León Bendesky

Secuestro

La democracia está secuestrada. Los mismos partidos políticos que supuestamente habrían de resguardarla en el Congreso son los responsables del secuestro. Esta es una gran paradoja de nuestro breve y tambaleante tránsito de un sistema político autoritario a otro que ofrecía ser más abierto, con más participación ciudadana y capacidad de gobierno. Y esta capacidad debería ser entendida en un sentido amplio que incluye el fortalecimiento de las instituciones, la creación de mejores leyes y el cumplimiento de las que existen.

El proceso seguido en la Cámara de Diputados para nombrar al consejo del Instituto Federal Electoral (IFE) no cumple con la norma fijada para ese órgano, que es contar con un alto grado de independencia por la naturaleza de las funciones que debe cumplir. En última instancia, éstas consisten en conducir el proceso de legitimación de las elecciones y lo que ellas significan para esta sociedad en la que esa base de la acción colectiva no acaba de cimentarse. Ahora el IFE, más allá de las personas involucradas en las nuevas designaciones, ha quedado marcado por la decisiva injerencia de los partidos en la renovación de su consejo y por el carácter del desaseado procedimiento que se siguió en San Lázaro.

Es difícil creer que alguien que se tome apenas en serio la política, tal como se hace en este país, se sienta representado por los diputados de todos los partidos que, luego de este espectáculo, tendrán que legislar un presupuesto federal para 2004, y es posible que también una serie de reformas cruciales en el campo fiscal y del sector energético. La conducta de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) deja en claro la forma en que persiguen sus propios intereses y encuentran puntos de acuerdo para promoverlos, aunque no se acerquen convincentemente al de los ciudadanos.

Pero el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es en verdad incomprensible por su repetida renuncia a participar en las decisiones políticas y la gestión efectiva de los problemas nacionales. Ese partido tiene una vocación de marginalidad digna de estudio clínico. Así, deja una y otra vez a quienes lo siguen o votan por sus candidatos a la orilla de la actividad política, sin convertirse en un contrapeso firme de las medidas de gobierno que dice enfáticamente rechazar. Esta no es sólo una anomalía de su naturaleza como partido, parece más bien un caso crónico de esquizofrenia que, así, resulta inútil no sólo como oposición al gobierno sino incluso como una manifestación partidaria de la izquierda.

Este deterioro de la joven democracia mexicana no se da en el vacío. Está aún incrustado en la vieja cultura política que la mayoría de los mexicanos repudia y que no muestra signos reales de modificarse. Está inserta en un proceso más amplio que incluye el estancamiento económico, el deterioro de las condiciones sociales, la desorientación funcional del gobierno, la falta de liderazgo político y la ausencia de proyecto nacional. Tal vez por eso las propuestas de cambio no tienen eco y provocan incertidumbre e incredulidad.

Ahora vienen las reformas que ocuparán los dos últimos meses del año y, de nuevo, el Congreso discutirá con Hacienda propuestas fiscales en torno a modificaciones de tasas de impuestos en distintos renglones. Así, lo más probable es que se sigan relegando dos cuestiones que pueden ser cruciales para alterar la persistente fragilidad fiscal del Estado. Una es la acción decisiva para cobrar los impuestos, o sea, la recaudación, y otra, un manejo del presupuesto federal con un horizonte más largo que se salga de la camisa de fuerza del dogma del ''déficit cero''. Es previsible que esta sea otra oportunidad perdida.

Luego seguirá la ofensiva por la reforma energética que de manera inconsistente se separa de la cuestión fiscal cuando están estrechamente vinculadas. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tienen un cordón umbilical con Hacienda por la transferencia de recursos que hacen al gobierno y el control que éste ejerce de las tarifas. De tal forma, no pueden satisfacer los criterios de rentabilidad empresarial que se les imponen, de lo cual se deriva la evaluación que se hace de su inoperancia y el intento de abrir su funcionamiento y, puede ser, de privatizar su propiedad.

Esa es una contradicción técnica y política de la cual el gobierno y sus operadores del PAN y del PRI en el Congreso no pueden salir, y que les hace imposible exponer un proyecto de manera transparente. Las disputas por la reforma, las declaraciones de los funcionarios, las opiniones de los empresarios, las presiones externas y hasta los luminosos anuncios que ha hecho la Secretaría de Energía para promoverla traen a la memoria las interminables discusiones que tenían Bouvard y Pecuchet cuando pretendían encontrar, sin suerte, las virtudes escondidas de cualquiera de los métodos prácticos y de las ideas que pasaban delante de ellos. Este asunto es parte del secuestro de la democracia y abarca el intento de sugerir que las reformas fiscal y energética que están en el piso del Congreso traerán necesariamente el crecimiento de la economía, el aumento del empleo y mayor bienestar.