La subprocuradora no guardó confidencialidad y anonimato de los denunciantes, afirman

Acusan a funcionaria de Quintana Roo de poner en riesgo a víctimas de pederastia

Se quejan de presiones de televisoras nacionales para que "cuenten sus historias"

DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL

Cancun, QR, 6 de noviembre. En la investigación por el presunto delito de pederastia que se sigue contra el empresario libanés Jean Touma Hanna Succar Kuri, la subprocuraduría de Justicia del estado, con sede en Cancún, puso en peligro la integridad de las afectadas y omitió de las declaraciones ministeriales los nombres de empresarios, funcionarios y ex empleados públicos que presumiblemente asistían a las reuniones donde las menores eran sometidas sexualmente, denunció una de las víctimas.

Acompañada por las representantes de las organizaciones Protégeme y el Centro Integral de Atención a la Mujer, Verónica Acacio y Lydia Cacho Riveiro, respectivamente, la joven dijo ante representantes de la prensa que desde el 29 de septiembre pasado la Agencia Federal de Investigación seguía la pista al empresario nacionalizado mexicano.

Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no sólo entorpeció la investigación confidencial que por los delitos de pornografía, prostitución infantil, violación y pedofilia llevaba a cabo la Procuraduría General de la República desde hace dos meses contra el empresario, sino que "seguramente le filtraron información e incluso le ayudaron a huir", agregaron.

Cacho Ribeiro y Acacio anunciaron que este viernes presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra la subprocuraduría de Justicia porque, aseveraron, su personal violentó las garantías individuales de los cinco denunciantes -entre ellos tres mujeres y un hombre menores de edad- al hacerlos declarar una y otra vez.

Criticaron además la actitud asumida por la subdirectora de averiguaciones previas de la dependencia, Leydi Campos Vera, por "no guardar el sigilo, confidencialidad y anonimato de las víctimas, por no proteger la integridad física y moral de las mismas y por suministrar datos que permiten su ubicación".

Cacho Ribeiro y Acacio acusaron al subprocurador Miguel Angel Pech -ex catedrático universitario y ex nominado magistrado de justicia en el estado- de omitir las declaraciones ministeriales de las denunciantes en las que involucran a funcionarios, ex funcionarios y empresarios de alto nivel que acudían a las reuniones donde los menores eran violentados.

Incluso, mencionaron que durante las declaraciones ministeriales no permitieron estar presentes a los padres de los afectados ni a los abogados contratados por las organizaciones no gubernamentales.

La joven denunciante responsabilizó al empresario libanés y a la subdirectora de averiguaciones previas de su integridad física y la de su familia, así como de la de los otros menores afectados.

La joven, quien dijo ser víctima durante más de siete años de abusos sexuales de Succar y otros empresarios y ex funcionarios, apareció en la conferencia de prensa con la cabeza y el rostro cubiertos por un rebozo para evitar ser identificada, aunque algunos periódicos locales ya dieron a conocer los nombres, domicilios y edades de varios de los afectados.

Las organizaciones no gubernamentales contrataron vigilancia privada para evitar que las jóvenes y el niño sean objeto de violencia, o incluso de secuestro, pues han recibido varias amenazas vía telefónica. Los cinco fueron trasladados a domicilios seguros.

También se quejaron del hostigamiento y presiones de que son objeto por los medios de comunicación locales y por de las televisoras nacionales, las cuales incluso, aseguraron, les han ofrecido dinero a fin de que "cuenten sus historias".

Por otra parte, Zoila Estrella Osorio denunció ante la subprocuraduría de Justicia que su esposo, el estadunidense Amad Atu Ahamad, de 70 años, estaría involucrado en otro caso de pedofilia. La mujer dijo que su cónyuge tiene fotografías de menores desnudas y es visitado constantemente por amigos extranjeros de Filipinas y Francia. Ex combatiente de Vietnam, Atu Ahamad vive en Cancún desde 1996 y renta una casa en Leona Vicario, donde presuntamente somete a las menores.