León Bendesky

Dilema

El gobierno y el Congreso de la Unión se enfrentan hoy, cuando debaten sobre las medidas fiscales y el presupuesto federal para 2004, a un dilema clásico de la política económica. El dilema concierne a la eficiencia y la equidad, que son los objetivos que deberían enmarcar la administración de los recursos públicos. Pero estos fines no son usualmente compatibles y el problema de las democracias, en especial en aquellas tan imperfectas como la nuestra, es que se tiende a tensar la relación entre ambos términos, tanto por el lado político como por el de los criterios técnicos que se aplican.

Hay ciertos criterios, bien conocidos técnicamente, que enmarcan la eficiencia de la política tributaria. Esta se puede definir como aquella que logra la mayor recaudación posible, provocando las menores distorsiones en la asignación de los recursos en el mercado y el gasto público y, no menos importante, sin una repercusión adversa adicional en la distribución del ingreso.

Así, la propuesta fiscal del gobierno centrada esencialmente en el impuesto al valor agregado (IVA) es conflictiva. Técnicamente el sistema donde opera el IVA es muy ineficiente como forma de recaudación tributaria. El hecho de que un amplio conjunto de productos esté exento del pago, hace que todos aquellos insumos que lo conforman no estén gravados. Con ello se genera un grave problema de fiscalización de la parte de la producción de las empresas en una determinada cadena productiva, respecto al resto que sí debería pagar IVA. Cuando la recaudación se hace tan compleja se reduce la eficiencia operativa, se pierden recursos y se acrecientan los costos para el conjunto de la economía.

Una forma de combatir esa ineficiencia es aplicando una tasa general del IVA a todos los productos y eliminar las exenciones vigentes. Eso provoca un aumento de su precio y se afecta la equidad, ya que se reduce la capacidad de consumo de la población de menores recursos, pues se trata del gasto en alimentos y medicinas. He ahí el dilema.

La alternativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional es gravar la producción intermedia mediante el llamado IPI, el impuesto a la producción, intermediación, comercialización e importación, con una tasa de 10 por ciento, que no se aplicaría al producto final, que es el que consume la población. Pero en este caso aumenta el costo de producción de los bienes, lo que elevaría el precio final al consumidor con una carga que reduce la equidad aunque mejora la eficiencia recaudatoria. El dilema persiste.

Un sistema fiscal ineficiente representa un costo financiero que puede ser muy elevado. Ese costo se puede estimar mediante lo que se podría recaudar si se gravaran todas las transacciones con un IVA de 10 por ciento. Hacienda estima ese ingreso en 70 mil 336 millones de pesos, que equivalen a 1.07 por ciento del producto. La cifra no es menor si se recuerda que la recaudación tributaria total representa una proporción de apenas 11 por ciento del producto.

Hacienda busca elevar la eficiencia recaudatoria, y una mayor fiscalización del IVA permitiría mejorarla también en términos del impuesto sobre la renta, puesto que las transacciones que causan IVA generan ingresos para las empresas, y las personas que lo cobran y que son parte de su ingreso y causan el ISR. En este caso el gobierno estima el ingreso adicional en 0.74 por ciento del producto.

Los impuestos se llaman así pues se fuerzan sobre los ciudadanos como una forma de participar en los gastos colectivos. Por eso es que el criterio de eficiencia es tan relevante. Pero la propuesta oficial no la considera de manera general. Quiere recaudar más a partir directamente del consumo y sin una contraparte igualmente directa en el ingreso, sobre todo de los que ganan más. Aquí el dilema aparece en términos de equidad, no sólo por las diferencias entre los grupos de la sociedad con niveles muy desiguales de ingresos, sino en cuanto a la repercusión en el gasto de las familias.

El dilema al que aludimos aquí está ubicado en una situación de muy lento crecimiento económico, que disminuye la recaudación de impuestos y de ingresos fiscales muy reducidos, frente a grandes compromisos financieros de deuda pública que no se quieren revisar, igual que necesidades de gasto social que no se pueden satisfacer. Ahí está otra expresión del dilema que significa la equidad, en este caso en la asignación de los recursos públicos.

El dilema de eficiencia y equidad no se supera de modo completo, pero se ubica en el campo de la política cuando las propuestas son planteadas de modo socialmente aceptable; tienen que ser legítimas en ese sentido y no sólo legales tal y como finalmente se expresarán en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que aprobará el Congreso. La técnica hacendaria sólo vale en el terreno propio de la técnica; luego está el campo de la política y es ahí donde se encuentran los grandes vacíos.