Se busca evitar que el tema sea debatido en el Congreso

Sectur propone otorgar casinos mediante concesiones

Los establecimientos serían considerados empresas del Estado, según el proyecto; descartan rescate como el carretero

ENRIQUE MENDEZ

El gobierno de Vicente Fox buscará instalar casinos en México mediante la figura de empresas del Estado, que sean administradas por particulares a través de una concesión, en un esquema similar al que opera en Canadá. Las concesiones serían, en principio, a 10 años para que en ese lapso los inversionistas involucrados puedan recuperar el costo de la construcción de esos centros de apuesta.

Con ello ya no sería necesario que el Congreso discuta una reforma a la Ley de Juegos y Sorteos. El proyecto, preparado por el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Rodolfo Elizondo, será presentado al mandatario en los próximos días para que dé su aval.

Se plantea que inicialmente se construyan dos casinos, uno en una ciudad fronteriza en el norte del país y otro en un puerto turístico en desarrollo, posiblemente en el Pacífico.

La intención de la dependencia es "destrabar" la discusión sobre la instalación de centros de juego con apuestas, que lleva ya nueve años en el Congreso de la Unión.

El trámite para la apertura de casinos se realizaría con base en la actual Ley de Juegos y Sorteos, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a partir de una negociación entre los dos estados que se involucren en el proyecto, así como los gobiernos municipales que otorgarían las licencias de construcción y operación.

Las empresas serían, explicaron funcionarios involucrados en el proyecto, propiedad del Estado, que las entregaría exclusivamente para su administración a consorcios especializados en el manejo de casinos. La mayor parte de las ganancias, dijeron, serían para el gobierno federal y la concesión implicaría para la administradora obtener sólo un porcentaje de los ingresos.

La propuesta plantea que se busquen inversionistas para la construcción de esos centros de juego, como se hizo con las carreteras. Aunque se explicó que no se correría el riesgo de un rescate similar al de las constructoras de caminos, pues en este caso los casinos son fuente de ingresos seguros.

Con esta idea, Elizondo retoma su plan de abrir casinos en México, que ha sido su "bandera", junto con el ecoturismo, desde que fue presidente de la Comisión de Turismo en la 56 Legislatura de la Cámara de Diputados.

Además pretende evitar que una nueva discusión de reforma a la Ley de Juegos y Sorteos se politice y la iniciativa vuelva a fracasar.

Conflicto de interés en la Cámara

Los funcionarios involucrados en el proyecto recordaron que todavía en el último periodo ordinario de sesiones de la 58 Legislatura, los "intereses económicos y políticos" de los diputados, "sobre todo del PRI", hicieron naufragar la iniciativa de Ley de Juegos con Apuestas y Sorteos, aun cuando la Comisión de Turismo intentó destrabar la discusión en la última semana de trabajos legislativos.

En abril pasado, una semana antes de concluir el periodo de sesiones, La Jornada documentó que el fracaso de la reforma a esa legislación se debió principalmente a dos factores:

Primero, a que involucrados algunos con empresarios hoteleros que desean la instalación de casinos en México, y comprometidos otros con los propietarios de centros de juego y apuestas ya establecidos -sports books y yaks-, cuyos negocios se verían afectados si se da la autorización, los legisladores del PRI y los miembros del Comité Ejecutivo optaron por no confrontarse más y votar, por orden de Roberto Madrazo, contra el dictamen.

Segundo, a que entre los propios priístas hubo acusaciones -Manuel Añorve habló de "cochupos"- de haber aceptado sobornos y viajes, con todo pagado, a Las Vegas y Montecarlo. Como parte de esa discusión, el propio Añorve señaló al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, de haber intervenido, mediante un "representante" del gobierno federal, para que en el dictamen de la iniciativa, presentada en febrero de 1999, se autorizaran los casinos.

Sólo que, dijo, ese "representante" resultó ser Guillermo Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Financieros, quien participó en las sesiones de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con la autorización del actual presidente de la Cámara, Armando Salinas Torre, al que se pretendía designar comisionado nacional de juegos y sorteos una vez aprobada la ley de apuestas, que finalmente se quedó en la congeladora.