Denuncian haber sido torturados durante su arresto

Estudia Corte Europea petición de catalanes acusados de independentistas

AFP Y GARA

Estrasburgo, 18 de noviembre. La Corte Europea de Derechos Humanos comenzó a estudiar este martes la demanda de 15 catalanes arrestados por sus simpatías independentistas en vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 que se quejan de haber sufrido torturas y un trato degradante e inhumano.

El gobierno sostiene que ningún examen médico practicado durante la detención de los querellantes reveló signos de malos tratos. Además, indica que todos fueron asistidos por abogados.

Las 15 personas, presuntas simpatizantes de un movimiento independentista catalán, estuvieron detenidas entre el 29 de junio y el 7 de julio de 1992 en una investigación por varios delitos vinculados con el terrorismo.

Los demandantes dicen haber sufrido torturas físicas y sicológicas, así como trato inhumano y degradante durante su arresto, tanto en el transcurso de su detención en Cataluña como en los locales de la dirección general de la Guardia Civil en Madrid cuando fueron transferidos.

La Audiencia Nacional (principal jurisdicción penal española, a cargo fundamentalmente de asuntos vinculados con el terrorismo) condenó a seis de los demandantes el 10 de julio de 1995 a penas que van de uno a 10 años por delitos de pertenecer o colaborar con una banda armada, posesión de explosivos, posesión ilícita de armas y terrorismo. La Audiencia rechazó examinar las alegaciones por malos tratos de los acusados.

La Corte Europea de Derechos Humanos debe pronunciarse sobre su competencia en la demanda y eventualmente sobre el fondo del asunto en una fecha no precisada.

Por otra parte, el Tribunal Supremo español desestimó por unanimidad el incidente de nulidad planteado por el Parlamento de Gasteiz respecto del último auto de la sala del artículo 61 que invalidó cinco acuerdos de esa Cámara por ser contrarios a la disolución del grupo independentista vasco Sozialista Abertzaleak (SA, sucesora de la proscrita coalición Batasuna) del Parlamento regional vasco.

A la vez, el Parlamento vasco se defendió mediante dichos acuerdos de la orden del Tribunal Supremo de disolver a SA, alegando que no había instrumentos jurídicos para hacerlo, y acusando a Madrid de tratar de interferir en asuntos del gobierno regional vasco.

Entre esos acuerdos estaba la petición, por parte de la Mesa de Gasteiz de reformar el reglamento, ya que "no considera la disolución de un grupo parlamentario" o la concerniente al derecho de subvenciones de un grupo parlamentario.

Los 16 jueces que componen la sala especial del artículo 61 consideran que en ningún momento se ha producido "indefensión material de clase alguna al Parlamento", ya que desde un principio tuvo conocimiento de la decisión de disolver un grupo parlamentario, lo cual "se reiteró e intensificó con todas y cada una de las resoluciones y comunicaciones".

La policía española aprehendió el martes en el norte y el sur de España a 12 personas presuntas colaboradoras de la organización armada vasca ETA por orden del juez Baltasar Garzón, elevando a 59 las detenciones efectuadas en 2003, indicó el ministro del Interior.

El operativo policial desplegado en siete localidades de Navarra y el País Vasco (norte) y en Sevilla (Andalucía, sur), fue calificado de "golpe contra el aparato de captación y la nueva estructura que ETA estaba intentado crear", por una fuente cercana a la lucha antiterrorista.

"ETA tenía la firme decisión de seguir atentando y para ello se reorganizaba de manera importante", dijo el ministro del Interior, Angel Acebes, en rueda de prensa, quien subrayó que "en lo que va de 2003 han sido detenidas 59 personas" vinculadas a la recomposición de la organización armada. Diez de los detenidos, entre éstos tres mujeres, son sopechosos de "colaboración con banda terrorista".

El operativo policial fue ordenado por Garzón, con base en la investigación abierta el año pasado tras la detención de Ibon Fernández Iradi, alias Susper, considerado por las autoridades españolas como el "más alto responsable de los comandos logísticos" del aparato militar de ETA.