Denuncian abusos policiacos y militares en informe al Alto Comisionado de la ONU

Señalan especialistas la persistencia de graves violaciones a derechos indígenas

VICTOR BALLINAS

Las violaciones a los derechos humanos de los indígenas ocurren en un marco de alto grado de conflictividad social -acompañadas frecuentemente de violencia- en torno a problemas agrarios, ambientales y políticos que se repiten en casi todas las regiones donde se concentra esta población, mayoritariamente campesina. Aunado a ello, Oaxaca y Guerrero "son estados de alta conflictividad, ya que debido a conatos guerrilleros se incrementó la presencia policial y del Ejército, así como la actuación de grupos paramilitares".

Después de la fuerza pública -policías municipales, estatales y federales, así como el Ejército nacional- es en el sistema judicial en el que los indígenas son las víctimas más notorias de violaciones a garantías fundamentales, abusos que incluyen vulnerar el derecho a la vida y a la integridad física y a la seguridad. "Se ha notado una preocupante tendencia a la criminalización de la protesta y la disidencia social".

Así lo destaca el borrador del informe La situación de los derechos humanos en México, que académicos, investigadores y expertos elaboraron para la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el diagnóstico se destaca que en Chiapas la situación de los derechos humanos ha tenido una evolución particular a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Subraya el documento que dicha rebelión tiene sus raíces en las profundas injusticias acumuladas en una estructura socioeconómica de origen colonial que oprimió, explotó y marginó sistemáticamente a la población indígena.

Los investigadores y consultores (Clara Jusidman, Sergio Aguayo, Isidoro H. Cisneros y Miguel Sarre) que son autores del borrador del diagnóstico abundan en el caso de Chiapas:

"El movimiento zapatista apareció como una opción de lucha contra añejas violaciones a derechos humanos de los indígenas, pero en la medida en que esta opción no es compartida por toda la población de la 'zona en conflicto', se inscribe también en el marco de relaciones dificultosas entre distintas organizaciones sociales y políticas de la región, que involucran a los pueblos indígenas de uno y otro bando y que han generado ocasionalmente situaciones de extrema violencia y violaciones graves a los derechos humanos".

En el borrador del diagnóstico se apunta que "una parte de la situación de violencia que viven las comunidades indígenas en Chiapas se debe a la presencia de grupos civiles armados o paramilitares que están vinculados a las estructuras del poder local y estatal, que intervienen violentamente en los conflictos políticos y sociales de la región con saldo de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y desplazadas.

"Al principio, el conflicto se circunscribía a las Cañadas del municipio de Ocosingo, en donde tiene su base principal el EZLN; posteriormente la conflictividad social -y las violaciones a los derechos humanos- se manifestaron también en otras partes del estado, particularmente en la Selva Lacandona, los Altos y la Zona Norte."