Despachos de Diego Fernández y Fauzi Hamdan acaparan juicios

El TFJFA, rico filón para legisladores litigantes

Los senadores utilizan sus relaciones con magistrados que ratificaron

ANDREA BECERRIL /II Y ULTIMA

Este año, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), donde se dirimen las inconformidades de los particulares en contra de la Secretaría de Hacienda y de las demás dependencias del gobierno federal, lleva juicios por un monto superior a 90 mil millones de pesos. Un rico filón por el que pelean los grandes despachos de abogados, entre ellos los de los panistas Diego Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdan Amad, sólo que estos últimos llevan ventaja sobre los demás litigantes.

En su calidad de senadores proponen y aprueban las leyes en materia fiscal, y ratifican además a los magistrados de ese tribunal. El propio presidente del TFJFA, Alejandro Sánchez Hernández, contó con el aval de los mencionados legisladores. Es el tráfico de influencias al que se refirió la también senadora del blanquiazul Luisa María Calderón en su propuesta de reforma constitucional, que prohíbe a los miembros del Congreso litigar o intervenir en actividades lucrativas.

En breve entrevista, Hamdan sostuvo que la decisión de avalar los nombramientos de los magistrados del TFJFA es del Senado en su conjunto, no de él en particular, aunque en su carácter de presidente de la Comisión de Hacienda tiene la última palabra. Ello le ha permitido en los últimos años tejer una fina red de complicidades y avalar las injusticias cometidas por el presidente del tribunal, Sánchez Hernández, de filiación también panista.

Además del caso de Aurora Cortina -hija del fundador del tribunal, quien fue despedida de sus funciones-, otro asunto muy cuestionado dentro de ese organismo es el del magistrado Luis Humberto Delgadillo, a quien no se ratificó en diciembre del año pasado para que su lugar lo ocupara una pariente política del entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro, hoy diputado federal del PAN.

El senador Hamdan se prestó a ello y preparó los dictámenes para ratificar dos nombramientos, con apenas 15 días de diferencia, a favor de Nora Urby Genel. El primero, como magistrada de sala regional, del 27 de noviembre, y después como magistrada de sala superior, el 14 de diciembre. El legislador no tomó en cuenta que ella sólo tenía cinco años en la magistratura, frente a la trayectoria de Luis Humberto Delgadillo, doctor en derecho, con más de 20 años de carrera judicial.

Una vez que en el Congreso se aprobó el dictamen impulsado por Hamdan desde la Comisión de Hacienda, y se ratificó el nombramiento de Urbi Genel, el magistrado Delgadillo se acogió a la jurisprudencia de la Corte, que exige fundar y motivar la no ratificación de una magistratura. Consiguió de inmediato la suspensión provisional; el juicio sigue, pero también las presiones del presidente del TFJFA, que al día siguiente de conocer la determinación de la Corte cesó a la secretaria general de Acuerdos, Gabriela Buenrostro.

Ella es esposa de Delgadillo, lleva 20 años en el tribunal, pero Sánchez Hernández decidió despedirla, como hizo con la ex magistrada Aurora Cortina, enfadado quizá porque se le fue abajo, al menos por el momento, la decisión de colocar en la sala superior a Urbi Genel. Es un asunto que le interesa mucho por los lazos familiares de ella con Juan de Dios Castro, pieza central que explica el sorpresivo arribo de Sánchez Hernández al tribunal. En 2001, cuando falleció un magistrado de sala superior, este último ocupó de inmediato su lugar.

Hamdan intervino también en la ratificación de Sánchez Hernández, quien llegó luego de 18 años de magistrado en la sala regional de Torreón y por medio de una cercana amistad con quien en ese entonces era consejero jurídico de la Presidencia de la República.

Con el impulso desde Los Pinos y el aval de Fernández de Cevallos y Hamdan, a los pocos meses de estar en la sala superior Sánchez Hernández fue nombrado presidente del TFJFA. En el tribunal, en tanto, hay magistrados con más de 30 años de trayectoria, como el decano Rolando Arreola -de gran prestigio académico y autor de tratados-, a los que no se da oportunidad de avanzar.

Ha habido además violación de derechos humanos del personal del tribunal, como ocurrió con la secretaria Estela Núñez, quien fue golpeada por su jefe, amenazada para que no lo denunciara y presionada para renunciar a dos años de su jubilación, mientras su agresor fue ascendido.

El problema, coinciden las senadoras del PRI Dulce María Sauri y Martha Tamayo, es que no hay una carrera judicial en el TFJFA, lo que implica un gran retraso, porque en el caso de la Suprema Corte de Justicia se dieron las reformas necesarias a fin de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales para dejar a los ministros únicamente la tarea de juzgar, fuera de toda injerencia, el nombramiento de jueces y magistrados. En el tribunal, en cambio, el presidente ejerce un poder omnímodo, maneja a su antojo el presupuesto sin dar cuentas a nadie y puede remover a quien, como la magistrada Cortina, propone los cambios legales necesarios para modernizar ese organismo.

Parte medular del ensayo que el presidente del tribunal calificó como ''subversivo'', y que usó como pretexto para remover a Cortina de la dirección del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa y Fiscal, se refiere al retroceso que significa dar a la sala superior la facultad exclusiva de proponer la designación o ratificación de magistrados.

De ahí que sea primordial iniciar ''las importantes reformas que requiere este órgano, la más urgente la instauración de una carrera jurisdiccional que dé confianza a la sociedad de que los nombramientos de quienes tienen a su cargo la misión de impartir justicia administrativa sean hechos con imparcialidad y objetividad'', se advierte en el documento de Aurora Cortina.

Ni a Fauzi Hamdan ni a Diego Fernández de Cevallos les interesa que haya una carrera judicial y el tribunal sea autónomo; por el contrario, el pasado 24 de abril, en nombre de toda su bancada, presentaron una propuesta de reforma constitucional para judicializar ese órgano, es decir, para integrarlo al Poder Judicial.

Esto choca con la postura que Hamdan había mantenido hasta hace pocos meses. Se recuerda, inclusive, un fogoso discurso que pronunció en agosto de 2001, durante el 65 aniversario de la creación de ese tribunal, frente al presidente Fox, funcionarios hacendarios y el vicepresidente del Consejo de Estado francés, Renaud Denoix de Saint Marc. Ahí el senador panista defendió de manera tan apasionada la autonomía del TFJFA, que hasta rompió el micrófono.

Hamdan enumeró en ese entonces los avances logrados por el tribunal, las muchas modificaciones a leyes en materia fiscal en las que él intervino, informó que habría de presentar otras más para fortalecer su desempeño y se preguntó luego por qué el organismo habría de pertenecer al Poder Judicial de la Federación. ''šNo tiene ningún objeto, ningún caso, mejor autónomos! šQue hermoso! šEs toda una institución y déjenme decirles más, muchos no saben de su real y efectiva existencia, ni mucho menos de su ámbito de competencia!''

Dos años después, sin embargo, con decenas de juicios ganados en el TFJFA para las empresas que representan sus bufetes jurídicos -García Barragán y Hamdan SC y Hamdan, Manzanero y Asociados SC-, él y Fernández de Cevallos, quien además del millonario fallo contra la Secretaría de la Reforma Agraria logró vencer a Hacienda en el litigio en torno a Jumex, impulsan desde el Senado una iniciativa para integrar el TFJFA al Poder Judicial.

Los despachos de ambos senadores acaparan los casos de mayor monto, los de las grandes empresas que se inconforman con el fisco o contra alguna otra autoridad, utilizan relaciones con los magistrados a los que ratificaron y buscan el beneficio de leyes que ellos aprobaron en los ratos en que legislan.

De acuerdo con datos del tribunal, este año la sala superior, donde se ventilan los juicios más importantes, llevó 270 asuntos en contra de dependencias del gobierno federal. De éstos, 200 tuvieron fallos a favor de las empresas y una buena parte de ellos estuvieron bajo la asesoría de los despachos de Hamdan y Fernández de Cevallos.