México D.F. Martes 25 de noviembre de 2003
Los consignó por robo con violencia; tardía ayuda legal
Desestima MP denuncia de tortura en contra de menores
JESUS ARANDA
Con una eficiencia que envidiarían las mejores corporaciones policiacas del mundo, el jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones con base en Tonalá, Chiapas, Pascual Bailón de Paz Domínguez, necesitó menos de 24 horas para ubicar, detener y consignar a dos menores de edad acusados de "robo con violencia en lugar cerrado".
Como complemento de esta labor, el Ministerio Público no tomó en cuenta las denuncias de los acusados acerca de que fueron aprehendidos sin la orden judicial correspondiente, que los golpearon y torturaron en los separos policiacos, en donde los obligaron a aceptar su responsabilidad, y que hayan carecido de ayuda legal hasta que los internaron en el Consejo Tutelar para Menores de Tuxtla Gutiérrez.
El Consejo de Menores de Chiapas hizo también su labor, al dar como válidos los argumentos del Ministerio Público y rechazar la apelación presentada por los dos menores en contra de su detención. Independientemente de las inconsistencias que presenta la averiguación previa y la forma como fueron hurtados artículos de una ferretería en Tonalá, el consejo no tomó nota de que se trata de dos jóvenes que no tenían antecedentes penales y que son presuntos primodelincuentes.
Además, al menos en el caso de Luis Alberto Laguna Espinoza, de 16 años -el otro detenido es Fabián de Aquino Ortiz, de 17-, familiares del menor revelaron que éste fue internado en el área en donde se encuentran integrantes de las bandas Mara Salvatrucha, por lo que fue brutalmente golpeado los primeros días en que estuvo preso, ante la complacencia de las autoridades.
El 8 de septiembre pasado, Francisco Irán Prado denunció ante el Ministerio Público en Tonalá un robo en la ferretería de su propiedad. La averiguación previa recibió el número 032/524/2003 y fue turnada al agente Rodolfo Hernández Pérez, quien a su vez comisionó el caso a Pascual Bailón de Paz Domínguez.
Después de un reconocimiento en el lugar, la policía tuvo conocimiento de que el material hurtado había sido trasladado en una Combi de transporte público, conducida por Carlos Jiménez Ovando, a la cercana ciudad de Pijijiapan. La pericia de los agentes los llevó hasta el chofer, quien les confirmó el viaje, pero además los llevó directamente a un hotel en Pijijiapan, en donde Luis Alberto y Asariel Peña Cruz presuntamente habían descargado la mercancía hurtada.
En la indagatoria desaparecieron los nombres de Jiménez Ovando y de Peña Cruz; los agentes se centraron en los menores, quienes fueron los únicos detenidos y consignados penalmente.
A Luis Alberto lo detuvieron el 9 de septiembre cuando se encontraba en la sede del palacio municipal de Pijijiapan. Primero, con engaños, lo sacaron del lugar "para reconocer a unas personas"; después, sin que mediara la orden de aprehensión correspondiente, fue conducido con lujo de violencia a la agencia del Ministerio Público en Tonalá, en donde "confesó" su culpabilidad y la de Fabián.
Pese a que fueron localizados todos los materiales hurtados, las agravantes en contra de los detenidos se mantuvieron.
En su declaración ministerial, Luis Alberto negó las acusaciones de robo. Detalló que cuando lo llevaron a las instalaciones de la Policía Judicial en Tonalá, los agentes "me estaban obligando a que declarara con relación al robo; luego me tomaron del pelo, me llevaron al patio y me pusieron una bolsa de nylon en el pecho y me golpearon. Yo les decía que no sabía nada del robo".
Después llevaron detenidos al lugar a Fabián y a Asariel Peña, quienes también fueron golpeados por los policías. Luego los llevaron a los separos de la policía municipal, sin que recibieran ayuda legal alguna.
De todos los involucrados en los hechos, sólo los dos menores fueron consignados penalmente. Pese a las huellas visibles de los golpes, el agente del Ministerio Público, Rodolfo Hernández Pérez, dio fe de la integridad física de los menores (el 12 de septiembre). En el caso de Luis Alberto escribió en su informe: "presenta escoriación en la muñeca de la mano derecha, de aproximadamente un centímetro de longitud y refiere dolor en la región de la cintura".
Fue hasta el 13 de septiembre cuando ambos menores conocieron a su defensor de oficio, estando ya en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Menores Infractores; sin embargo, la eficacia del abogado aún está en entredicho, porque los dos jóvenes continúan presos y no han logrado "desvirtuar" la prueba confesional de su primera declaración, en la que aceptaron -muy posiblemente- bajo presiones y golpes su responsabilidad en los hechos. En su caso, como en muchos, la "reina de las pruebas" sigue siendo la confesional, no importa bajo qué condiciones y cómo haya sido conseguida.
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