Delitos de Nazar Haro y otros cometidos en la guerra sucia no han prescrito, sostiene

El Comité del 68 insta a la Corte a allanar el camino para castigar a represores

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Sobre las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrantes del Comité del 68 colocaron una ofrenda para recordar a quienes murieron durante las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como a las víctimas de la guerra sucia.

Ahí, entre un pendón colocado en la puerta principal del máximo tribunal, en el que se leía: "basta ya de impunidad (...) justicia y sólo justicia", y consignas como "¡Nazar, asesino, tu eres el enemigo!", los ex integrantes del Consejo Nacional de Huelga exhortaron a los cinco miembros de la primera sala del máximo tribunal a votar en favor del proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juventino V. Castro y Castro, con el que propone a sus compañeros del órgano colegiado declarar la no prescripción del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de plagio o secuestro, en agravio de Jesús Ibarra Piedra, quien fue arrestado y desaparecido el 18 de abril de 1975 en Monterrey, Nuevo León.

Además, advirtieron a los ministros de la Corte que "no estamos dispuestos a admitir ninguna resolución que vaya en contra de la acción de la justicia", y exigieron al magistrado Humberto Román Palacios -uno de los cinco ministros que integran la primera sala- que se "excuse" de participar en la decisión del máximo tribunal respecto al caso de Piedra Ibarra, porque en su momento se desempeñó como coordinador de asesores de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, durante la administración de la procuradora Victoria Adato, y uno de sus asesores fue Miguel Nazar Haro (creador de la Brigada Blanca), a quien la Procuraduría General de la República (PGR) responsabiliza, junto con Luis de la Barreda Moreno (ex director de la Dirección Federal de Seguridad), de la desaparición del hijo de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra.

Como se recordará, el pasado 8 de octubre la primera sala de la SCJN determinó, por votación de tres contra uno, que la Corte se convirtiera en "tribunal de legalidad". En esa ocasión, el ministro Román Palacios se opuso a la petición del titular de la PGR para que el máximo tribunal revisara en segunda instancia la negativa (22 de abril de 2003) del juzgado cuarto de distrito en materia penal, con sede en Monterrey, Nuevo León, de obsequiar las órdenes de aprehensión contra De la Barreda y Nazar Haro.

Durante el acto, que se inició minutos antes de las 12 horas, en el que participaron al menos 15 miembros del Comité 68, entre ellos Félix Hernández Gamundi, César Tirado, Jesús Martín del Campo y el poeta Leopoldo Ayala, se leyeron varias "calaveras justicieras" dedicadas al ex presidente Luis Echeverría, a la SCJN, a la impunidad y hasta al juez cuarto de distrito de Monterrey, Guillermo Velázquez.

Una de las calaveras más significativa fue la dedicada a la falsa "prescripción", la cual corearon los participantes de la ofrenda: "El delito es continuado / la persecución prosigue / por eso es que no prescribe / lo que es crimen de Estado / que aún no se han computado / los tiempos de los delitos / así que vamos juntitos / haciendo justicia plena/ Gobierno, Fiscalía y Sedena.

En entrevista con La Jornada Hernández Gamundi aseguró que este año la ofrenda se colocó en la SCJN y no en la Plaza de las Tres Culturas, como tradicionalmente se hace cada año, "para indicarle al máximo tribunal que el pueblo mexicano se mantiene vigilante y en espera de la decisión que ellos habrán de tomar el próximo día 15 de noviembre respecto a la prescripción de los delitos de genocidio y desaparición forzada cometidos en nuestro país durante la guerra sucia".

Además, hizo mención al caso de Ricardo Miguel Cavallo, ex represor argentino que fue extraditado a España luego de que la Corte determinara que procedía su envío a ese país, donde fue requerido para ser juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de Argentina.

Asimismo dijo que "en el caso de los delitos cometidos en nuestro país por mexicanos, la Corte no puede resolver en un sentido distinto al que lo hizo en el caso de Cavallo; debe determinar que son delitos continuados y no prescriben".

Finalmente, al preguntarle su opinión respecto a la sustracción del Archivo General de la Nación de documentos que soportan las averiguaciones previas sobre la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, Hernández Gamundi advirtió: "es una llamada de atención muy importante; es una señal de cómo siguen actuando con impunidad las personas interesadas en que no se castigue a los responsables de la guerra sucia. Sin embargo, el hecho de que ellos desaparezcan parte de los archivos no va impedir los juicios, porque a estas alturas hay un expediente suficientemente completo en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado".