De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), instrumento estadístico trimestral elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el desempleo abierto -es decir, la cantidad de personas que no han laborado ni una hora en la semana de la muestra, pero que en ese mismo periodo han buscado activamente un trabajo- fue de 2.8 por ciento, es decir, 1.2 millones de individuos de la población económicamente activa (PEA); ese porcentaje se dispara a 3.7 por ciento en los centros de población de más de 100 mil habitantes. Se trata, a decir de la institución informante, de los índices de desempleo más altos de los tres años recientes.

Por lo que hace a la PEA que se ubica en el sector informal de la economía -"micronegocios no agropecuarios, asociados en su mayor parte a los hogares, que no tienen nombre o razón social y que carecen de registro ante las autoridades u organizaciones gremiales, así como a aquellos trabajadores que, aun cuando laboran en micronegocios registrados, carecen de contrato y cobertura en la seguridad social", define el INEGI-, se compone de 11 millones 178 mil 810 personas, que representan 27 por ciento del total.

Ambos datos ofrecen un balance muy poco halagüeño para la política económica en curso, la cual no sólo ha sido incapaz de generar fuentes de empleo, sino que ha buscado de manera explícita -y ha conseguido- una changarrización de la economía, vale decir, una dislocación de los vínculos laborales formales, un retroceso de la seguridad social y de las prestaciones de ley, una huida de los trabajadores hacia pequeños negocios de supervivencia, casi nunca productivos, así como una reducción absoluta del universo de contribuyentes.

Es dudoso que mediante la multiplicación de torterías no registradas, puestos de comercio ambulante, pregoneros y lavadores de parabrisas el actual gobierno logre "poner a México al día y a la vanguardia" o incrementar la competitividad del país en los mercados internacionales; por esa vía, de hecho, ni siquiera es posible procurar niveles de vida decorosos para la mayoría de la población ni corregir la deuda social histórica que, a lo que puede verse, no sólo no se ha revertido en ningún grado, sino que no ha dejado de crecer en lo que va del presente sexenio.

La aceptación, por la administración foxista, de la desmesurada carga financiera que heredó del zedillismo en forma de pagarés del Fobaproa, así como la intencional desarticulación de la economía formal, colocan al propio gobierno en una situación presupuestal casi desesperada, ante la que el titular del Poder Ejecutivo admite, como formuló ayer ante representantes de la comunidad científica y tecnológica, su incapacidad para "hacer milagros con lo que hay".

En su afán por aplicar una política económica de aliento a los changarros, el grupo en el poder ha desperdiciado tres años cruciales para una reactivación económica seria y sólida que no puede, a todas luces, fundamentarse en la economía informal. Para colmo, ahora se pretende, en aras de librar la coyuntura, rematar la poca propiedad pública que dejaron Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y cobrar impuestos en alimentos y medicinas a esos mexicanos que se han quedado sin salario, seguridad social y beneficios laborales, que subsisten en el "mundo maravilloso" de la marginalidad económica.