Si no se encuentra a quien las mató "nos estamos haciendo tontos", afirma Soberanes

Senadores desairan presentación de informe sobre el caso Juárez

Sugiere la CNDH a Fox crear fiscalía federal que investigue los crímenes contra mujeres

Pedir ayuda a autoridades estadunidenses, otra propuesta del ombudsman nacional

VICTOR BALLINAS

En los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Estado mexicano tiene que responder una pregunta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional: "¿quién las mató?" O responde, sentenció el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, "o nos estamos haciendo tontos".

El ombudsman nacional presentó ayer su informe especial sobre los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez ante cuatro senadores: Dulce María Sauri y Ernesto Gil Elorduy, del PRI, y Guillermo Herbert y Jesús Galván, del PAN, de un total de casi 40 legisladores que debieron asistir a la reunión.

Frente a ellos, Soberanes demandó al jefe del Ejecutivo la creación de una fiscalía especial federal que investigue los homicidios y desapariciones en esa ciudad fronteriza; elaborar un registro nacional sobre desaparecidas; que se solicite la cooperación de autoridades de Estados Unidos y que se fortalezca la cooperación técnica y científica entre la PGR y la procuraduría de Chihuahua.

Urge deslindar responsabilidades

Apremió a los gobiernos de Chihuahua y al municipal de Ciudad Juárez a deslindar responsabilidades de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del estado, por las omisiones en que han incurrido en las investigaciones, así como de los agentes del Ministerio Público por falsear información difundida a la sociedad y entregada a la CNDH.

Asimismo, demandó que el gobierno del estado replantee la labor de la fiscalía especial que investiga los homicidios en Ciudad Juárez.

Soberanes destacó que una de las conclusiones de la investigación es que hay crisis en la procuración de justicia y en seguridad pública. "Si estos acontecimientos no son tomados como señales y advertencias de un cáncer en expansión, en el futuro podríamos vernos en la fase terminal, cuando ya no haya remedio."

Ante ello pidió a autoridades y sociedad considerar que las reformas al sistema de procuración de justicia "no pueden esperar más". Subrayó que mientras no se sepa quiénes son los homicidas y no se haga justicia no habrá palabras que alivien el dolor de los familiares de las víctimas, no habrá promesas que hagan resurgir la confianza en la justicia y no habrá compromiso que devuelva la esperanza a los ciudadanos.

Abundó: "Junto al reclamo social que nos lleva a exigir ni una muerta más, seguiremos arrastrando la vergüenza nacional de saber que más de 300 mujeres pueden ser asesinadas sin que las autoridades logren identificar y sentenciar a los responsables".

Más adelante señaló que "terminó el tiempo de duelos y quebrantos en los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez. No podemos seguir con el tema de las condolencias, pues el Estado mexicano no se creó para eso. Cualquier Estado moderno tiene la obligación fundamental de procurar justicia, a la cual no puede declinar".

El senador priísta Ernesto Gil Elorduy preguntó a Soberanes su opinión sobre el nombramiento de la comisionada para el caso Juárez, a lo que el ombudsman respondió: "La señora (Guadalupe Morfín Otero) tiene funciones de tipo social, no tiene que ver con las investigaciones. Ella lo ha dicho. El acuerdo para crear ese puesto dice que se va a abocar a la línea social, y está bien que el gobierno se preocupe por las cuestiones sociales. Yo no lo critico, pero lo que hay que hacer es investigar".

Soberanes precisó: "en este país, de acuerdo con la Constitución, la única autoridad competente para investigar es el Ministerio Público. Yo no sé si a la señora Morfín le vayan a dar el rango (de Ministerio Público o fiscal), pero debe haber alguien a quien le den ese cargo. Nosotros proponemos la creación de una fiscalía especial federal que investigue. Si a la señora Morfín le dan el cargo, debe contar con el apoyo suficiente para realizar las investigaciones".

Advirtió que si no se nombra un fiscal especial "continuaremos en este lago de inconsistencias y el Estado seguirá sin responder una demanda social e internacional y nos seguirán coscorroneando en el exterior".

Por su parte, el senador panista Guillermo Herbert le preguntó su opinión sobre la actitud injerencista de España y otros países que han condenado los crímenes. Soberanes respondió: ante "un Estado que no sabe cumplir sus obligaciones, cualquiera se siente con derecho a jalarle las orejas".

Los ausentes

Entre los legisladores que no fueron a la reunión figuran los presidentes de las tres comisiones unidas del Senado de la República: Derechos Humanos, el priísta Miguel Sadot Sánchez Carreño; de Justicia, el panista Jorge Zermeño, y de Equidad y Género, Araceli Escalante.

Otros ausentes fueron los legisladores del PRD Jesús Ortega, Rutilio Escandón y Leticia Burgos. Tampoco asistieron las panistas Micaela Aguilar y Susana Stephenson. Se argumentó que las ausencias se debieron a que la mayoría se encontraba en sus estados, después de un largo puente. Otros no pudieron tomar el vuelo a tiempo.

Ante los cuatro senadores que lo escucharon, el ombudsman subrayó que es intolerable la carga de negligencia, desatención, omisiones e inclusive discriminación, engaños y reportes falsos, que ha caracterizado la conducta de muchos agentes encargados de investigar y esclarecer los hechos.

La presidenta de la comisión legislativa que investiga los crímenes, Dulce María Sauri, presidió la reunión. De entrada, lamentó el hecho de que hoy no se podrá celebrar el acto público en Los Pinos de la presentación del informe.

Después, en entrevista, aseveró que el informe es muy importante, "me hubiera gustado que el presidente Fox recibiera en Los Pinos al ombudsman y en acto público hubiera apoyado a la CNDH con la fuerza del gobierno de la República para lograr las propuestas que el informe contiene".