Está acusado de asesinatos, tortura y desapariciones; cúmulos de pruebas en su contra

Fujimori se declara perseguido político y busca ser de nuevo presidente de Perú

Fugitivo y proscrito, presume tener 4 veces más apoyo que Toledo y poder ganar en 2006

XIMENA ORTUZAR ENVIADA

Lima, 23 de agosto. Alberto Fujimori Fujimori, ciudadano peruano-japonés, irrumpió en la política desde la nada, gobernó 10 años, salió del poder por una puerta de urgencia y renunció al gobierno desde Japón, sin gloria y sin honor.

Dos años y 10 meses después de haber huido, acusado de graves delitos, aparece todavía en las encuestas de opinión, entre otros políticos peruanos activos, y en muchos casos mejor evaluado que ellos.

Fujimori, prófugo, está inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos en Perú, pesa sobre él una solicitud de extradición y, de lograrse ésta, será juzgado en este país por homicidios calificados, tortura y desaparición forzada de personas. Hasta ahora 25 países han manifestado formalmente su decisión de detenerlo y extraditarlo en caso de que entre en ellos.

Sin embargo, encuestas recientes le otorgan índices notables de aprobación como gobernante y personaje "simpático".

Consciente del fenómeno que produce en Perú, Fujimori, protegido por el gobierno japonés en atención a la nacionalidad japonesa que reivindica, desafía a su sucesor llamando a conformar el movimiento político Sí Cumple, con miras a competir por la presidencia -por tercera vez- en 2006, "porque el pueblo me está convocando", explica. Y se jacta: "tengo cuatro veces más apoyo que Toledo y en 2006 le gano a Alan García".

Fujimori, fugitivo y proscrito, logra siempre estar de actualidad, aparecer en la prensa peruana y extranjera -para ello formó su propia agencia informativa, Fujiprensa, que opera a través de Internet- y embarrarle la cancha a Toledo.

Cuando el secretario del gabinete japonés, Yasuo Fukuda, manifestó: "si un criminal fugitivo tiene ciudadanía japonesa, nosotros no lo extraditamos", en clara referencia al caso Fujimori, el canciller peruano Alan Wagner lamentó: "de alguna manera, aunque sea indirecta, (el funcionario) estaría adelantando una opinión, y le he manifestado al embajador de Japón en Perú, Yubun Narita, el malestar del gobierno peruano".

La relación diplomática entre Perú y Japón es tensa.

La popularidad de Toledo está a la baja.

Fujimori provoca éstos y otros efectos. Y hasta ahora nadie puede impedirlo.

Culpabildad comprobada

Fujimori se declara inocente de todos los cargos y acusa al gobierno de Toledo de perseguirlo políticamente.

La comisión parlamentaria que investiga los actos de corrupción cometidos entre 1990 y 2000 ha declarado que la culpabilidad de Fujimori está comprobada. En sus informes se asienta que él conoció, permitió y encubrió el funcionamiento de comandos de aniquilamiento, como el grupo Colina, encargado de perpetrar secuestros y ejecuciones extrajudiciales.

Corroborando lo anterior, Interpol ha dado orden de captura contra Fujimori, tras evaluar lo actuado en el proceso. El estatuto de Interpol prohíbe tramitar la captura de personas que sufran persecución política, lo cual desmiente las quejas de Fujimori.

Si todas las evidencias presentadas hasta ahora no bastaran, la declaración del general Nicolás Hermoza Ríos, ex presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas y ex comandante general del ejército, lapidan al ex mandatario. Hermoza declaró judicialmente que Colina actuaba con pleno conocimiento de Fujimori. Ante el vocal supremo José Luis Lecaros, Hermoza, hoy retirado, dijo que Vladimiro Montesinos le informó que Fujimori sabía del secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, uno de los delitos que integran el expediente de extradición.

Según Hermoza, número tres en el escalafón de mando del régimen, después de Fujimori y Montesinos, el gobernante no sólo supo, sino además felicitó a los participantes en la operación: "luego de los hechos de La Cantuta, Fujimori emitió un memorándum por el cual felicitaba a varios integrantes del grupo Colina por su buen trabajo de inteligencia. Comenté con Montesinos que se estaba premiando a personas implicadas en homicidios, a lo que respondió que el presidente lo sabía y había firmado el documento".

Hermoza declaró también que Fujimori estaba estrechamente vinculado a las actividades del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), organismo bajo el mando de Vadimiro Montesinos.

Ante el cúmulo de evidencias en su contra, Fujimori se erige en virtual candidato a la presidencia. "Lo que estamos viendo es una maniobra publicitaria, un globo de ensayo para mantener una fuerza política, una presencia virtual y para aparecer como un perseguido político", afirma Miguel Jugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Pero la táctica no está dando réditos al fugitivo. El embajador Yubun Narita es enfático: "nuestro gobierno jamás ha considerado a Fujimori perseguido político".

Explica que por ahora se estudia el expediente de extradición y reconoce que las relaciones peruano-japonesas, de 130 años, se han visto afectadas por este asunto. Ese estudio puede tardar años.

Inquieta a los familiares de las víctimas que Fujimori logre evadir la justicia por la vía de la prescripción. Al respecto, el penalista Luis Lamas Puccio puntualiza: "por la gravedad de las acusaciones es prácticamente imposible que los delitos imputados puedan prescribir y eventualmente Alberto Fujimori pueda volver al país, e inclusive postular a la presidencia, como ocurrió con otro ex mandatario", en clara alusión a Alan García.

Agrega: "el artículo 80 del Código Penal establece que una acción judicial prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad, pero en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo se duplica".

El procurador ad hoc para casos de corrupción en el régimen fujimorista, Luis Vargas Valdivia, aclara: "aun si Japón no entrega a su protegido, existen opciones para continuar el proceso: juzgarlo directamente en dicho país, como propicia Amnistía Internacional; llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya para demostrar la nacionalidad preponderante del prófugo, o acudir a un juez de un tercer país, como en el caso Garzón-Pinochet. En cualquiera de los casos, los caminos para Fujimori sólo conducen a los tribunales".

Cerrando el círculo

Juzgar a Fujimori en Japón "es la segunda estrategia que tenemos los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas en caso de no prosperar la extradición", dice el presidente de la Aprodeh, Francisco Soberón Garrido.

Además del caso de la matanza de campesinos en una quinta de Barrios Altos en 1991; el asesinato de nueve pobladores del Valle El Santa, en Ancash, en mayo de 1992, y el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992, estas organizaciones demandarían a Fujimori por el secuestro y la desaparición del periodista Pedro Yauri (1992) -imputado en su momento a Sendero Luminoso- y la presunta ejecución extrajudicial de miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, luego de la recuperación de la residencia del embajador japonés en Lima (1997).

Juan Mariátegui, ex embajador y experto en temas internacionales, opina que, para acelerar el proceso, Perú debe solicitar una opinión consultiva al Tribunal de La Haya acerca de la doble nacionalidad de Fujimori. "Ambos trámites no son excluyentes, pero la estrategia peruana ha dado exclusividad a la extradición vía el envío de folios traducidos a Japón. Han debido hacerse ambas cosas a la vez, para que la corte opine sobre la nacionalidad dominante de Fujimori", expresa.

Agrega: "debido a sus 30 años de apertura democrática, La Haya hubiera dictaminado en favor de la nacionalidad peruana de Fujimori y esto tendría validez en Japón, porque ambos países son miembros de pleno derecho en la corte".

A los delitos ya conocidos de la llamada mafia Fujimori-Montesinos se suman también denuncias de haber inducido la esterilización de mujeres y de que miembros del entorno más cercano al presidente (incluyendo familiares) manejaron en beneficio propio donaciones japonesas -destinadas a obras sociales- por conducto de la Casa Militar y las organizaciones no gubernamentales Aken y Apenkai. Las organizaciones presentan un desbalance presupuestal de 7 millones de dólares.

Falta señalar la acusación de que Fujimori tiene responsabilidad directa en tráfico de armas, que incluye a los generales Carlos Bergamino y Walter Chacón por encubrimiento real, omisión de denuncia y asociación ilícita para delinquir.

En este contexto, no importa cuán "simpático" resulte a parte de la opinión pública, ni sus lamentos de persecución política ni los intentos de los nostálgicos por reinstalarlo en el poder, ni siquiera la protección del gobierno japonés.

Salvo error u omisión, su destino seguro son los tribunales.