Pobladores los querían linchar, acusados de torturar y matar a un detenido

Destituyen a los 25 policías y sus jefes del municipio de Ascensión, Chihuahua

Vecinos presionaron al edil, tras ocupar el viernes la alcaldía para exigir castigo a culpables

RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 23 de agosto. Los 25 policías del municipio de Ascensión y sus jefes, el comandante Crisanto Jiménez y el director de Seguridad Pública, Jesús Mendoza, fueron cesados por el alcalde Fernando Castañeda Barraza, luego de que habitantes de esa localidad, ubicada a unos 100 kilómetros de Ciudad Juárez, estuvieron a punto de linchar a los presuntos responsables de torturar y matar a un detenido.

El edil solicitó a la Policía Judicial del Estado (PJE), a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la oficina de Gobernación estatal encargarse de la vigilancia en la ciudad mientras se contratan nuevos agentes.

En entrevista telefónica, el edil explicó que el conflicto se inició el viernes, cuando cuatro agentes detuvieron al ciudadano Norberto Arellanes Berelleza, a quien aparentemente torturaron, y quien más tarde falleció en un hospital de la localidad, adonde fue trasladado por los mismos policías para recibir atención de emergencia.

Molestos, familiares del occiso y pobladores ocuparon las instalaciones de la policía municipal desde las 17 horas del viernes para exigir castigo para los responsables. Durante 12 horas mantuvieron en su poder las oficinas, tiempo en el que lapidaron patrullas y vehículos. Diez policías de guardia se resguardaron en el patio protegidos por sus armas.

Los manifestantes rociaron con gasolina los automóviles e intentaron prenderlos, pero suspendieron sus desmanes cuando fueron informados por el edil de que todos los agentes y sus mandos fueron cesados y serán investigados para consignar a los que hayan cometido delitos y por la llegada de agentes de la PJE que protegieron las instalaciones.

Ante el presidente municipal, los campesinos denunciaron que los agentes violan constantemente los derechos humanos de los detenidos y que los amenazan para que no los denuncien. Asimismo han cometido delitos graves contra la población como abuso de autoridad, robo, lesiones y ahora homicidio. Castañeda Barraza pidió identificar a los responsables de violar las garantías constitucionales para denunciarlos y que sean castigados.

La Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado inició una investigación para determinar quiénes fueron los responsables del homicidio, para trasladarlos al penal de Ciudad Juárez o al del municipio de Casas Grandes y evitar que la ciudadanía los agreda a ellos o sus familiares.