El pasado fin de semana el gobierno israelí anunció su decisión de "remover" al acosado presidente palestino, Yasser Arafat, sin precisar si tal "remoción" significaba expulsarlo de Cisjordania o matarlo. El viceprimer ministro de Tel Aviv, Ehud Olmert, aportó la precisión que hacía falta y afirmó que el régimen que encabeza Ariel Sharon considera el asesinato de Arafat "una opción". Fieles a su tradicional ambigüedad declarativa, y ante la ola de indignación mundial que provocaron semejantes declaraciones, los gobernantes israelíes, por boca del canciller Silvan Shalom, se desdijeron parcialmente de la amenaza de homicidio y aseguraron que su deportación no sería, en todo caso, "una acción inmediata". Dos días más tarde -ayer-, el embajador de Tel Aviv ante la ONU, Dan Gillerman, afirmó que "la retirada" del líder palestino se traduciría en el rápido fin del conflicto en Medio Oriente.

Ante la manifiesta amenaza contra la integridad física de Arafat, la representación siria ante Naciones Unidas presentó en el Consejo de Seguridad del organismo un proyecto de resolución que exigía a Israel, en su condición de potencia ocupante de los territorios palestinos, "desistir de cualquier acto de deportación y dejar de amenazar la seguridad del presidente electo de la Autoridad Nacional Palestina". La propuesta recibió el respaldo de 11 de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, en tanto que Gran Bretaña, Alemania y Bulgaria se abstuvieron. El gobierno de George W. Bush, representado por John Dimitri Negroponte, vetó la resolución, alegando que no contiene una condena explícita a las prácticas terroristas de los grupos radicales palestinos.

El episodio permite formular claramente dos conclusiones. La primera es que, pese a toda la verborrea empeñada por el actual gobierno estadunidense contra el terrorismo, en los hechos la Casa Blanca y el Departamento de Estado otorgan a sus aliados la cobertura diplomática -y militar y económica- para que realicen las acciones terroristas que juzguen convenientes, como sería, en este caso, el homicidio de Arafat. De hecho, hace muchos años que Tel Aviv practica el asesinato furtivo de líderes palestinos, tanto en los territorios ocupados como en otros puntos del planeta. Las ejecuciones extrajudiciales, que hasta hace poco solían ser efectuadas por los servicios secretos israelíes, son ahora llevadas a cabo, sin ningún pudor, por las fuerzas militares regulares de los ocupantes de Palestina. Esas y otras acciones hacen de Israel un practicante regular del terrorismo de Estado y sitúan a Estados Unidos, su protector incondicional, en el bando de los terroristas.

Otra conclusión inevitable es la urgente necesidad de democratizar el Consejo de Seguridad de la ONU y abolir en él el injusto, aberrante y peligroso derecho de veto del que gozan sus cinco miembros permanentes. Ese derecho, que refleja la correlación planetaria de fuerzas militares inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, impide con frecuencia, como ocurrió ayer, que el Consejo de Seguridad defienda de manera efectiva la paz, la legalidad internacional, los derechos humanos y el más primario sentido de la ética.