El edil de General Bravo y su esposa pretenden cobrar indemnizaciones a Pemex

Campesinos de NL denuncian despojo de terrenos en área de la cuenca de Burgos

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, nl, 25 de noviembre. Campesinos del municipio General Bravo acusaron a María Guadalupe Guajardo Pérez, ex alcaldesa priísta, y a su esposo, el actual edil Adolfo Cantú Salinas, de apoderarse de más de 500 hectáreas de parcelas y terrenos de agostadero pertenecientes a familias de las comunidades El Verde y El Pinto, con intención de cobrar a Petróleos Mexicanos (Pemex) indemnizaciones a razón de 300 mil pesos por cada pozo de gas natural que se perfore en propiedades particulares, ejidales o comunales de la cuenca de Burgos.

Los campesinos presentaron la denuncia ante el presidente del Congreso del estado durante noviembre, el panista Alfonso Robledo, quien se comprometió a investigar los hechos para que no se cometan injusticias con los habitantes del norte de la entidad, como resultado de la explotación de gas natural que actualmente realizan empresas extranjeras contratadas por Pemex.

Juan Andrés Peña Salinas, vecino de General Bravo, dijo en nombre de sus correligionarios que el alcalde Cantú Salinas subdividió un terreno de más de 200 hectáreas, propiedad de la comunidad El Verde, para otorgar lotes a familiares, prestanombres y trabajadores de las compañías que laboran en la explotación de la Cuenca de Burgos, para lo cual destruyó cercas y despojó a familias que tenían hasta 40 años en posesión de dichos predios, que utilizaban como agostadero para sus animales y para cultivos agrícolas.

Añadió que el edil pretende "adjudicarse esos terrenos y ponerlos a su nombre para que Pemex le otorgue las indemnizaciones, y no a los auténticos propietarios, ya que casualmente en el área que han cercado aparecen las banderitas donde perforarán los pozos para la extracción de gas natural".

De acuerdo con Peña Salinas, personal de Pemex informó a habitantes de General Bravo que la ex alcaldesa Guajardo aparece como propietaria de un terreno de 307 hectáreas, del que en realidad son dueñas familias de la comunidad El Pinto.

Ante la situación, los campesinos de General Bravo exigieron a los gobiernos estatal y federal que el proyecto de la cuenca de Burgos los beneficie, y que no solamente les quede la contaminación, la destrucción o el despojo de sus propiedades.