De acuerdo con documentos revelados ayer por el juez Brian Hutton, quien investiga la muerte del científico británico David Kelly, en el marco del escándalo por las mentiras y la falsificación de pruebas sobre las inexistentes armas químicas que se decía que poseía el derrocado régimen de Saddam Hussein, fue el propio primer ministro inglés, Tony Blair, quien autorizó la filtración del nombre del fallecido experto en armas, que desembocó en el suicidio de Kelly el mes pasado.

Es oportuno recordar que Kelly, como integrante del equipo de inspección de armas de la ONU en Irak, y en su calidad de asesor del Ministerio de Defensa Británico, percibió claramente que el argumento principal de los gobiernos de Washington y Londres para agredir militarmente a Irak, la supuesta posesión de peligrosas armas que podrían ser dirigidas "en 45 minutos" contra esas potencias, era un invento sin bases. El científico creyó honestamente que la inspección echaría por tierra el infundio y que George W. Bush y el propio Blair tendrían que desistir, en consecuencia, de su empeño bélico. Pero ambos gobernantes mantuvieron sus mentiras y arrasaron y ocuparon el país árabe. Probablemente atenazado por el remordimiento, Kelly comunicó en forma confidencial a periodistas de la BBC de Londres su convicción de que el gobierno había mentido.

En venganza, Blair y su equipo hicieron pública la identidad de Kelly, quien fue sometido a una dura presión por el Parlamento y por sus superiores del Ministerio de Defensa. El 18 de julio la policía encontró el cadáver del científico en un bosque cercano a su domicilio. Kelly se había cortado las venas. Apenas dos días antes, el 16 de julio, Blair exigía a la BBC que hiciera público el nombre de su informante, cuando él mismo había ya ordenado la filtración del dato.

De esta forma se evidencia que el primer ministro inglés y los suyos no sólo distorsionaron a conciencia la realidad sobre el arsenal de Saddam Hussein, a fin de presentarlo como una "amenaza", sino que se empeñaron en proteger esa versión aun después de finalizada la invasión a Irak; luego, cuando Kelly descalificó los infundios gubernamentales, se encarnizaron contra el científico, procuraron su destrucción moral y pretendieron amordazar, de paso, a la BBC, atentando de esa forma contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el principio de transparencia. Tras el suicidio de Kelly, los gobernantes ingleses han negado reiteradamente su responsabilidad en el trágico episodio. Blair y los suyos, en suma, han engañado a la opinión pública de su país y del mundo desde hace muchos meses.

La inmoralidad y la falta de escrúpulos de las autoridades de Londres se ha traducido, en lo inmediato, en la caída en picada de la credibilidad del propio Blair; 67 por ciento de los británicos se siente engañado por su gobierno y 58 por ciento ha optado por no creerle al primer ministro.

La mentira sistemática es, con todo, el menos grave de los crímenes en los que están involucrados los integrantes del gabinete inglés. Lo verdaderamente escandaloso es su participación en el quebrantamiento de la legalidad internacional, en el asesinato de miles de iraquíes, en la destrucción material incuantificable sufrida por la nación árabe debido a las tropas invasoras -estadunidenses y británicas- y en el saqueo, que apenas comienza, de los recursos naturales de Irak. Si la vigencia de la legalidad en Gran Bretaña fuera algo más que una frase bonita, Blair y sus colaboradores deberían ser investigados por todos esos delitos, no sólo por el acoso criminal contra David Kelly.