Plantea el gobierno federal eliminar la exención a libros, periódicos y revistas

Propuesta oficial: 10% de IVA, incluidos alimentos, fármacos y colegiaturas

La iniciativa de decreto omite una reducción del ISR, que estaría sujeta a negociación

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ROBERTO GONZALEZ Y CIRO PEREZ

El gobierno federal propuso a la Cámara de Diputados aplicar una tasa general de impuesto al valor agregado (IVA) de 10 por ciento, incluyendo alimentos, medicinas, servicios médicos y colegiaturas; eliminar la exención a libros, periódicos y revistas, así como al derecho de usar o explotar una obra que realice su autor. La iniciativa no incluye una reducción del impuesto sobre la renta (ISR), tasa que estará sujeta a la negociación de los grupos parlamentarios.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, informó que de aprobarse la propuesta de 10 por ciento de IVA general, el gobierno recaudaría 43 mil millones de pesos adicionales, que sumados a los 50 mil millones que pretende ahorrar la administración de Vicente Fox por eficiencia recaudatoria y disminución de plazas de trabajo, sumarían 93 mil millones de pesos más en los ingresos.

El cálculo de ingresos del gobierno federal, hecho por la Secretaría de Hacienda, es de un billón 637 mil 55 millones de pesos, de los cuales 809 mil 600 millones corresponden a captaciones por ISR, IVA, impuesto al activo, impuesto especial sobre producción y servicios, tenencia o uso de vehículos, ISAN, impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público, impuesto de rendimientos petroleros, impuesto al comercio exterior y accesorios; ingresos de órganos y empresas, y derivados de financiamientos.

Necesario, lograr consensos

En la Ley de Ingresos de la Federación para 2004, el gobierno federal advierte que la política económica del año próximo está diseñada a partir de dos directrices: generar los consensos para avanzar en el proceso de reforma estructural y consolidar la estabilidad macroeconómica, a través de las finanzas públicas sanas, incentivar la reactivación de la inversión privada y reducir los gastos operativos de las empresas.

''En relación con la primera, debemos señalar que la coyuntura por la que atraviesa la economía nacional hace imperativo lograr los consensos necesarios para aprobar las reformas estructurales, entre las que destacan la fiscal, la eléctrica, la laboral y la del sistema de pensiones de los trabajadores del Estado'', señala.

En la iniciativa de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales (miscelánea fiscal), enviada ayer a la Cámara, el Ejecutivo establece que el Estado dispone de recursos muy limitados para atenuar los efectos negativos derivados de la desaceleración económica y prevé que haya una caída en el precio del petróleo para el próximo año, lo que afectará aún más la recaudación. En tanto, pretende obtener ingresos al ampliar el abanico de bienes, actividades y servicios sobre los cuales se aplicarían nuevas tasas e impuestos.

Además, en la iniciativa de Ley de Ingresos se plantea un endeudamiento externo de 500 millones de dólares y en el interno 84 mil 300 millones de pesos, para que el déficit público sea de 3 por ciento del PIB. En el caso de la capital del país, se sugiere un endeudamiento de 2 mil 500 millones de pesos, que permita financiar el presupuesto de egresos del Distrito Federal.

Fortalecer lo social

La miscelánea fiscal del gobierno de Fox se compromete a fortalecer la responsabilidad social del Estado con la educación, la salud, la seguridad social de los trabajadores, el desarrollo del campo y el combate a la pobreza. También prevé el combate a la evasión y elusión fiscales, porque ''la estructura del sistema tributario del país contiene aún una serie de regímenes preferenciales y tratamientos de excepción que han generado distorsiones, los cuales le restan neutralidad, equidad y simplicidad, propiciando una importante pérdida recaudatoria''.

En la exposición de motivos de la miscelánea fiscal, el gobierno reconoce que el IVA tiene una baja eficiencia en su recaudación, porque grava una proporción muy baja del consumo, y al ser diseñado como impuesto general de consumo las exenciones y su amplia tasa del cero por ciento ''limitan el efecto de autocontrol que tiene el propio impuesto. Lo anterior se complica con el hecho de que existen simultáneamente dos tasas generales, una aplicable en la frontera y otra en el resto del país''.

El argumento para generalzar la base gravable en 10 por ciento, en lugar de la tasa actual de 15 por ciento que no incluye alimentos y medicamentos, redunda en que crecerá el número de contribuyentes ''lo cual indudablemente mejorará la equidad del impuesto y evitará la competencia desleal entre los agentes que actúan en la informalidad y los que contribuyen responsablemente al financiamiento del gasto público".

Lista exenta

De tal forma, la tasa general del IVA propuesta se disminuye de 15 a 10 por ciento para que se pueda aplicar a todos los productos y servicios, excepto una lista que quedaría exenta.

Así, se aplicará la tasa además a los alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en el que se elaboren, inclusive cuando no se consuman en el mismo lugar o se entreguen a domicilio; se elimina también la exención de la que gozan libros, periódicos y revistas, así como el derecho de usar o explotar una obra que realice su autor; también se cobrará el impuesto en la compra de cualquier tipo de bien que se encuentre sujeto al régimen aduanero, y la base gravable en el caso de la enajenación de construcciones será similar al valor del avalúo, el cual deberá hacerse constar en escritura pública.

El Ejecutivo federal también propone eliminar la exención del impuesto al valor agregado de que gozan actualmente los servicios escolares, el transporte público terrestre de personas, el aseguramiento contra riesgos agropecuarios, espectáculos públicos, servicios profesionales de medicina privada, servicios hospitalarios, de radiología y de laboratorios, que se prestan en instituciones de la administración pública federal; es decir, de aprobarse tal medida, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE cobrarían IVA por dichas actividades.

Las operaciones que se sugiere continúen exentas del gravamen son: exportaciones de bienes o servicios, construcciones, oro, joyería, orfebrería y documentos pendientes de cobro. En el caso de la construcción de casas habitación exentas de IVA, se incorpora la limitante que estaba incluida en la ley de ese impuesto, señalando que no se pagará en su enajenación cuando se destinen o usen para casas habitación, al menos en los dos años anteriores a la compra.

Se establece como requisito que los contribuyentes acrediten ante notario que las construcciones se utilizan con ese fin.

La Secretaría de Hacienda, en la iniciativa de miscelánea fiscal turnada por el Ejecutivo, establece la posibilidad de que el Congreso apruebe un nuevo impuesto a las ventas y servicios al público, con una tasa de 2 por ciento, y el monto de su recaudación se enviaría a las entidades federativas.

Se aplicaría en los siguientes rubros: bienes muebles, prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes muebles (renta), tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos, aguamiel, productos de fermentación (pulque) y cerveza, energía eléctrica, servicios financieros, servicio de televisión y audio restringidos, telefonía, transportación aérea, transporte ferroviario, autotransporte federal y uso de vías generales de comunicación.

En el caso de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se incrementa el porcentaje que ya se cobra a bebidas alcohólicas de hasta 14 grados a 30.7 por ciento, y de hasta 20 grados con 35.9. En el caso de los cigarros con filtro, la tasa será de 119.5 por ciento, nueve puntos más que el monto actual; de 109.1 para los cigarros sin filtro, y de 26.4 por ciento a puros y otros tabacos labrados.

Posiciones de los partidos ante la entrega del paquete

Luego de que el paquete económico fue entregado ayer jueves por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Humberto Aguilar Coronado, los grupos parlamentarios hicieron una primera revisión a los seis documentos.

Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el paquete fiscal foxista ''no es una reforma fiscal, por una razón trascendental: el principal impuesto sobre el cual descansa la recaudación es el ISR, y el Ejecutivo federal no envía una sola disposición de modificación en esa materia", sostuvo la secretaria de la Comisión de Hacienda del sol azteca, Diana Bernal.

Por su parte, el economista Julio Boltvinik rechazó la propuesta de generalizar el IVA al 10 por ciento porque ''es importante señalar el carácter progresivo de ese gravamen y se sustenta en disminuir los impuestos que pagan los ricos y aumentar los que pagan los pobres. Se trata de una iniciativa cínica para mejorar a los de mayores ingresos y empeorar a los pobres'', consideró el especialista.

La diputada perredista Clara Brugada consideró que la iniciativa foxista constituye ''una propuesta antipopular porque se plantea una reducción del gasto contra la pobreza. El paquete económico está dedicado a hacerle una guerra a los pobres de este país".

Por su parte, la coordinadora de los diputados priístas, Elba Esther Gordillo Morales, afirmó en conferencia de prensa que la bancada no comparte la propuesta foxista de un IVA generalizado.

Cabildeos priístas

''Gravar con 10 por ciento alimentos y medicinas no es viable", dijo la legisladora. Sin embargo, a partir de hoy, ella iniciará una estrategia de cabildeo con sus diputados e iniciará pláticas con los de Nuevo León. El gobernador de la entidad, Natividad González Parás, fue citado también al encuentro que encabezará el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.

Apoyo total del blanquiazul

En términos de apoyo total a la propuesta del presidente Vicente Fox Quesada, el subcoordinador de Asuntos Económicos del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Molinar Horcasitas, aseguró que el paquete económico es una reforma "muy importante" porque generaliza el impuesto al valor agregado en 10 por ciento, por lo que adelantó el voto a favor de la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados.

También Colegio de Posgraduados de Chapingo

Posible extinción o fusión de Notimex, fondos cinematográficos y la Lotería

ROBERTO GONZALEZ AMADOR, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Con el argumento de que hay escasez de recursos presupuestarios, el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada propuso la ''desincorporación, liquidación, extinción o fusión'' de la agencia oficial de noticias Notimex, y de los tres institutos y fondos de apoyo a la actividad cinematrográfica, del Colegio de Posgraduados de Chapingo, así como de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública.

La propuesta, incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, plantea que ''ante la escasez de recursos presupuestarios para el próximo año'' se lleven a cabo ''una serie de acciones en materia de desincorporación, racionalidad y austeridad presupuestaria para generar ahorros que permitan incrementar las erogaciones destinadas a programas prioritarios de beneficio social y económico''.

El artículo segundo transitorio del proyecto de presupuesto señala que, a partir del primero de enero próximo, el Ejecutivo federal ''iniciará el proceso de desincorporación que se determine entre las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación, según corresponda'', de Notimex, del Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios Churubusco Azteca. En los tres últimos se trata de las pocas entidades públicas que todavía otorgan apoyos a la creación y a los creadores cinematográficos, actividad que paulatinamente se ha desplazado al sector privado.

La propuesta gubernamental, que deberá ser aprobada o rechazada por la Cámara de Diputados, afecta también a centros de docencia e investigación relacionados con la actividad agropecuaria.

Así, el gobierno del presidente Fox solicitó autorización al Congreso para ''desincorporar, liquidar, disolver o extinguir'' el Colegio de Postgraduados de la Universidad de Chapingo; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural; la Comisión Nacional de Zonas Aridas, y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

La propuesta de adelgazamiento del Estado mexicano abarca también a Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública y Lotería Nacional para la Asistencia Pública -que previsiblemente serían fusionadas-, además del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y Educal. El listado de entidades públicas de las que la administración del presidente Vicente Fox pretende deshacerse, se completa con el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante; Exportadora de Sal, y Transportadora de Sal.

De acuerdo con el proyecto presentado este jueves por el gobierno federal a la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, por conducto de la respectiva dependencia coordinadora de cada sector, elaborará un diagnóstico por cada entidad, el cual ''contendrá el análisis de los aspectos jurídicos para determinar el procedimiento legal a seguir en el proceso de desincorporación y la identificación de la opción menos costosa para llevar a cabo la desincorporación respectiva''. Asegura que en este proceso ''se respetará en términos de la ley los derechos laborales de los servidores públicos respectivos''.

Envía el gobierno federal a la Cámara de Diputados su proyecto de gasto para 2004

Más fondos a deuda pública y rescate bancario, que a salud y contra pobreza

Es el presupuesto más restrictivo desde el inicio de la administración del presidente Vicente Fox

ROBERTO GONZALEZ AMADOR, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

El gobierno federal hizo llegar este jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de gasto público para 2004 que constituye el presupuesto más restrictivo desde el inicio de la administración del presidente Vicente Fox Quesada. A una disminución en los recursos para las labores de gestión gubernamental, se acompaña la proyección de que el gasto en inversión se mantendrá estancado, mientras que las erogaciones previstas para el pago de la deuda pública y el rescate a los banqueros registran el mayor incremento desde la crisis de 1995, hasta alcanzar un monto que supera ampliamente los recursos canalizados a salud o combate a la pobreza.

Según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el gasto neto total propuesto para el siguiente año es de un billón 637 mil 100 millones de pesos, cantidad que significa una disminución de 0.9 por ciento en términos reales, es decir, descontado el efecto de la inflación, con respecto al ejercido en 2003. En específico, el gasto programable del Poder Ejecutivo, el relacionado con las labores de gestión gubernamental, alcanzará en 2004 -de ser autorizada por el Congreso de la Unión la iniciativa del Poder Ejecutivo- un billón 128 mil 437.6 millones de pesos, una suma inferior en 3.3 por ciento en términos reales a la de 2003.

Los rubros más beneficiados

En cambio, el Ejecutivo solicitó al Congreso un aumento de 22 mil 375.6 millones de pesos en los recursos destinados al pago de la deuda gubernamental, externa e interna, así como al pago del rescate bancario.

De acuerdo con el documento, los recursos que serán canalizados el próximo año al costo financiero de la deuda pública y el rescate bancario equivaldrán a 3.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), un incremento respecto a 2002, cuando fueron similares a 2.9 por ciento del PIB.

En términos comparativos, el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada espera gastar el próximo año en el pago de la deuda y el rescate bancario 216 mil 908.2 millones de pesos, cantidad superior en 24.6 por ciento a los 174 mil 39.7 millones que están considerados, en el mismo documento, como asignación para el gasto del gobierno federal en salud el próximo año. El gasto en salud crecerá 1.5 por ciento en términos reales, mientras que el pago de la deuda lo hará en 7 por ciento.

El proyecto de presupuesto prevé una asignación de recursos para ''la superación de la pobreza moderada'' por 64 mil 846.9 millones de pesos, es decir, un monto equivalente a 29.9 por ciento del dinero solicitado para el pago de la deuda y el rescate de los bancos.

Un lastre que crece

De acuerdo con el documento entregado ayer a los diputados, el gobierno federal estima que el costo de pagar a los bancos los intereses derivados del programa de rescate financiero instrumentado durante la crisis de 1995, alcanzará el próximo año 41 mil 030.1 millones de pesos, cantidad que representa un incremento de 29.1 por ciento en términos reales, y 34.5 por ciento en términos nominales (sin contar el efecto inflacionario). Se trata de la mayor cantidad requerida para este rubro en nueve años, es decir, desde la crisis que siguió a la devaluación de diciembre de 1994. Medido en dinero, la partida tendrá un aumento de 10 mil 523.6 millones de pesos, respecto de lo gastado en 2003.

Mientras, el costo de la deuda externa e interna contratada directamente por el gobierno federal alcanzará el próximo año 145 mil 860.1 millones de pesos, 4.4 por ciento más, en términos reales, que en 2003. En tanto, el costo financiero de la deuda interna y externa emitida por organismos y empresas paraestatales sumará 12 mil 829.20 millones de pesos, 18.6 por ciento menos que este año.

El pago de intereses a los empresarios que han financiado al gobierno federal en la construcción de obras de infraestructura, a través del esquema de Programas de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas) será en 2004 de 17 mil 188.8 millones de pesos, 16.4 por ciento más en términos reales que en 2003.

El motor del crecimiento, apagado

Mientras disminuye el gasto en gestión gubernamental y aumenta el destinado al pago de la deuda y a los bancos, en 2004 se mantendrá estancada, en algunos casos, y en franca caída en otros, la inversión en proyectos de infraestructura, uno de los motores del crecimiento de cualquier economía.

El proyecto presentado este jueves por el Poder Ejecutivo a los diputados establece que en 2004 el gasto de capital alcanzará 141 mil 743.6 millones de pesos, un desplome de 19.9 por ciento en términos reales en comparación con 2003.

Según la Secretaría de Hacienda, el gasto en capital, es decir, en infraestructura, apoyado por el gobierno mediante la promoción del esquema de Pidiregas, se mantendrá estancado en 2004 en comparación con 2003.

Por otra parte, el gasto corriente, un renglón que comprende los recursos destinados a mobiliario y sueldos y salarios, será en términos generales de un billón 24 mil 61.4 millones de pesos, cantidad que representa una disminución marginal de 0.2 por ciento en términos reales en comparación con 2003. Pero el rubro específico de servicios personales sumará el próximo año 525 mil 403.7 millones de pesos, un aumento de 4.8 por ciento en términos reales.

En términos funcionales, el gasto en desarrollo social -que incluye educación, salud, seguridad social, agua potable y asistencia social, entre otros-- alcanzará el próximo año la suma de 696 mil 57.6 millones de pesos. Esta cantidad representa un aumento de 1 por ciento real respecto a 2003. Es decir, una séptima parte de lo que crecerá el dinero público destinado al pago de la deuda y a los bancos.

Mientras, el presupuesto para desarrollo económico será en el siguiente ejercicio fiscal de 335 mil 421.8 millones de pesos, una disminución de 3.5 por ciento en términos reales en comparación con el monto ejercido en 2003.

Un poco más a estados

Conforme a lo señalado, los recursos que serán transferidos a las entidades federativas y municipios en 2004, a través de participaciones federales, mediante el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y por los convenios de descentralización, alcanzarán 557 mil 400 millones de pesos, monto superior en apenas 2.7 por ciento al de 2003.

Mucho más a diputados y senadores

Para el Poder Legislativo, el proyecto establece un presupuesto en 2004 de 7 mil 156.1 millones de pesos, 23.3 por ciento más en términos reales que en 2003. Para el Poder Judicial, la propuesta es de 23 mil 770.2 millones de pesos, es decir, un aumento de 28.6 por ciento real en relación con lo gastado este año.

Y para el Instituto Federal Electoral (IFE) se propone una asignación de 5 mil 788.8 millones, una disminución real de 48.3 por ciento. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le asigna una partida de 652.3 millones de pesos, que representan un aumento de 12.8 por ciento real en comparación con 2003.

Se daría a cambio de aprobar la reforma tributaria

Nuevo régimen fiscal para Pemex, plantea el gobierno

CIRO PEREZ, ROBERTO GONZALEZ, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

El gobierno del presidente Vicente Fox pretende implantar un nuevo régimen fiscal en Petróleos Mexicanos (Pemex), a cambio de que el Congreso de la Unión apruebe una reforma tributaria que le garantice ingresos por más de 90 mil millones de pesos. En el paquete económico que ayer llegó a la Cámara de Diputados se incluye la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, expide la Ley de los Impuestos Ambientales y propone la aprobación de modificaciones a la Ley de Comercio Exterior en materia arancelaria.

La reforma a la Ley Federal de Derechos prevé cambios en materia de telecomunicaciones, servicios a la navegación aérea, medio ambiente y modificaciones sustanciales al régimen fiscal de Pemex. En el caso de este último, la administración foxista busca gravar mediante diversos derechos la explotación de los yacimientos de hidrocarburos del país.

El argumento, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la dirección general de Pemex, señala que los cambios buscan situar a la empresa en igualdad de circunstancias con respecto a cualquier otro contribuyente que explote recursos no renovables y son constitucionalmente propiedad de la nación. Se trata ''que sea financieramente sana y pueda efectuar las inversiones que tanto requiere''.

Y es que, a la fecha, Pemex es una fuente importante de recursos para la administración federal, porque gran parte de los ingresos que obtiene se entregan al gobierno a través del pago de derechos sobre la extracción de petróleo, un impuesto a los rendimientos petroleros, y un aprovechamiento sobre rendimientos excedentes.

Por otra parte, los recursos financieros que la paraestatal invierte para su desarrollo se han destinado fundamentalmente a la mejora en la explotación de los yacimientos ya existentes, y de los sistemas de refinación de los productos petrolíferos. Eso, señala el documento, ha producido un descuido en la exploración y explotación de nuevos yacimientos, porque ha ocasionado una reducción importante de las reservas de petróleo y gas natural.

Por ejemplo, entre 1999 y 2003, éstas cayeron en 11.7 y 17.5 por ciento respectivamente, de tal forma que con la propuesta ''se busca estimular la inversión en proyectos de exploración y explotación de los recursos petroleros, a través de la aplicación de un derecho por la explotación de petróleo, que será más bajo para los nuevos pozos, porque por otro lado en virtud de que las inversiones en pozos existentes ya fueron efectuadas, es justificable que tengan un derecho más alto''.

Así, en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos se establece que ''quienes exploten yacimientos de petróleo crudo o gas natural estarán obligados al pago anual sobre el derecho de extracción de hidrocarburos, conforme a lo siguiente: la de 75 por ciento al valor de los primeros 3 millones de barriles de petróleo crudo extraídos en el año; la de 25 por ciento al valor del petróleo crudo que rebase la cantidad máxima''.

En el caso del gas natural, se aplicará una tasa de 15 por ciento al valor de ese combustible extraído en el año y cuya cantidad no rebase el máximo de 3 millones 762 mil pies cúbicos en 2004; y la de 10 por ciento al valor extraído en el año y que rebase el tope máximo. Estará exenta la extracción de 1 millón de pies cúbicos de gas no asociado por pozo de explotación.

Sobre este punto, se detalla que los particulares que exploten yacimientos de petróleo crudo estarán obligados al pago anual del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización petrolera cuando en el año el precio promedio ponderado de barril de crudo exceda los 18.49 dólares estadunidenses.

Por otra parte, las autoridades federales proponen a la Cámara de Diputados la incorporación de un impuesto por el uso del espacio aéreo nacional ''como cuerpo receptor de contaminantes'', porque se reconoce que los niveles de contaminación atmosférica afectan la calidad del aire que respiran los ciudadanos, y señala que ''es un bien común a todos'', pero que requiere acciones por parte del gobierno para mantenerlo limpio. El derecho sugerido propone que ''los grandes emisores de contaminantes lleven a cabo acciones que permitan su reducción''.

En el artículo 253-B de la Ley Federal de Derechos, Hacienda propone que por la emisión de bióxido de azufre al espacio aéreo, las personas físicas y morales que a través de procesos de combustión en territorio nacional tengan un consumo energético mayor a 110 mil megajulios por hora, promedio anual, pagarán un derecho de 50 mil pesos por tonelada métrica de contaminante.

En ese ámbito, también se sugiere la derogación del derecho por el uso o aprovechamiento del espacio aéreo congestionado, pues se considera que ya cumplió con su objetivo, puesto que no se registran ya operaciones aéreas privadas ni de taxis aéreos nacionales e internacionales, que eran regulados por ese precepto.

Ley de los Impuestos Ambientales

Como parte del paquete económico, se incluye la Ley de los Impuestos Ambientales, que a decir de la administración foxista ''busca inhibir conductas adversas al aprovechamiento sustentable del medio ambiente, contribuyendo indirectamente a la disminución futura del gasto social necesario para atender problemas de salud y ambiente''.

La iniciativa incluye cuatro rubros específicos: eliminación de sustancias tóxicas cuyo comercio ya está prohibido, por el riesgo a la salud humana y ambiental; eliminación gradual de las sustancias tóxicas cuyo uso está parcialmente restringido; eliminación del aprovechamiento no sustentable de la riqueza forestal, y eliminación del comercio ilícito de especies de flora y fauna en riesgo.

Se propone un impuesto a la producción, enajenación, importación, utilización, transportación, almacenamiento y tenencia de sustancias tóxicas prohibidas en México con una cuota de 3 mil pesos por cada kilogramo o litro, sin perjuicio de las multas o sanciones que pudieran derivarse de la aplicación de otras leyes. El objeto de aplicar ese gravamen radica en que esos productos pueden provocar cáncer y defectos congénitos en personas y animales.

En el caso de las sustancias químicas industriales tóxicas, se trata de racionalizar su uso y conocer en detalle los problemas y efectos asociados con ellas, de tal forma que el impuesto que se aplicaría a su enajenación o importación sería de 15 por ciento de su valor en el mercado.

Una nueva carga impositiva se refiere a la extracción inmoderada de flora y fauna silvestres. El impuesto se aplicará a partir de una cuota sobre el valor actualizado del último espécimen similar que haya sido objeto de comercio de manera legal en México o, en su defecto, sobre el precio más alto en el mercado internacional. Los recursos obtenidos por esa vía se destinarán a las áreas de control y vigilancia tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, que serán controlados a través de mecanismos externos que garanticen su correcta aplicación.

También se incluyen ocho decretos del Ejecutivo federal publicados en el Diario Oficial con medidas arancelarias, manifiesta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en beneficio de los ciudadanos y productores mexicanos.

Descarta satanización contra opositores de la iniciativa

Creel desestima costo político de un eventual IVA general

Aclara Gil Díaz que continúa indefinido el caso del ISR

CIRO PEREZ SILVA

El titular de Gobernación, Santiago Creel Miranda, aseguró que "no serán satanizados" quienes estén en desacuerdo con la propuesta de reforma fiscal del gobierno foxista, que considera una tasa generalizada del impuesto al valor agregado (IVA) de 10 por ciento, y se comprometió a impulsar "un debate de ideas, de argumentos", sin calificativos.

Acompañado por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el responsable de la política interna desestimó el costo político que pudiera tener, en la carrera presidencial, la aprobación de un impuesto para todos los servicios y bienes, incluidos medicinas y alimentos.

"Para mí es muy claro, no veo más carrera que la de las reformas estructurales, económicas y políticas. Es el único interés que estamos viendo en la Secretaría de Gobernación, y no otro u otros."

Aseguró que el gobierno federal será respetuoso de la competencia del Poder Legislativo, cuyos integrantes tienen la última palabra sobre la reforma fiscal; sin embargo, dijo, seguirán dialogando en un ánimo de persuasión, de dar a los diputados los puntos de vista y opiniones oficiales sobre la realidad del país, para que pueda ubicarse en ese contexto el planteamiento económico que hicieron llegar ayer por la mañana a San Lázaro.

"Estamos ciertos de que los legisladores y las legisladoras del país actuarán con sentido de Estado, más allá de los intereses propios de la coyuntura, y darán una respuesta al pueblo de México, como éste la requiere. Teniendo ellos la última palabra ya no me pronunciaré sobre las probabilidades (de aprobación).

"Es una propuesta, va acompañada de razones concretas, de hechos contundentes, verificables, que ellos pueden comprobar, sobre la situación económica que guarda el país y la necesidad de esa reforma hacendaria", sostuvo el funcionario.

En la conferencia de prensa conjunta celebrada ayer por la tarde en el salón Benito Juárez de la Secretaría de Gobernación, el titular de Hacienda dio a conocer los lineamientos generales de la serie de iniciativas que fueron enviadas al Congreso, pero sin precisar el monto total del Presupuesto de Egresos 2004 ni otras cifras relevantes.

"Bueno, te lo puedo proporcionar después porque no traigo ese detalle. De inmediato se las vamos a enviar a ustedes y pondremos toda la información en Internet", respondió una y otra vez Gil Díaz. Lo que sí enfatizó es que en cuanto al IVA "no se excluyen ni servicios ni bienes de la tasa general".

También precisó que en materia de otros impuestos, incluyendo el denominado sobre la renta (ISR), no hay aún una propuesta: "Estamos platicando todavía con el Congreso para llegar a algún consenso en ese renglón".

Explicó que por este impuesto generalizado se espera recaudar 335 mil millones de pesos, que junto a los ahorros en gasto y los esfuerzos para llevar a cabo una mejor administración, "van a ser suficientes para ampliar el presupuesto y atender las necesidades sociales y de infraestructura".

Creel insistió a su vez en que la propuesta del Ejecutivo es incluyente, ya que abarca a todas las fuerzas políticas del país, además de reiterar la apertura oficial para los planteamientos que a su vez haga cada partido. "El gobierno asume plenamente su responsabilidad, llámese costo o responsabilidad", enfatizó.

Reconoció que la iniciativa de reforma fiscal habrá de generar un debate intenso, pero subrayó: "Vivimos en un país de libertades, donde cada cual tendrá la oportunidad en los próximos días de expresar sus puntos de vista, de manifestarse en contra o en favor de la propuesta. Todas la opiniones, favorables o no, serán respetadas, y garantizamos el marco de libertades que requiere el país para que el proceso que sigan los y las legisladoras sea ampliamente democrático".

Creel Miranda comentó que "ante las circunstancias que vive el país", el gobierno foxista decidió presentar el paquete económico con más de una semana de antelación a la fecha límite. "Lo hemos planteado también en la inteligencia de que se abra una gran reflexión nacional sobre las condiciones políticas y económicas que imperan en el país, para que cada cual asuma su responsabilidad".

Aconseja a López Obrador respaldarlo; alcanzaría para "cuatro distribuidores viales"

Llama Fox a debatir con seriedad su propuesta

JUAN MANUEL VENEGAS ENVIADO

Austin, 6 de noviembre. Luego de presentar su proyecto de presupuesto y Ley de Ingresos, así como diversos decretos para aprobar nuevas disposiciones fiscales, entre ellas la aplicación general del impuesto al valor agregado (IVA) de 10 por ciento, incluyendo medicinas y alimentos, el presidente Vicente Fox demandó al Congreso debatir, tomar con seriedad la propuesta y decidir, "pues ya no podemos seguir dejando pasar el tiempo".

Según Fox, la propuesta que turnó a la Cámara de Diputados "es la mejor para resolver los problemas del país", y se dijo convencido de que los pobres "serán los primeros" en verse favorecidos, "con más acceso a la educación y al sistema de salud, štodo gratuito!".

En Austin, casi para concluir su gira de tres días por el sur de Estados Unidos, el jefe del Poder Ejecutivo se dio tiempo para hacer una amplia defensa política de su proyecto fiscal -con el que se expide también la nueva Ley de Impuestos Ambientales; adiciones y reformas a la Ley Federal de Derechos, y rinde un informe arancelario-, enviando sendos mensajes a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Fox advirtió a los mandatarios estatales que el paquete económico del próximo año "no contempla los aumentos de los ingresos, y por tanto de los egresos", que sólo podrán obtenerse en caso de que el Congreso de la Unión "apruebe la reforma hacendaria" contenida en el paquete presentado. "Así que el presupuesto va sin el ingreso posible de la reforma".

Para el jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, el mensaje de Fox fue más que directo: "Si se suma a esta propuesta, le va a corresponder una cantidad que le permitirá hacer mucho más del doble de lo que está haciendo en este momento de obra pública. Entonces, no va a ser un distribuidor vial, švan a ser cuatro distribuidores viales!". Ni el Presidente pudo aguantar la risa por el reto que lanzó desde la capital texana, en una conferencia de prensa que convocó con la clara finalidad de argumentar sobre su propuesta fiscal.

Las "coincidencias" con partidos

Aunque se le insistió, Fox no hizo ningún pronóstico sobre la reacción que habrá entre los partidos políticos, sus dirigentes y legisladores. Lo único que tiene claro, dijo, es que entre todas las fuerzas hay la "coincidencia" de que México tiene una de las más bajas recaudaciones fiscales en el mundo.

"En lo que todos estamos de acuerdo es que hay escasez de recursos; ineficiencia del sistema de recaudación de impuestos; bajísima recaudación. A partir de ese reconocimiento (que recogió en el diálogo con los partidos), y a partir de que estamos de acuerdo en que esa es la realidad, nosotros damos como respuesta la iniciativa que hemos metido hoy", expuso.

-Hace tres días se reunió con la directiva del PRI. ƑConsidera viable que apruebe su propuesta?

-Nosotros pensamos que ese es el camino para resolver la falta de crecimiento más acelerado, generar los empleos que requerimos, combatir la pobreza, fortalecer económicamente a estados y municipios. La respuesta es precisamente esta iniciativa.

La pasión para persuadir

-Ya hubo una rebelión en un partido (PRI); ya antes fracasó el intento de aplicar el IVA a medicinas y alimentos. ƑQué espera ahora del debate legislativo?

-Lo primero que espero es que se debata, que se tome con seriedad. Ahí hay una propuesta, según nosotros, la mejor para responder a los problemas del país en este momento. Ahora toca a los diputados resolver si esa propuesta es la que procede o hay que hacerle algunos ajustes. Así que lo que espero es que se debata con seriedad y que se tomen decisiones.

-ƑHizo una valoración de los costos políticos que una propuesta como la suya puede provocar? ƑObserva futuras pérdidas electorales?

-Espero que tendremos la habilidad suficiente, la pasión y la dedicación para convencer de que la medida a los primeros que favorece es a los pobres. Si yo tuviera alguna duda, no hubiera metido esta iniciativa, pero tengo la convicción total de que los pobres y los marginados del país, las comunidades indígenas, serán las primeras favorecidas.

Un paro equivaldría a dar azúcar al diabético, opina

Condena Abascal amagos de huelga contra reformas

Asume que no ha eliminado su discriminación a la mujer

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, definió que el "paro nacional" que anunciaron diversos sindicatos para impedir la aprobación de las reformas sería como "dar una cucharada de azúcar a un diabético", porque lo que el país requiere es empleo y no acciones que lastimen a la planta productiva, sobre todo porque al cierre del año el nivel de desempleo alcanzará casi 4 por ciento.

El funcionario participó en el primer Encuentro Nacional de Empresarias, en el que Patricia Espinoza, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, expuso que la población que ella representa "no sólo debe buscar el poder político, sino también el de las cámaras industriales".

En este contexto, Abascal pidió cordura y serenidad a los líderes sindicales que amagaron con huelga nacional para impedir que se concreten las reformas constitucionales que promueve el gobierno, y los convocó a "atenerse a la democracia".

De nueva cuenta dio cifras optimistas en materia de empleo, al sostener que este año hay 50 mil nuevas plazas en el Seguro Social y que al cierre de octubre se tenían inscritos a más de 110 mil trabajadores formales en esta institución.

No obstante, tuvo que reconocer que este año ha sido particularmente difícil en materia de generación de empleo y que para 2004 necesariamente se tendrán que reforzar las acciones para recuperar todas las plazas perdidas.

Todavía confió en que se podrán impulsar las reformas, y sostuvo que los grandes acuerdos "pendientes" son el energético, el fiscal y, por supuesto, el laboral, todos factibles de ser aprobados por el Congreso. Dijo que también falta crear un conjunto de políticas públicas en materia social, "con el que se enseñe a pescar y no a dar el pescado", así como en salud, educación y sector agropecuario.

El secretario del Trabajo reconoció que fue un error de gobiernos anteriores creer que el mercado internacional beneficiaría automáticamente al país, porque "la realidad no es esa, apenas Estados Unidos tuvo una crisis y aquí se cayeron las exportaciones y el empleo. Muchas familias sufren, el ingreso se estancó, las oportunidades de desarrollo se limitaron". A México le afectó depender sólo de una economía, sintetizó.

En un giro total de lo que había planteado en otras ocasiones, en este encuentro se comprometió con las empresarias a "abrirles los espacios, los asientos necesarios", y se manifestó por "un México en el que no haya, nunca más, esa discriminación contra la mujer, que tanto debe avergonzarnos a quienes no hemos todavía sabido eliminarla".

En el acto, Patricia Espinoza propuso la creación de una red nacional de empresarias "para buscar su avance en las fábricas, las cámaras, los sindicatos y el sector público", lo que fue avalado por casi 420 dueñas de negocios asistentes al foro.

Convocó a las empresarias a pelear por el poder en las cámaras, luchar por el acceso equitativo a los puestos de dirección y de toma de decisiones, donde hasta el momento tienen un espacio muy limitado. Puso como ejemplo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Concanaco, en la que se concentra 88.3 por ciento de las mujeres de negocios del país, pero no ha tenido puestos directivos, o bien la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, donde el porcentaje se acerca a 20 por ciento, pero sin acceso a las dirigencias. Ya ni decir de la Coparmex, donde "el número de mujeres es mínimo".

Adelantó que desde esta nueva red se buscará el establecimiento de programas integrales para las microempresarias, así como asistencia técnica, capacitación y asesorías, así como nuevos marcos jurídicos y fiscales de fomento para ellas.

Se trata de dar paso a una nueva cultura de equidad y solidaridad, para crear nuevos escenarios laborales en plena igualdad de oportunidades con los hombres. En esta década se buscará una representación política más equitativa, la disminución sustancial de la violencia familiar y el poder en las cámaras, aseguró.

En este acto, Carlos Abascal recibió una pregunta peculiar, que contestó en el mismo tono:

-Señor, Ƒpor qué la Secretaría del Trabajo entiende la capacidad de amar de las mujeres?

-Porque hay que humanizar la economía, no podemos mirarla sólo desde la perspectiva de la competencia o de las utilidades o de la competitividad, como hoy se le llama, sino desde un ángulo profundamente humano.

Otorga el PAN apoyo irrestricto a la iniciativa oficial

Descartan PRI y PRD que pase el paquete económico

RENATO DAVALOS, GEORGINA SALDIERNA Y ANDREA BECERRIL

Representantes del PRI y el PRD consideraron "difícil de aprobar" en los términos originales el paquete económico que ayer entregó el gobierno federal al Congreso, y de hecho el partido del sol azteca puntualizó que no hay reducción del impuesto sobre la renta (ISR), como lo prometió la autoridad, mientras que el panismo respaldó sin objeciones la iniciativa oficial, que incluye gravar comida y fármacos.

La propuesta es equivocada pues no soluciona de fondo los problemas sociales ni orienta la política fiscal hacia ese rumbo. Es especialmente regresiva para los pobres, que destinan hasta 70 por ciento de su gasto a medicinas y alimentos, rubros que tendrían un sobrecosto de 10 por ciento si se aprueba la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), señaló Saúl Escobar, secretario de Planeación y Desarrollo Institucional del PRD.

"No es correcta la afirmación de la Secretaría de Hacienda de homologar el IVA porque mejorará la recaudación fiscal. Es una reforma incompleta y la tasa adicional para los estados propuesta es una suerte de chantaje", agregó.

En el Senado, el PRI y el PRD advirtieron que el paquete fiscal no será fácil de aprobar. El vicecoordinador de la bancada tricolor, Carlos Chaurand, dijo que en lo personal no votará por el IVA en alimentos y medicinas, pero "en el partido estamos abiertos a la discusión de todo asunto que pase por las cámaras".

Agregó que la propuesta es una medida que lastima a las mayorías y tendrá que buscarse otra alternativa de recaudación. El legislador coincidió con su compañera Martha Tamayo en que la discusión de la propuesta fiscal no será fácil.

Tamayo, presidenta de la Comisión de Honor y Justicia del PRI, señaló que se aplicarán los estatutos contra aquellos que voten en favor del IVA "siempre y cuando haya una denuncia expresa contra alguien en particular". Recordó que la pasada asamblea nacional del tricolor se manifestó contra ese gravamen.

Por el PRD, el coordinador senatorial, Jesús Ortega, refirió que la discusión será difícil por la "necedad" del Ejecutivo de insistir en una medida que ya fue rechazada en 2000. Su compañero Demetrio Sodi planteó que la inclusión del IVA complicará la discusión.

Por su parte, el panista Alberto Martínez Mireles consideró "muy positiva" la medida de proponer IVA en alimentos y medicinas, aunque coincidió con otros senadores en que no es la única manera como se pueden aumentar los recursos.

Al respecto, propuso que además de la generalización del IVA se cierren totalmente las exenciones fiscales que reducen la recaudación.