha contra otras desincorporaciones planteadas recientemente por el gobierno federal y, desde ya, el rechazo al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas -ALCA-, que es otra cara de la misma política, y la promoción alternativa de la integración económica, cultural y política de América Latina y el Caribe en una comunidad de naciones con capacidad de negociar con las potencias en igualdad de condiciones. Los habitantes de la ciudad de México seremos de los más afectados por estas iniciativas internas e internacionales, por lo que nuestra participación en la lucha para detenerlas debe ser decidida.