Armando Labra M.

En corto, electricidad

Se acerca la hora cero para el sector eléctrico y todavía para muchos mexicanos no queda claro de qué se trata; por eso las opiniones están tan divididas, unas de buena fe, otras no tanto. Siendo un asunto complejo, es posible analizarlo sencillamente, sin caer en simplismos ni cifras alegres. Basta, creo, con la razón.

Privatizar toda o en parte la electricidad es una idea que acarician los fanáticos de las privatizaciones, esos que Stiglitz critica por haber confundido los fines con los medios; para quienes se trata de privatizar por privatizar. No sin perversidad, Salinas hizo posible la inversión privada actual en el sector eléctrico, legislando contra la Constitución. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en efecto, permite lo que la Constitución prohíbe y, en vez de cumplir con la Carta Magna, lo que ahora se intenta es cambiarla para subordinarla a la ley secundaria. Aberrante, ¿no? Pues esa fue la reforma de Salinas en diciembre de 1992 y su reglamento un año después. Diciembre, mes de las "bolas rápidas" en la Cámara. Ese es el pensamiento neoliberal dogmático privatizador: las leyes son para cambiarlas, no para cumplirlas.

Se ha tratado de argumentar que por la insolvencia financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para las inversiones requeridas por el país para el abasto eléctrico, resulta imprescindible la participación del capital privado. Falso. La CFE es un gran negocio, por eso lo apetecen los capitales privados.

Se ha inflado el monto de las inversiones requeridas a futuro por la CFE para surtir suficiente fluido eléctrico, con el avieso fin de hacer sentir que el gobierno no podrá solventarlas. Sin embargo los técnicos aseguran que los dineros requeridos son la mitad de lo anunciado y que aun si fueran el doble la CFE puede financiar las operaciones. Por ejemplo, se calcula que para el lapso 2003-2012 la CFE generará ingresos propios para financiar inversiones hasta por 580 mil millones de pesos, mientras que las inversiones requeridas para asegurar el abasto a largo plazo suman, en ese lapso, entre 246 y 420 mil millones, según el esquema de pagos, diferidos o no, que se adopte.

Como parte de la confusión, quienes cínica, bona fide o vergonzantemente prohíjan la privatización dicen que "no se enajenará lo que es del pueblo". Lo que seguramente saben es que, en efecto, en la visión privatizadora las operaciones actuales de la CFE seguirían siendo gubernamentales, pero que todo nuevo incremento en la generación de electricidad será privado. Que la CFE seguiría subsidiando a los pobres y los privados harían el negocio de surtir los ricos y a las empresas grandes. Entonces sí, la CFE se descapitalizaría y eventualmente habría de cerrar, mientras los privados prosperarían controlando el servicio para su peculio.

Este esquema no es nuevo y ha fracasado sistemáticamente en todo el mundo. El sonado caso de California es memorable: cuando no se autorizó a los privados subir las tarifas, simplemente dejaron de generar electricidad y dieron al traste con la poderosa economía californiana. A eso nos arriesgamos dejando en manos privadas la generación de la energía eléctrica; además nos arriesgamos innecesariamente, porque la CFE tiene todo para seguir dando el servicio, realizar las inversiones y garantizar el control de las tarifas desde una perspectiva de interés nacional, no sólo empresarial.

Quienes apoyan declarada o medrosamente la privatización del sector eléctrico en México están pensando en cualquier cosa menos en el interés del país. De prosperar, la privatización de inmediato impactaría al alza las tarifas -¿o qué, cobran o cobrarán menos los privados, querrán no hacer negocio?- y por tanto aumentarán los costos de producción. En consecuencia, bajará la competividad de los productos mexicanos en un mercado donde de suyo estamos perdiendo espacios apresuradamente. El alza de tarifas, que es inevitable por más que nos digan que no, tendrá un efecto inflacionario y sin duda desalentará la urgente recuperación económica, en momentos en que nos encontramos con el agua al cuello, en franca recesión.

¡Claro que hay presiones externas para privatizar!, pero ¿de quién? Pues de las empresas privadas que ya abastecen 18 por ciento del consumo nacional más rentable (¿acaso con tarifas más bajas?) y harían el negocio a escala y control total del servicio eléctrico. La dosis de corrupción que ha caracterizado a las privatizaciones en México y en el mundo es proverbial. Ni más ni menos que la corruptísima Enron ha sido la asesora estrella del gobierno mexicano sobre el tema. Es la que confeccionó el torpe planteamiento legislativo del gobierno zedillista, con base en la obsoleta legislación inglesa y que, por su ineptitud, ha hecho suyo el gobierno foxista en su lamentable iniciativa de agosto de año pasado.

A la luz de las historias privatizadoras, de la situación económica, de la moral pública y el interés nacional, de las perturbadoras implicaciones a futuro y de la más elemental lógica, pospóngase la mentada privatización eléctrica hasta que se tenga cabal noción y certidumbre de los beneficios que traería al país y que hasta ahora se desconocen. ¿Es demasiado, como mexicanos, exigir esto?