Miembros del Buque por la paz se manifestaron contra la guerra y por los derechos humanos

Deriva en mitin político lvisita de activistas japoneses a Acapulco

ONG nacionales exigieron liberar a 500 "presos políticos" y desmilitarizar zonas campesinas

MISAEL HABANA Y JESUS SAAVEDRA CORRESPONSALES

Acapulco, Gro., 24 de agosto. Decenas de activistas del Barco de la paz (Peace boat) realizaron un mitin en el zócalo porteño, al que acudieron representantes de organizaciones sociales nacionales que se manifestaron contra la guerra y la violación de los derechos humanos.

A nombre de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos, el líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y ex preso político, Benigno Guzmán Martínez, exigió la liberación de "500 presos políticos que se encuentran en cárceles del país", la presentación de los desaparecidos y el regreso a sus cuarteles del Ejército Mexicano que está desplegado en las comunidades campesinas.

El ciudadano japonés Noria Shinsaku, miembro del Comité Ejecutivo de Peace Boat, dijo que esta embarcación recorre el mundo y visita lugares donde hay conflictos graves de violaciones a los derechos humanos, por ello acudieron a las oficinas de la ONU, donde se reunieron con la comisión de desarme para exigir un alto al unilateralismo estadunidense y crear una zona sin armas nucleares en Asia.

El Buque de la paz, que llegó el sábado a Acapulco, salió la tarde de este domingo de la bahía de Santa Lucía rumbo a la costa del Pacífico estadunidense; luego desembarcará en algunas ciudades de Canadá y Alaska y en septiembre regresará a Tokio, de donde partió en junio pasado con 800 personas a bordo.

Noria Shinsaku convocó a los ciudadanos del mundo a oponerse a la globalización; se manifestó contra el Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas; exigió además crear condiciones para promover la paz, los derechos del los pueblos y la protección del ambiente.

Por su parte, Tetsuo Maeda, profesor de la Universidad de Tokio Internacional, especialista en armamentismo, se manifestó contra esa práctica y las guerras.

En el acto estuvieron la activista Nuria Fernández, los sobrevivientes y ex presos de la matanza de El Charco, Erika Zamora y Efrén Cortez. Asimismo una decena de niños huérfanos, algunos de los cuales perdieron a sus padres en la matanza de Aguas Blancas. Nuria Fernández dijo que era un ejemplo de las violaciones de derechos humanos que se viven en Guerrero.

Efrén Cortez denunció que en el hotel Fiesta Tortuga a la vocera de Peace boat, Kumi Watanabe, le sustrajeron mil dólares, una computadora portátil y documentos, entre ellos información de algunos miembros de la organización.

Entre las no más de 200 personas asistentes al mitin estaba Arturo Campos, líder de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, quien denunció la grave situación de inseguridad que se vive en la región de Ayutla, región de la Costa Chica, a pesar de la fuerte presencia de policías y soldados.

El líder afirmó que los suyos siguen siendo marginados de la obra social del gobierno por no hablar español. Pidió al gobierno del estado construir carreteras en los municipios indígenas de Guerrero "porque los caminos de terracería se encuentran destrozados por las lluvias".

Cese al hostigamiento militar, piden familiares de desaparecidos

En Chilpancingo, en tanto, familiares de las víctimas de los desaparecidos políticos durante la guerra sucia en los años 70 exigieron al Presidente de la República que ordene a la Procuraduría General de Justicia Militar cesar el hostigamiento jurídico en su contra.

La Asociación de Familiares de Desaparecidos Políticos en México (Afadem) denunció que desde febrero el Ministerio Público Militar (MPM) instaló una oficina en Atoyac de Alvarez, donde han sido citados unos 50 familiares de los desaparecidos.

Tita Radilla, dirigente estatal de la Afadem, dijo que el capitán Ernesto Medina León continúa hostigando mediante citatorios e interrogatorios "a varios paisanos de estos lugares de Atoyac, a quienes obligan a comparecer en una averiguación previa que parece más un acto de intimidación que de investigación".

El capitán Medina León es el agente del MPM que lleva la causa penal 1723/2002 en la que se investigan las desapariciones forzadas de un centenar de personas.

De acuerdo con la averiguación previa SC/257/2002, integrada en la PGJM, el militar Francisco Javier Alonso es acusado de homicidio calificado y lo que resulte, en agravio de varias personas -no especifica cuántas-. En la misma indagatoria se especifica que los crímenes fueron perpetrados en las instalaciones de la Base Aérea 7 de Acapulco en la década de los 70.

De febrero a la fecha el MPM ha solicitado las declaraciones de por lo menos 50 familiares de los agraviados, sin embargo, para la Afadem a través de esos citatorios, lejos de ahondar en las investigaciones y deslindar responsabilidades por esos "crímenes injustificables", se busca amedrentar a los familiares de las víctimas de la guerra sucia.