Luis Hernández Navarro

Privatización eléctrica y respuesta popular

En 1988, Rodolfo Terragno, ministro argentino, recibió una llamada telefónica de George W. Bush para abogar por Enron. El hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos le dijo que otorgar a esa empresa el contrato para la construcción de un gasoducto de Argentina a Chile "sería muy favorable para Argentina y sus relaciones con Estados Unidos". Aunque el proyecto no procedió en un principio, fue aprobado tan pronto como Carlos Menem tomó el poder.

Enron es la misma compañía que años después apoyó la candidatura de Bush hijo a la presidencia, fue a la quiebra por malos manejos contables, elaboró el proyecto de privatización eléctrica para el gobierno de Vicente Fox, se benefició con la concesión de agua potable en Cancún, y participó -hasta su escandaloso colapso- en la generación eléctrica en México.

La historia de Enron en Argentina es apenas una de las centenares de historias turbias de la privatización del sector energético en el mundo. Entre 1988 y 1993 cerca de 2 mil 700 empresas eléctricas estatales en 95 países pasaron a manos privadas, de acuerdo con un estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos titulado Privatization and the globalization of energy markets, publicado en octubre de 1996.

La privatización y desregulación de los mercados eléctricos no fue resultado de la iniciativa de los consumidores, ni un reclamo ciudadano, ni efecto de la acción "espontánea" del mercado, sino producto de la presión política de tres fuerzas. Primero: los organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionaron préstamos a los países en vías de desarrollo a la aprobación de reformas estructurales en el sector. Segundo: las grandes empresas del sector, algunas públicas, como EFE; otras privadas, como la española Endesa, "sedujeron" a los políticos y tomadores de decisiones para que les transfirieran la gestión de los sistemas eléctricos. Y tercero: fundaciones y think tanks conservadores, como la Foundation Concorde en Francia, la Heritage y The Edison Electric Institute, a menudo estrechamente ligados a las trasnacionales de la energía, que elaboraron estudios sobre las supuestas ventajas de la privatización, influyeron en los medios de comunicación masiva y financiaron campañas políticas.

Las reformas han enfrentado fuertes resistencias en muchos países y un profundo malestar de muchos usuarios una vez consumadas. Se han producido levantamientos populares en su contra en Argentina, Ghana, India e Indonesia. En Corea del Sur los electricistas efectuaron una huelga de cinco semanas para rechazar la privatización. En Sudáfrica miles de trabajadores emprendieron una huelga general de dos días, objetando lo que consideraban una nueva forma de apartheid eléctrico. En la República Dominicana varias personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden en disturbios callejeros contra las presiones de las compañías eléctricas privadas. En Francia, país con una de las empresas eléctricas estatales más competitivas en el mercado mundial, más de 40 mil manifestantes tomaron las calles para protestar contra una propuesta de reforma. En Perú, Ecuador y Paraguay se efectuaron grandes movilizaciones de rechazo a las reformas. (Véase: Power play, de Sharon Beder.)

El descontento ante las promesas incumplidas de las empresas eléctricas privatizadas se ha casi generalizado a todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Apagones, mal servicio, altas tarifas, incremento de los accidentes de trabajo, despreocupación por las regulaciones ambientales y el despido de obreros son males crónicos del sector privatizado. Un artículo de The New York Times (6-08-2000) señalaba: "El abasto de energía eléctrica está cerca del colapso. Casi todos coinciden en que la desregulación tiene buena parte de responsabilidad en la crisis". En varios países el Estado ha tenido que volver a tomar el control de plantas y sistemas en manos de particulares.

En lugar de competencia real entre compañías han surgido nuevos monopolios. Según el Transnational Institute, en 2005 la generación de electricidad en la Unión Europea estará dominada por cinco o seis consorcios y, de acuerdo con el investigador Walt Patterson, del Royal Institute of International Affaires and Earthscan, es factible que en 2020 la mayoría de los sistemas eléctricos en el mundo estén controlados por menos de 12 trasnacionales.

Los primeros anuncios sobre la pretensión de privatizar el sector se remontan a noviembre de 1998, cuando el entonces secretario de Energía, Luis Téllez, "advirtió" que a partir de 2002 la demanda de energía eléctrica excedería a la oferta y se produciría una catástrofe. Sin embargo, desde 1998 el Banco Mundial "sugirió" al gobierno mexicano la necesidad de reformar el sector. El 10 de junio de 1995 esta institución insistió en la medida en los Mexico strategy papers y, tiempo después, aprobó el Proyecto de Asistencia Técnica para la Privatización de la Infraestructura (P-6590-ME) por 30 millones de dólares para promover la restructuración del sistema eléctrico.

En México, como en el resto del mundo, la privatización ha sido inducida por organismos multilaterales, empresas trasnacionales y think tanks conservadores. Que nadie se llame a engaño entonces si, como ha sucedido en otros países, estallan grandes protestas contra la pretensión de hacer ganancias privadas con un servicio público.