Juristas inhabilitados buscan se quite fuero a quien facilitó los documentos para acusarlos

Desechan petición de juicio político contra consejero de BC

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC., 6 de noviembre. El Congreso del estado desechó una petición de juicio político contra Eleazar Verástegui Galicia, integrante del Consejo de la Judicatura. La sanción, que fue solicitada por un grupo de ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se descartó por 17 votos en favor, dos en contra y una abstención.

La acusación para integrar el juicio político, que se consideró improcedente, se basó en uso de documentos confidenciales presentados por Verástegui Galicia, sobre los cuales basó su petición para que 13 magistrados y ex magistrados fueran enjuiciados políticamente.

Verástegui Galicia acusó primero a los juristas -quienes la semana pasada fueron inhabilitados hasta por 8 años para ejercer la función pública-, y luego los magistrados le devolvieron la acusación.

La demanda ante el Congreso del estado fue interpuesta en forma directa por los ex magistrados Olympia Angeles Chacón, María Esther Rentería Ibarra, Jaime Rico Jiménez, Oscar Valenzuela Avila, Marco Antonio Jiménez Carrillo, José Luis Cebreros Samaniego y Víctor Manuel Vázquez Fernández.

El dictamen por el que se declaró improcedente el juicio político contra Verástegui Galicia fue presentado el miércoles por el diputado panista Raúl Felipe Luévano Ruiz.

La petición expresa de los ex magistrados era para que se le quitara el fuero de consejero en el Consejo de la Judicatura y fuera procesado por la comisión del delito de infidelidad en la custodia de documentos, previsto en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Dichos documentos sirvieron como evidencias para demostrar irregularidades en el desempeño de los ex juristas.

Por otra parte, la legislatura local aprobó la fiscalización del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.

El dictamen 357 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que fue aprobado limita al Poder Judicial para usar el fondo en bonificaciones de funcionarios y pone candados para que se destine a la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, libros y diversas actividades relacionadas con la capacitación del personal.

Se podrá arraigar a los presuntos delincuentes

El Ministerio Público (MP) podrá arraigar a una persona sujeta a una averiguación previa por presumir la comisión de un delito, según la nueva modificación al Código de Procedimientos Penales que otorga al MP esta facultad.

Mediante la solicitud a un juez, el representante social podrá elegir entre una casa, hotel o cualquier otro sitio conveniente para arraigar al indiciado, porque anteriormente, en el artículo 140 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Baja California no se especificaba el lugar.

El miércoles, los legisladores del Congreso local dieron entrada a la iniciativa a propuesta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el diputado Raúl Felipe Luévano Ruiz fue el encargado de presentar ayer el dictamen aprobado previamente en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.