España no ha cumplido con tratado de extradición, dice

Busca Zamora que juez acepte pruebas en favor de vascos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El juez quinto de distrito A de amparo en materia penal podría determinar en el transcurso de esta semana si concede la protección de la justicia federal a los seis ciudadanos de origen vasco que se encuentran presos en el Reclusorio Norte con fines de extradición a España.

Este lunes se efectuó la audiencia constitucional, correspondiente al juicio de amparo 2127/2003 que solicitó la abogada de los vascos, Bárbara Zamora, con la que busca que el juzgado segundo de distrito en materia penal (donde se desahoga el procedimiento de extradición) acepte varias pruebas en descargo de sus clientes -entre los que se encuentra un vasco nacionalizado mexicano-, que en su momento fueron rechazadas por "improcedentes".

Como se recordará, los quejosos solicitaron la protección de la justicia federal porque el juez José Luis Flores Rodríguez (quien opinará en su momento si procede el envío al país ibérico de los seis detenidos) habría violado garantías constitucionales al no admitir varias pruebas que demostrarían que España no ha cumplido con todos los requerimientos del tratado de extradición con México.

Asimismo, la abogada de los vascos considera que al haber rechazado algunas pruebas "fundamentales", el juzgador de la causa dejó en "estado de indefensión" a los quejosos.

Entre las pruebas que la defensora de José María Urquijo Borde, Ernesto Alberdi Alejalde, Félix Salustiano García, Juan Artola Díaz, María Asunción Gorrotxategi y Asier Arronategui Duralde presentó al juzgado segundo de distrito y que no admitió el juez Flores Rodríguez, con el argumento de que "no eran conducentes", se encuentran algunos documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración y por las empresas en las que laboraban los ciudadanos de origen vasco antes de ser detenidos por la Agencia Federal de Investigación, el pasado 18 de julio.

Sobre los documentos otorgados por las compañías en que trabajaban los ahora detenidos, la abogada Zamora cuenta con oficios certificados en los que se comprueban los ingresos que obtenían, así como el tiempo que llevaban laborando en las empresas registradas en el país.

Como se recordará, el gobierno de España considera a los seis vascos como miembros de ETA y los acusa de asociación en banda terrorista, blanqueo de capitales (lavado de dinero), operaciones financieras con recursos procedentes de actividades terroristas y falsificación de documentos.