México D.F. Martes 18 de noviembre de 2003
Abogados de Romero Deschamps explican el presunto carácter laboral del conflicto
Presentan "pruebas" de que el Pemexgate es ajeno a delitos electorales
La validación de los documentos anularía los autos de formal prisión girados en octubre
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
Los abogados del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, presentaron este lunes en el cuarto tribunal unitario en materia penal un paquete de pruebas con las que pretenden comprobar al magistrado Humberto Pineda que en el caso Pemexgate no se cometieron delitos electorales, sino que se trata de conflictos laborales surgidos a raíz de contratos incumplidos entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Entre los documentos de prueba, a los que tuvo acceso La Jornada, destaca una copia certificada de la resolución de un juez civil, emitida el 23 de octubre de año pasado, derivada del juicio ordinario 149/2002, que interpuso el sindicato petrolero contra la paraestatal.
En un pasaje de la sentencia dictada por el juez noveno de distrito en materia civil, Fernando Rangel, se menciona como válido un convenio entre Pemex y su sindicato. Se trata de un préstamo de 645 millones de pesos que hizo la paraestatal al STPRM el 5 de junio de 2000. Como parte del acuerdo, los líderes gremiales se comprometieron entonces a pagar el préstamo en un plazo de un año ocho meses, según consta en la sentencia judicial.
Por ese motivo, los defensores del ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) establecen en sus argumentos -presentados dentro del paquete de pruebas de descargo- que en la resolución del juez Rangel "se comprueba que las imputaciones contra Carlos Romero Deschamps derivan de un asunto interno relacionado con prestaciones laborales, razón por la que [el juicio del Pemexgate] no debe seguirse por la vía penal".
Sin embargo, el cuarto tribunal unitario en materia penal aún no ha dado por válidos los documentos que presentó ayer la defensa del ex diputado federal del PRI. Para ello tiene tres días hábiles que comenzarán a correr este martes.
Si el magistrado Humberto Pineda determina que son improcedentes las pruebas, el proceso penal que enfrenta Romero Deschamps por los delitos de peculado y peculado electoral deberá desahogarse en el juzgado 13 de distrito en materia penal.
En cambio, si el juzgador las acepta como válidas, el líder sindical tendrá cinco días hábiles -a partir de que sea notificada la defensa de Romero Deschamps- para fijar la fecha en la que se celebre una audiencia de vista. En ésta se presentarán los alegatos necesarios para que los abogados puedan comprobar al magistrado que fueron infundados los autos de formal prisión girados el pasado 24 de octubre.
"Convenio mutuo"
Dentro de la sentencia judicial del juicio 149/2002 que los abogados presentaron como prueba se advierte que "hay pleno reconocimiento de que el órgano desconcentrado demandado [Pemex] manifestó su anuencia en conceder al consejo general del sindicato petrolero un préstamo [por 645 millones de pesos] que el gremio aceptó y se comprometió a devolver a Pemex en un plazo de 20 meses [...]. Del documento firmado el 5 de julio de 2000, que avala el préstamo, se infiere que existió un convenio mutuo entre las partes".
Como se recordará, a Romero Deschamps se le responsabiliza del desvío de mil 100 millones de pesos de Pemex al STPRM; de esa cantidad 500 millones habrían sido utilizados durante la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa en 2000.
En el mismo paquete de pruebas, la defensa menciona otros dos convenios firmados entre el sindicato petrolero y Pemex -los cuales también fueron avalados en su momento por el juez Fernando Rangel-, que se refieren a diversas cantidades monetarias que alcanzan 850 millones de pesos, por concepto de "prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de Pemex [entre las que destacan los rubros de vivienda, vales de despensa, renta de equipos y herramientas de trabajo], y que confirman que [el asunto del Pemexgate] tiene una naturaleza de carácter laboral".
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