Pide el PRI al Congreso indagar las liquidaciones y compensaciones ilegales a panistas

Pagan a 58 ex funcionarios de NL $65 millones por productividad

Si se comprueban violaciones a la ley se procederá en consecuencia, asegura González Parás

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 17 de noviembre. La dirigencia estatal del PRI de Nuevo León solicitó hoy al Congreso del estado realizar una investigación sobre las "excesivas e ilegales" compensaciones y "liquidaciones" que se pagaron a funcionarios panistas de la anterior administración y del Poder Legislativo.

La petición del presidente estatal del tricolor, Pedro Morales Somohano, se presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso, al conocerse que 58 funcionarios de primero y segundo niveles del gobierno estatal, que encabezaron Fernando Canales Clariond y Fernando Elizondo Barragán, recibieron de 2000 a 2003 un total de 65 millones de pesos en "bonos de productividad", sumados a los 165.4 millones de pesos que obtuvieron en sueldos durante dicho periodo.

En su petición también se cita el caso del contador mayor de Hacienda, Leopoldo Isla Santos, quien se otorgó como indemnización por retiro un pago de 689 mil 184 pesos netos, no conforme con el bono trimestral de 249 mil 950 pesos, y pese a que su sueldo mensual ascendía a 107 mil pesos.

Según Morales Somohano, los ex funcionarios blanquiazules incurrieron en el delito de peculado y deben ser castigados penalmente, ya que violaron la Ley de Egresos del estado, cuyo artículo noveno señala que la cantidad que se otorgue como bonos de productividad en ningún caso excederá 50 por ciento del total de las percepciones.

De acuerdo con la denuncia, la mayoría de los ex servidores públicos recibieron compensaciones que rebasaron dicho porcentaje, como los ex secretarios de Educación, José Martínez Martínez González, y de Salud, Jesús Zacarías Villarreal, cuyos sueldos sumaron en los últimos cuatro años un total de 5 millones 42 mil 703 pesos cada uno, además de 2 millones 700 mil 147 pesos por concepto de "bonos de productividad y eficiencia".

En tanto, el gobernador José Natividad González Parás señaló que si durante la administración panista hubo violaciones a la ley en el pago de compensaciones, se actuará en consecuencia.

Informó además que en un término de diez días se dará a conocer la integración de una comisión especial que mediante una consulta ciudadana se encargará de fijar los parámetros para los sueldos de los servidores públicos a nivel de secretarios, subsecretarios y directores de la administración estatal.

El gobernador también cuestionó que el gobierno anterior triplicó el número de trabajadores por honorarios, que pasaron de 539 a mil 609 entre 1997 y 2003, lo cual atribuyó a la existencia de un sistema de remuneraciones que viene de varios sexenios atrás y "que no ha sido lo suficientemente racional ni transparente, por eso queremos rediseñar todo esto", refirió.

Con el nuevo esquema de remuneraciones y compensaciones (si lo aprueba la comisión especial) "se trata de establecer un sistema razonable, transparente, y si hay que pagarle bien a un funcionario, bueno, pues que la gente sepa cuál es su responsabilidad y su nivel; lo que no debemos es pagar de más ni tomar decisiones que encubran el marco legal y que además beneficien desproporcionadamente a una persona", señaló González Parás.

Pide el PAN eliminar bonos de productividad y eficiencia

En ese contexto, la fracción panista del Congreso presentó una iniciativa de reformas para que se eliminen los bonos de "productividad y eficiencia" que instituyó el ex gobernador Fernando Canales Clariond, al argumentar que "la productividad, la eficiencia y la calidad en el desempeño de la función pública no son cualidades que merezcan recompensa cuando se trata de un servicio público, y son requisitos indispensables para quien ejerce o pretende ejercer un puesto en la administración estatal".

El coordinador de la bancada panista, Enrique Barrios, expuso que esas cualidades "son obligaciones imprescindibles de todo servidor público, que, aunadas a la realidad social y económica de nuestro estado, no ameritan mayor consideración o estímulo que la satisfacción del deber cumplido".

El PAN argumentó que no se justifican los bonos de compensación, salvo en el caso de los funcionarios del Poder Judicial, que tienen excesivo trabajo y, por tanto, "no es admisible la satisfacción de pretensiones económicas superiores a las que muchos de nuestros representados puedan aspirar.

"Además, el servicio público es ante todo un deber civil y no la posibilidad de una remuneración onerosa y atractiva", manifestó Barrios.

Propusieron los legisladores panistas que los ahorros que se logren con la eliminación de los bonos se destinen a la estimulación del empleo y a obras de asistencia social. La misma propuesta fue hecha hace unas semanas por la legisladora independiente Liliana Flores Benavides, y los panistas la llamaron "demagoga".