Dispara sospechas el alza de la delincuencia cuando se castiga la corrupción policiaca

Detectan comunicaciones telefónicas de criminales con sedes oficiales argentinas

Potencial escándalo por investigación de la Suprema Corte de Buenos Aires sobre el caso

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 24 de noviembre. Miles de llamadas telefónicas realizadas y recibidas a partir de 1997 desde oficinas gubernamentales -entre ellas la Casa Rosada (presidencial) y edificios militares-, mediante las cuales se hizo contacto con secuestradores y delincuentes involucrados en casos resonantes, forman parte de un amplio documento de la investigación del asunto, realizada por la Procuraduría General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. El texto, que fue entregado al gobierno de Néstor Kirchner, amenaza con un escándalo de envergadura, por traer a escena los nichos de corrupción del pasado.

El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Eduardo Matías de la Cruz, confirmó que se detectaron esas comunicaciones, y las sospechas se dispararon en todos los ámbitos después de las denuncias periodísticas de años recientes sobre el uso de secuestros y el aumento de la inseguridad y la delincuencia cada vez que se necesitó enviar un mensaje mafioso a un gobierno o a un ministro.

Si a ello se agrega que Kirchner dispuso un remplazo de toda la cúpula militar y una purga en las policías federal y bonaerense, entre otros datos de este tipo, la sospecha se amplía en especulaciones diversas. La investigación de esos secuestros extorsivos, que han conmovido a la población desde hace tiempo, pero visiblemente aumentados cuando se investiga y castiga la corrupción en fuerzas policiales y de seguridad, deparó esta sorpresa, que puede tener diversas derivaciones.

"Lo que hay en este informe ha sido extraído del resumen que tienen todos los pedidos judiciales sobre llamadas de teléfonos" que se hicieron desde aparatos celulares que utilizaron los secuestradores, afirmó el procurador, quien advirtió que no se trata de un asunto político.

Añadió que no se está señalando ni al gobierno ni a las fuerzas armadas, sino que es una cuestión "de gente que tiene permanencia en los organismos del Estado y sirve al delito".

El informe fue enviado al gobierno a mediados de la semana pasada y comenzó a trascender alguna información hace dos días. En esos documentos se registraron las llamadas que salían o entraban en los celulares investigados, aunque el mismo procurador sostuvo que no será fácil seguir el rastro a quienes "tuvieron acceso a esos teléfonos en los días que se hicieron las llamadas".

El procurador estimó que habría "infiltradas en las fuerzas armadas y nada menos que en la presidencia de la nación esas bandas que vienen operando desde la represión ilegal en el país".

Kirchner ordenó de inmediato ampliar las investigaciones, en las que figuran unas 4 mil llamadas, ligadas con diferentes causas. El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, resolvió que el tema se maneje dentro de la procuraduría de la Corte Suprema bonaerense.

Por su parte, el ministro de Defensa, José Pampuro, señaló que el informe del procurador es confuso, aunque de 1997 a esta fecha se han hecho llamadas desde el edificio de ejército o la Casa Rosada vinculadas con más de 200 graves causas delictivas. Entre esas comunicaciones telefónicas figuran algunas como la del resonante caso del asesinato de policías que investigaban el tema de la aduana paralela en los años de Carlos Menem y la del comisario José Piazza, quien realizaba investigaciones que involucraban a mafias y policías corruptos, entre otras.

Desde el edificio Libertador se realizaron unas 60 comunicaciones ligadas a un secuestro. Una fue dirigida a una empresa de seguridad, manejada por un ex capitán, y existe otra con uno de los secuestradores y una más con quien cobró el rescate.

Otros resonantes casos están en esa lista, y surge otra interrogante. Muchos de esos secuestros fueron cometidos por grupos que llevaban fusiles que aquí sólo tienen las fuerzas armadas. Existen también comunicaciones trianguladas con participantes en plagios extorsivos. Otros crímenes también están en el documento y han puesto la situación al rojo vivo.

El ministro Pampuro trató de minimizar la importancia de estos hechos, aunque reconoció que "puede haber algún hombre" que haya realizado esas comunicaciones desde el Estado Mayor Conjunto, según se investiga, pero agregó que le preocupa que esa información haya salido hacia la prensa antes de llegar a los funcionarios.

Hace poco tiempo saltó el escándalo de las sucesivas defraudaciones del equipo que manejaba el avión presidencial Tango Uno desde la época de Menem, que en estos momentos es doblemente investigado por las cuentas en la banca suiza y por facturas falsas en sus viajes, que suponen miles de dólares con que el Estado habría pagado grandes gastos personales del ex presidente.

Sobre las llamadas telefónicas, todos los analistas recordaron la unión de los viejos remanentes de la dictadura militar (1976-1983) con las mafias enquistadas en el poder en la década en que gobernó Menem.

Esto sucede cuando el mapa político cambió, tras culminar todos los procesos electorales previstos para este año, con una fuerte preponderancia del Partido Justicialista (PJ) gobernante, lo que asegura mayoría en el Congreso para cuando comience el gobierno real de Kirchner, el próximo 19 de diciembre, en una virtual reasunción, ya que el alejamiento del ex presidente transitorio Eduardo Duhalde en forma adelantada (25 de mayo de este año) lo obligó a gobernar estos meses fuera del periodo previsto.

Kirchner contará con mayoría justicialista en la Cámara de Diputados, pero habrá muchos reacomodos, y en el Senado pueden atrincherarse los menemistas.