Plantea que los trabajadores de los medios puedan mantener sus fuentes en secreto

Afina la PGR proyecto de normatividad para regular la citación de periodistas

Afirman en la procuraduría que el texto ya fue enviado a la CIDH, para su análisis

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) afina el proyecto de acuerdo mediante el cual pretende regular la citación de periodistas ante el Ministerio Público Federal; entre las medidas se propone que la comparecencia de un comunicador sólo ocurra cuando su testimonio sea pieza fundamental para decidir la responsabilidad o no de una o varias personas en una averiguación previa; el profesional de los medios informativos podrá mantener la confidencialidad de sus fuentes, pero si decide revelarlas lo haría sólo con la anuencia de ellas.

El proyecto de acuerdo, que ya ha sido enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su análisis, contempla medidas para que ni el agente del Ministerio Público ni elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) se presenten ante ningún informador si no existe un citatorio de por medio.

El oficio de cita deberá establecer de manera clara la calidad jurídica en que deberá comparecer el periodista, y siempre tendrá que ser de testigo.

La solicitud de información a un reportero por el Ministerio Público o elementos de la AFI, según el proyecto, sólo deberá ocurrir cuando la información requerida en una indagatoria no tenga ninguna otra manera de corroborarse u obtenerse. De ahí que se considere que la cita será cuestión de excepción.

Una vez que un reportero sea llamado a declarar, se le hará saber de qué asunto se trata; como la ley establece que toda persona que sea considerada testigo está obligada a declarar lo que sabe, el compareciente podrá argumentar que la información publicada obedeció un trabajo periodístico y, por tanto, sus fuentes de información deben permanecer en secreto.

Si el reportero argumenta lo anterior, la diligencia deberá darse por concluida. En caso de que decida revelar sus fuentes, podrá hacerlo siempre y cuando asegure que sus informantes, a los cuales mencionará, están enterados de ello, y han dado su consentimiento para que se revele su identidad.

De ocurrir lo anterior, y si las fuentes no están enteradas de ello ni han dado su aprobación para divulgar sus nombres, el periodista incurrirá en el delito de revelación de fuentes y podrá ser consignado penalmente.

Sancionarían a funcionarios

En tanto, ni agentes del Ministerio Público ni elementos de la AFI podrán, por ningún motivo, presionar u obligar a los reporteros a revelar sus fuentes, ya que si lo hacen serán sancionados en los ámbitos penal o administrativo. En el proyecto de acuerdo no están señaladas aún esas penalidades.

Supuestamente, el acuerdo, que deberá ser firmado por el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, ya lo estudia Eduardo Bertoni, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos.

Inclusive, según fuentes oficiales, ya solicitó mayor información en torno al acuerdo que se pretende poner en vigencia, toda vez que hay algunos términos legales que requieren precisiones.

En la exposición de motivos de Macedo de la Concha para que se formalice el proyecto, afirman las fuentes, se destaca que el contenido del acuerdo se sustenta en lo establecido en el marco jurídico nacional y en lo expresado en el ámbito internacional en materia de respeto al secreto profesional y la libertad de información.

En ese contexto, el titular de la PGR aseguró el pasado 17 de octubre, en un encuentro con periodistas: "es decisión inalterable del Estado mexicano respetar el secreto profesional de los periodistas".

Sin embargo, el tema del respeto al secreto profesional de los periodistas tomó nuevos bríos a partir de que la PGR citó a seis reporteros de este diario para que comparecieran ante el Ministerio Público y se pidió que revelaran sus fuentes de información en torno a los casos Amigo de Fox y Pemexgate, que pusieron al descubierto que esa institución había iniciado una averiguación previa en diciembre de 2001 por los delitos de peculado, ejercicio indebido de atribuciones, lavado de dinero y delitos electorales, y que en ella se involucraba a funcionarios de Petróleos Mexicanos, dirigentes del sindicato petrolero y miembros del Comité Ejecutivo Nacional priísta, por un desvío de mil 100 millones de pesos, de los cuales 500 millones se utilizaron para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

A consecuencia de la cita, la exigencia de revelación de fuentes y la presión que elementos de la AFI ejercieron sobre reporteros de La Jornada, se interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que se encuentra en trámite.

Esa situación provocó que en abril de este año el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, presentara al Senado una propuesta de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, mediante la cual se busca defender el derecho que los periodistas tienen a no revelar sus fuentes de información.

El proyecto prevé una adición al artículo 243 bis de dicho código, para que reporteros y otros profesionistas "no estén obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder", y en caso de que alguna de estas personas "manifieste su deseo de declarar y cuente con el consentimiento expreso de quien le confió el secreto, información o confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o testimonio".

Pese que puede aprobarse esa reforma, no existe en México ni a escala internacional una legislación que impida al Ministerio Público citar a un reportero para preguntarle acerca de sus fuentes de información.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, en el proyecto de acuerdo propuesto por Macedo de la Concha se contempla que en ningún caso se podrá exigir la revelación de fuentes, porque de ello dependerá que los periodistas continúen realizando una labor de investigación que beneficia a la sociedad por el descubrimiento de actos ilícitos o que lesionan el tejido social.

La pretensión de la PGR es que su acuerdo tenga aval internacional, ya que supuestamente con ello se garantizará el secreto profesional de los periodistas y México se colocará a la cabeza de las naciones latinoamericanas en ese ámbito, pues, a decir de los informantes, no existe un solo instrumento de esa naturaleza en Centro y Sudamérica.

Según el proyecto, para evitar actos de lesionen los derechos de los informadores, durante su comparecencia éstos podrán solicitar la presencia de un funcionario de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.