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México D.F. Lunes 25 de agosto de 2003

Armando Labra M.

Educación, filias, fobias

El estilo de las negociaciones comerciales internacionales es de sobra conocido: se sientan los estrategas políticos e ideológicos de los países ricos, deciden y luego realizan incesantes reuniones legitimadoras con resultados prefabricados, en las que, como vimos en el caso del TLCAN, los interesados nacionales, rigurosamente seleccionados por su docilidad, sean empresarios, agricultores, prestadores de servicios, etcétera, si acaso se sientan en "el cuarto de junto" a simular que participaron y a validar con su presencia los acuerdos ya tomados por los negociadores. Negociadores que no negocian, sólo firman. Ese sigilo simulador tiene como consecuencia que, al momento de aplicar los acuerdos comerciales, los sectores reales de la producción y los servicios, que nunca fueron tomados en cuenta, reaccionen con justificada irritación. Lo que tenemos enfrente en Cancún es una reunión más de la suprema instancia de legitimación de acuerdos comerciales: la Organización Mundial del Comercio (OMC), en un horizonte complejo del que vale la pena destacar dos facetas que nos atañen.

Por una parte, existe una rebelión generalizada contra un hecho esencial: los países más ricos que impulsan y enarbolan el libre comercio son los que más protegen a sus economías y más violan los acuerdos de "libre comercio". Lo hacen impunemente con el amparo y apoyo de sus gobiernos, que no se detienen para doblegar a los de los firmantes pobres. Caso típico: los subsidios que unilateralmente aplica el gobierno de Estados Unidos al campo y la incapacidad técnica y política de México para evitarlo.

De otra parte y más soterradamente, con el sello avieso y simulador de la casa, en Cancún la OMC buscará pasar como bola rápida un tema sustantivo. Se trata del Acuerdo General de Comercio de Servicios que habremos de firmar en enero de 2005 y que, entre otras cosas, pretende tornar irreversible la apertura del sector educativo mexicano que ha venido dándose, silenciosa, mañosamente desde 1994.

Hemos dado todo, para variar, a cambio de nada. El sistema educativo está totalmente abierto salvo por la limitación de 49 por ciento de capital foráneo en el caso de inversiones extranjeras -porcentaje que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras elevará a 100 por ciento si lo desea. Se pretende que tal apertura quede plasmada en el acuerdo de 2005, que se consagre como intocable para siempre, que no haya retorno.

Para empezar, como recién declaró el vocero de la SEP apenas el pasado 11 de agosto, esta dependencia ni siquiera ha sido notificada oficialmente de las negociaciones o trámites que realiza la Secretaría de Economía desde hace muchos años en materia de apertura educativa. Es claro que el tema no es comercial, es educativo, pero la OMC concibe a la educación como simple mercadería. Nadie en México ha evaluado el impacto académico de la apertura ya existente en el sector educativo ni las repercusiones nacionales de aceptar que tal condición se convierta en compromiso irreversible.

Pudiera tratarse de un impacto maravilloso, igual un desastre, no sabemos. Lo que sí podemos constatar sin necesidad de sesudos estudios son algunos alarmantes resultados. La proliferación de universidades patito y que tal fenómeno se extienda, incontrolado, a todo el sistema educativo y en todo el país, es evidente. Como lo es la ausencia de registros o instancias que aprueben y revisen periódicamente los planes de estudio, métodos de enseñanza, instalaciones de las escuelas y universidades del país. Cualquiera pone una escuela o universidad en cualquier lugar de México, sin mayor papeleo ni supervisión, y opera estrictamente como negocio, por lo regular defraudando al estudiante, al fisco y a la nación.

El avance de tan descomunal despropósito no es atribuible a la OMC ni lo resolverán sólo los fílicos ni los altermundistas en Cancún. El problema radica en las prolongadas gestiones embozadas de gobierno y en la deliberada marginación de la sociedad, así como de la parte clave del propio gobierno.

Tampoco dependerá de la OMC enmendar el entuerto, sino de la sociedad mexicana a través de sus representantes populares, sus organizaciones educativas y sociales, incluso de sus autoridades gubernamentales hoy soslayadas, en la medida que demanden urgentemente a la Secretaría de Economía conocer el detalle de las negociaciones. Ello permitirá evaluar el proceso para encauzarlo desde una perspectiva académica y con oportunidad, tener claro qué sucede y qué debe suceder con un asunto crucial para la vida nacional, como es el proceso educativo que asienta los valores, conocimientos y capacidades de los mexicanos.

Enmendar nosotros los entuertos antes de firmar en 2005 resulta imperativo; después, lo hemos constatado, siempre es demasiado tarde.

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