Emilio Pradilla Cobos

Pensión alimentaria a adultos mayores

Nadie duda que los adultos mayores -los ancianos, en lenguaje popular- merecen el apoyo y la protección de la sociedad, sus familias y las instituciones del Estado; las discrepancias están en la forma de hacerlo y en quiénes deben recibir esta ayuda en la situación actual del país y la capital. La aprobación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la ley que institucionaliza el programa de apoyo alimentario para adultos mayores, aplicado por Andrés Manuel López Obrador desde hace tres años, aviva la discusión sobre su pertinencia y suficiencia.

El programa es insuficiente en el tiempo de duración y el monto económico. La edad fijada para el paso a la tercera edad eran los 60 años -fue modificada recientemente a 65-, al igual que para la jubilación; si el apoyo se otorga a los 70 años, el adulto mayor carece de él durante 10 años. Y si la esperanza de vida en el DF alcanza los 77.2 años, sólo lo recibirían en promedio durante siete años. El monto del apoyo establecido por la ley es "no menor a la mitad del salario mínimo" vigente para el DF, lo que lo hace insuficiente para atender las necesidades alimenticias básicas de un adulto mayor, que requiere en muchos casos atención alimenticia especial. Algunos dirán que "algo es algo, peor es nada", lo que no es justificación en una política de Estado.

La pobreza moderada o extrema afecta, según Julio Boltvinik, a 64.9 por ciento de la población del DF; al otorgar la ayuda a todos los adultos mayores, 35.1 por ciento de los receptores no tiene necesidad de ella, ni es significativa, pues son parte de los no pobres, incluyendo los estratos más adinerados, lo que pone en duda lo de "primero los pobres". Esta proporción aumenta si consideramos las diferencias en la esperanza de vida según los estratos económicos, que hacen que una parte menor de los pobres llegue a la edad para recibir el apoyo. Al aparentar igualitarismo, se incluye a pensionados del IMSS y el ISSSTE que, aunque sus pensiones son insuficientes, recibirán más que los que no la reciben, los más pobres realmente. Recordemos que en una sociedad de desiguales, la igualdad profundiza la desigualdad.

El apoyo se canaliza, a través de las tarjetas, al consumo en grandes cadenas nacionales y trasnacionales de supermercados, lo que éstas agradecen, imponiendo un tipo de consumo a los beneficiarios e impidiendo su uso de acuerdo con las diferentes necesidades de cada adulto mayor. Este sesgo obedece a la obsesiva oposición del jefe de Gobierno a la creación de instituciones, que cuestan -aunque discrepamos de que sea "gasto en burocracia"- pero son necesarias para atender estructuralmente otras necesidades esenciales de los adultos mayores: la salud geriátrica especializada de calidad y el abasto adecuado de medicinas.

El sistema de salud del DF garantiza sólo la general y con problemas de oportunidad y calidad por la restricción presupuestal, las oportunidades laborales y de actividades de realización personal y de aprovechamiento del saber acumulado para todo el segmento real, desde los 60 años; la atención personal necesaria en muchos casos para los adultos mayores, y la adecuación de la estructura y los espacios urbanos a las condiciones de desplazamiento de adultos mayores y discapacitados, crecientemente vulneradas por las megaobras viales del propio gobierno capitalino.

El envejecimiento paulatino de la población del DF plantea otro problema: el financiamiento del programa a largo plazo. En 2000, 6 por ciento de la población tenía 65 años o más -dato disponible- y en 2020 llegará a 10.9 por ciento, aumentando en 4.9 puntos porcentuales, es decir un crecimiento de 81.6 por ciento del número de adultos mayores y del costo del apoyo otorgado. López Obrador no será entonces jefe de Gobierno y no tiene que preocuparse por ello, pero en la medida que la carga recae sobre todos los contribuyentes y no se plantea una reforma fiscal local y nacional equitativa y progresiva, el apoyo será cubierto por ellos, incluidos los demás pobres, lo que lo hace inequitativo, sobre todo en la parte entregada a los adultos mayores no pobres. La generalización del apoyo en todo el país, propuesto por los diputados locales perredistas, ampliará el problema a toda la sociedad mexicana.

Además, nada garantiza que la ley no sea modificada o anulada en el futuro; los mismos perredistas están dando el ejemplo y señalando el camino con las modificaciones a las leyes aprobadas anteriormente, para adecuarlas a los intereses y políticas del jefe de Gobierno.