De acuerdo con información que se publica hoy en estas páginas, es posible confirmar, detallar y precisar que el presente gobierno acelera y profundiza la estrategia de debilitamiento del sector energético nacional, que viene aplicándose desde el sexenio antepasado.

En Pemex, la concesión de contratos de servicios múltiples (CSM) a consorcios extranjeros, el despido de personal de confianza comprometido con la paraestatal y su remplazo por funcionarios provenientes del sector privado nacional e internacional, así como el desmantelamiento de ins- talaciones, indican claramente el designio de convertir la empresa petrolera nacional en una mera "administradora de contratos y plataforma de alianzas con el gran capital internacional", como señala un análisis elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera.

Por lo que hace a la generación de electricidad, la política antinacional y anticonstitucional del gobierno se manifiesta, entre otros actos, en el otorgamiento a empresas trasnacionales de contratos de almacenamiento de gas natural con regasificación y las autorizaciones de plantas de energía en el esquema de Proyectos de inversión con impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas).

La concesión íntegra de la reserva de Chicontepec a la inversión privada trasnacional es el ejemplo más claro de esta estrategia de privatización furtiva e ilegal del sector energético, estrategia que no sólo resulta contraria a los preceptos establecidos en la Carta Magna, sino que se impone al país en el más puro autoritarismo tecnocrático, es decir, sin consultar ni buscar consensos con los gobernados. En ese espíritu, las cuentas y los cálculos oficiales bastan para justificar una política impopular, porque atenta contra principios torales del Estado mexicano, y obsoleta, porque la desincorporación de las empresas públicas de energía se ha vuelto indefendible, a la luz de los resultados en el contexto internacional. No es ese, precisamente, el estilo de gobernar que se esperaba de quienes se presentaron como portavoces del cambio, de la democracia, de la transparencia y de la participación de la sociedad en las grandes decisiones nacionales.

Finalmente, el disparatado e irresponsable desmantelamiento de Pemex implica peligros graves para la subsistencia misma del Estado. De acuerdo con un informe del Grupo Financiero BBVA-Bancomer, el gobierno podrá cumplir con su meta de déficit fiscal de 0.5 por ciento del PIB para este año gracias a los ingresos -ordinarios y extraordinarios- obtenidos de la operación de Pemex. Pero si sigue adelante la liquidación de esa entidad paraestatal, en unos pocos años las arcas públicas se quedarán sin esa fuente de ingresos indispensable para el país. Si prosigue la liquidación en marcha de la paraestatal, los estrechísimos márgenes presupuestales que le imponen a la actual administración las deudas heredadas del salinismo y el zedillismo -empezando por la carga del rescate bancario- serían un escenario de abundancia comparado con lo que esperará al gobierno que arranque en 2006.