México D.F. Lunes 24 de noviembre de 2003
Arturo Balderas
Lo prometido es deuda
California tiene nuevo gobernador, y la población
de origen mexicano, nuevo motivo de preocupación.
En su discurso de apertura, Arnold Schwarzenegger confirmó
su promesa de campaña de revocar o modificar algunas de las medidas
que su antecesor estableció y que él considera lesivas para
el estado:
* revocar el aumento en los permisos los automóviles
(similar al pago de la tenencia);
* reformar el sistema de compensaciones a los trabajadores
(por accidentes o enfermedades en el trabajo);
* reducir el gasto, principalmente en salarios y programas
considerados "superfluos";
* incrementar los derechos que las tribus indígenas
pagan por el funcionamiento de casinos en sus reservaciones, y
* solicitar a la legislatura estatal que se revoque la
ley que permite a las personas indocumentadas obtener un permiso para conducir.
Son ordenamientos que han sido cuestionados por quienes
se identifican con el pensamiento conservador republicano, del partido
al que el gobernador pertenece, por lo que en buena lógica se ha
hecho eco de ellos.
Durante su campaña también dijo que aumentaría
el gasto social, en educación y salud, pero al mismo tiempo, congruente
con el pensamiento republicano, reiteró su intención de no
aumentar impuestos para absorber ese gasto. No está claro cómo
va cubrir esos aumentos, tomando en cuenta, además, que el estado
enfrenta un abultado déficit. Es de temerse que en última
instancia sean los programas de orden social los que se sacrifiquen. Ya
se verá.
Por ahora intentaré explicar, una vez más,
por qué considero absurdo derogar la ley que permite a los indocumentados
obtener el permiso necesario para conducir automóvil.
Reitero que se trata de un permiso para conducir automóviles,
mas no una amnistía a su situación migratoria.
No obstante que ya se han dado todo tipo de razones legales
y prácticas para justificar el otorgamiento de ese permiso, sus
detractores insisten en que se niegue. O bien tienen una gran limitación
para entender lo que es un ordenamiento civil, o puede ser su deseo de
restringir a la población migrante de sus más elementales
derechos y, en este caso, sus obligaciones.
No se entiende de otra forma la insistencia en confundir
la soberanía y el derecho que un país tiene para definir
su política migratoria con la de proveer a todos aquellos que se
encuentran dentro de sus fronteras con los instrumentos necesarios para
cumplir con las normas internas de ese país.
De esa confusión nace por lo menos una contradicción
difícil de explicar.
Cuando el gobierno expide a los indocumentados un número
para que paguen impuestos es congruente con la obligación que tiene
todo el que reside en ese país de contribuir con una parte proporcional
de su ingreso para el gasto social. Eso es un hecho en California y en
el resto del país vecino. No hay delito más perseguido que
evadir el pago de impuestos. Al Capone es sólo uno de los más
significativos ejemplos de ello.
El pago puntual de impuestos nunca ha sido garantía
de inmunidad migratoria para nadie. Que se lo pregunten a los millones
de migrantes que han sido deportados, sin glamur alguno, por su condición
de indocumentados, no obstante haber cumplido puntualmente con sus obligaciones
fiscales.
¿Cuál, entonces, es la explicación
racional de evitar que alguien cumpla con la obligación de aprobar
un examen escrito y práctico de manejo para obtener un documento
que avale el hecho de que está capacitado para conducir un automóvil?
Se considera una gracia poseer una licencia para manejar,
cuando en el fondo es una obligación. Lo otro es tanto como decir
que pagar impuestos, depositar la basura en su lugar, conservar el agua,
etcétera, son opciones o prerrogativas y no obligaciones.
Quienes se oponen a que las personas que carecen de documentos
migratorios posean un permiso de manejar, en el fondo están eximiendo
a quienes circulan por las calles y carreteras de California de cumplir
con una obligación, orillándolos a cometer un delito.
Al margen de sutilezas legales o sociológicas,
quienes rechazan esta ley lo hacen por ignorancia o por un profundo sentimiento
antinmigrante. Esperemos, por el bien de nuestros paisanos, que el gobernador
renuncie a una y otro.
Reditar las ideas excluyentes y ultraconservadoras de
Pete Wilson no es la mejor medicina para el cambio que el gobernador Schwarzenegger
pretende.
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