Se requieren 6 mil 150 millones de dólares para revertir daños causados por el corporativo

Hay pruebas de que Texaco perjudicó el ambiente en la Amazonia: abogado

ELIZABETH VELASCO C./II Y ULTIMA

A pesar de que Chevron-Texaco ha solicitado a la corte de justicia de Ecuador desechar la demanda que en su contra han interpuesto indígenas y campesinos de la Amazonia por daños ambientales y a la salud, aduciendo que las acusaciones carecen de "evidencia científica" y "fundamentos", el asesor legal de los afectados, Alberto Wray, asegura que tiene pruebas técnicas y documentos de la empresa que comprueban la responsabilidad del corporativo en los millonarios daños causados a la región, que según especialistas son comparables con los de Chernobyl.

Wray asevera que los documentos de Texaco, en su poder, echan por tierra el argumento de la multinacional de que los querellantes "nunca pudieron demostrar (en la corte de Nueva York) que Texaco concibió o aprobó las decisiones relacionadas con los métodos de exploración, procedimientos y técnicas utilizadas" para extraer crudo en la Amazonia. Según el corporativo, por esa razón fue desechado el juicio en Nueva York.

Wray agrega que los argumentos "están fuera de contexto y son falsos". Detalla: en los documentos de Texaco se demuestra que las decisiones para la operación y explotación de crudo en la Amazonia se tomaron en Nueva York, no por el gobierno ecuatoriano.

-ƑEn Nueva York? -se le pregunta.-

-šClaro! Había un laboratorio especializado de Texaco en Vicom, Nueva York, el cual impartía todas las instrucciones de carácter ambiental. En el juicio -en periodo de prueba en Ecuador- ya se ha demostrado que las consultas sobre las operaciones iban de Quito a Coral Gable, donde está la matriz de Texaco, y de ahí a Nueva York. Las instrucciones venían después de ese estado estadunidense a Coral Gable y de ahí a Quito, donde impactaban en el campo. De ello no queda la menor duda. Esto también se probó en la corte de apelaciones de Nueva York, la cual ordenó a Texaco comparecer ante los ecuatorianos. Es preciso aclarar que ahí se discutió si había razones o no para que el juicio se llevara en Nueva York, y no si causó daños Texaco ni quién tomó las decisiones.

Sostiene que el gobierno de Ecuador sólo aprobó las operaciones en los pozos, pero nunca se le consultó sobre las "técnicas de explotación ni avaló que se arrojaran los desechos al ambiente". Los daños, sostiene, son evidentes. "Si usted va a la región en que se extrajo el petróleo no podrá negar que hay contaminación."

Precisamente, el 23 de octubre pasado, en una de las audiencias de prueba que se efectuó en la corte de justicia de Lago Agrio, Ecuador, el ingeniero ambiental de Estados Unidos David Russell, contratado por los demandantes para estudiar los daños, destacó que "lo ocurrido en Ecuador es comparable con el accidente de Chernobyl, aunque en la Amazonia la contaminación es por petróleo".

En el estudio Remediación en el área concesionada a Texaco en Ecuador, presentado al juez de Lago Agrio, Alberto Guerra, Russell advierte que para remediar los daños a los pobladores y al ambiente se requieren cuando menos 6 mil 150 millones de dólares.

"La dimensión y el número de problemas (en la selva amazónica) fue increíble, porque hay contaminación masiva en la zona concesionada. Han sido contaminados los ríos, la selva y, lo más importante, los pobladores."

En el estudio se asienta que existen al menos 627 piscinas con tóxicos, y para tratarlas se requieren 368 millones de dólares. Para sanear las aguas subterráneas, 190 millones; los lodos de los ríos, con una extensión de 200 kilómetros, mil 320 millones; 400 hectáreas de pantanos, mil 800 millones, y 2 mil millones en el tratamiento de 12.88 millones de metros cúbicos de agua contaminada. También 140 millones de dólares en "infraestructura, como laboratorios, maquinaria, personal de laboratorio, científicos, geólogos, especialistas entrenados y mucho equipo de incineración".

Aún más: el 21 de octubre pasado, tras dar su testimonio ante la corte de Lago Agrio, el ministro de Energía en la época en que Texaco trabajó en la Amazonia, René Vargas, advirtió: "No sabíamos que las piscinas (con desechos tóxicos de la actividad petrolera) estuvieran mal construidas y permitían la filtración que iba a los ríos. El Estado tampoco pudo percatarse de los daños a la población, luego de que se retiró la empresa, porque el cáncer no aparece de un día para otro".

Sin embargo, Texaco alega que debido a que el Código Civil ecuatoriano observa el principio general de "no retroactividad de las leyes" y las daños no fueron reclamados cuatro años después de las presuntas actividades, la demanda no procede.

Para Wray, dicho argumento carece de valor jurídico. "Hay una diferencia importante entre las leyes que tratan acerca de la existencia del derecho y las normas que regulan la forma de reclamar el derecho; éste nace al amparo del principio sustantivo que señala que todo el que causa daño, por dolo o negligencia, está obligado a repararlo, y todo el que sufre un daño tiene el derecho a pedir la reparación. Ese principio -enfatiza- existe en el derecho ecuatoriano desde la fundación la República." Pero hay razones de mayor peso.

Precisa: "Cuando la acción que causa el daño produce un efecto instantáneo y éste cesa en ese momento, ahí se cuentan los cuatro años. Por ejemplo, cuando arrojo una piedra y rompo un vidrio, el efecto del perjuicio causado cesa en ese momento. Pero en este caso hablamos de un tipo de daño que se produce diariamente, mientras los elementos contaminantes estén en el ambiente, lo cual nos da derecho a reclamar.

"No es admisible pensar que porque hubo un pacto en el pasado, que dio origen a toda esta cadena de daños, ahora quien lo produjo ya no será responsable. Esto, jurídicamente, es inadmisible."

El asesor jurídico de los indígenas y campesinos sostiene que tampoco es válido el argumento que Texaco ha esgrimido en la corte de justicia de Lago Agrio, de que bajo los términos establecidos en el Acuerdo de Operaciones Conjuntas el gobierno de Ecuador es responsable ante las demandas presentadas por terceros en contra de la operadora del consorcio. Wray detalla porqué: "La Constitución ecuatoriana reconoce como derecho de todos los habitantes vivir en un ambiente libre de contaminación. Esto no es un derecho del Estado ecuatoriano, sino de los habitantes, y los derechos de ellos no son tutelados por el Estado, y los compromisos que el Estado adquiera frente a Texaco son compromisos del Estado, no de los ciudadanos. Por consiguiente, los habitantes tenemos derecho a demandarle a Texaco la reparación".

Pese a que la respuesta del actual gobierno de Ecuador ante el caso es "desastrosa", pues su ministro de Energía, Carlos Arboleda, ha declarado que la demanda "crearía mayores obstáculos a la inversión extranjera", Wray señala que lo único que esperan del Poder Judicial de ese país es que "actúe con independencia y sepa hacer frente a las presiones que está sufriendo", y que el gobierno opte por defender los derechos de los habitantes y no los intereses de la multinacional.