CIUDAD PERDIDA

Miguel Angel Velázquez

1988: un acuerdo frustrado sobre el Paraje San Juan

POCO DESPUES del histórico fraude electoral que llevó a Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República, en una oficina ubicada en la parte alta de una sucursal bancaria, en una de las calles principales del centro de Iztapalapa, un grupo de personas, que no llegaba a la decena, empezaba a festejar un acuerdo que le dejaría unos cien millones de pesos.

LAS BOTELLAS de coñac Courvoisier se fueron vaciando mientras las anécdotas, los comentarios recordaban momentos de largos procesos legales, de pleitos amañados que por fin parecían tener solución.

LA REGENCIA del entonces Departamento del Distrito Federal había decidido pagar a tres personas cien millones de pesos por un terreno de cerca de 300 hectáreas (cuadradas), donde se asienta el ahora famoso Paraje San Juan.

LAS TIERRAS, que habían sido propiedad de la Caja de Previsión Social de la regencia de la ciudad, estaban en manos de tres personas, una de ellas Arturo Arcipreste, hombre que, a decir de quienes presenciaban el hecho, distaba mucho de ser una persona con los recursos económicos suficientes para ser el dueño de aquel terreno.

LA SITUACION de Arcipreste, se comentaba, era muy precaria. Quienes lo recuerdan de aquellas épocas aseguran que el panadero de oficio era tan pobre que la mayor fuentes de sus ingresos era un supuesto título de pertenencia del Paraje San Juan.

Y ES que Arcipreste tenía como costumbre el sable, es decir, pedía prestado "a todo el que se dejaba" un tanto de dinero que prometía devolver en cuanto el gobierno le diera la parte que le correspondía por esas tierras de Iztapalapa.

EN LAS ocasiones en que le era difícil conseguir prestado, Arcipreste anotaba a sus acreedores en la lista de los beneficiarios del supuesto pago por los terrenos en los que hasta hace no pocos años estaban instaladas las antenas terrenas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), que cualquiera podía observar cuando pasaba por la carretera México-Puebla.

LA REUNION de aquella tarde de 1988 había sido convocada por el representante legal que se había conseguido, con la promesa de un jugoso pago, Arturo Arcipreste: un abogado de nombre Jorge Canedo Vargas, quien, según se cuenta, explicó que para la regencia era necesario un acuerdo entre los tres supuestos dueños del paraje para que se emitiera el cheque que diera fin al conflicto.

LOS PRESUNTOS dueños que habían sido citados a la reunión fueron: Efrén Fernández Salgado, quien decía tener derecho sobre las tierras debido a una herencia; Patricio Avila, a quien se le cedieron los derechos por una deuda, y Arcipreste, quien se decía dueño por haber comprado el paraje a un particular.

LA FIESTA no llegó a feliz término porque no hubo acuerdo. Para el gobierno de aquella época los tres reclamantes tenían derechos y el consenso sobre la indemnización era necesario. Cuando menos eso era lo que decía Canedo, el abogado.

HABRIA UN solo cheque a nombre de uno solo de los afectados, el cual sería el encargado de repartir el dinero. Por eso los otros dos tendrían que estar de acuerdo y acceder a esa componenda con tal de recibir el dinero. Así, la primera propuesta dejaba a Patricio Avila con apenas 15 por ciento del pago.

AVILA RECHAZO la oferta y se negó al acuerdo. Los ofrecimientos aumentaron, pero nunca llegaron a ser equitativos, por lo que el gozo, como se dice por ahí, se fue al pozo. Canedo les advirtió que de todos los papeles presentados al gobierno por los tres "dueños", los "mejores" eran los de Arcipreste porque se hallaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

HASTA ENTONCES la regencia no había confrontado los documentos de propiedad de aquellos tres que desde 1988 ya estaban en busca de un acuerdo, y ninguno conocía los títulos o los registros de los otros.

LOS SUCESIVOS gobiernos, con excepción del actual, pidieron siempre a las partes llegaran a un acuerdo, el cual aún no se ha dado, menos ahora que se sabe que existe un fraude. Ya veremos.

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