México D.F. Viernes 15 de agosto de 2003
Les garantiza permanecer aquí hasta acabar
el proceso
Dan amparo a los 6 vascos reclamados por España
Las acusaciones, basadas "en puros supuestos": abogados
Los juzgados segundo y quinto B de distrito en materia
de amparo otorgaron la suspensión provisional a los seis ciudadanos
de origen vasco que se encuentran presos en el Reclusorio Norte con fines
de extradición. Este recurso les garantizará a los ahora
detenidos que cuando el gobierno de España formalice su petición
en la materia no puedan ser trasladados al país ibérico de
manera inmediata, sino hasta que las autoridades judiciales terminen el
proceso de extradición correspondiente.
Por su parte, los abogados de cuatro de ellos indicaron
que sus clientes están detenidos "sin las órdenes de aprehensión
necesarias", y agregaron que las acusaciones del gobierno español
en contra de los seis vascos se basan "en puros supuestos" del juez de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
En
conferencia de prensa, los abogados Bárbara Zamora y Santos García
exigieron al Congreso de la Unión que cite a comparecer al canciller
Luis Ernesto Derbez y al procurador general de la República, Rafael
Macedo de la Concha, para que expliquen "por qué el gobierno mexicano
se ha subordinado (al del país ibérico y) a los caprichos
del juez Garzón, al permitir que policía española
realice investigaciones dentro de territorio nacional". También
deben explicar "por qué la PGR se convirtió en el brazo represivo
de España en contra de ciudadanos vascos, y ahora hasta de tres
mexicanos".
Al ser interrogados sobre si tienen pruebas de que agentes
policiacos del país ibérico han realizado investigaciones
dentro de México, aseguraron que cuentan con testimonios de familiares,
amigos y vecinos de los seis vascos, que "presenciaron las incursiones
de españoles, no sólo durante los operativos en que
fueron detenidos nuestros clientes (presos en el Reclusorio Norte) y los
tres mexicanos, sino en ocasiones anteriores".
Asimismo, indicaron que esas personas les aseguraron que
la comunidad vasca comúnmente es "vigilada" y "acosada" por la policía
española, cuyos elementos "se visten de negro, como si fueran de
la Agencia Federal de Investigación, pero tienen acento español".
Por otra parte, refirieron que la PGR aún no ha
fincado responsabilidades penales en contra de los vascos detenidos ni
de los tres mexicanos arraigados en casas de seguridad. "No hay un motivo
legal para que estén presos y arraigados", puntualizó Zamora.
Sobre las siete cuentas bancarias que les encontraron
a sus clientes, que según el juez Garzón eran utilizadas
para financiar a una célula de ETA que opera desde México,
los litigantes aclararon que "se trata de cuentas personales que registran
movimientos ordinarios que cualquier ciudadano que trabaja en el país
puede tener".
Asimismo, agregaron que "una de las cuentas fue cancelada
desde hace tres años y otra fue absorbida cuando Bancomer fue comprado
por Banco Bilbao Vizcaya. Ahora sólo quedan cinco cuentas personales
a nombre de cinco de los seis vascos, pues uno de ellos ni siquiera tiene,
y sin embargo también fue detenido".
Añadieron que las cuentas se refieren a depósitos
esporádicos a familiares directos de los ahora detenidos: "Hasta
donde sabemos, no es ningún delito enviar dinero a un familiar en
otro país, porque en esta lógica de Garzón todos los
indocumentados mexicanos que de Estados Unidos envían dinero a sus
familias en México serían delincuentes organizados", puntualizó
Zamora.
En este aspecto, los abogados cuestionaron la forma en
que el juez Garzón tuvo acceso a información bancaria de
los ciudadanos vascos, e indicó que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores violó el secreto bancario al otorgar información
a terceros sin que mediara la orden de un juez mexicano.
Agregó que los tres mexicanos fueron arraigados
porque la PGR no encontró motivos para consignarlos ante un juez,
y "sólo porque (Baltasar) Garzón asegura que son terroristas,
ahora son investigados, sin que existan pruebas contundentes contra ellos".
Asimismo, indicaron que "todos los detenidos son personas
de trabajo estable hasta con 15 años de antigüedad, y tienen
un modo honesto de vivir; inclusive en las respectivas empresas donde trabajaban
hasta antes de que fueran aprehendidos sin que les mostraran la orden correspondiente,
eran considerados de los mejores elementos".
Como se recordará, el pasado 18 de julio fueron
detenidos en seis entidades del país José María Urquijo
Borde, Ernesto Alberdi Alejalde, Asier Arronategui Duralde, Félix
Salustiano García, Juan Artola Díaz y María Asunción
Gorrtxategi. Ese día también fueron aprehendidos los mexicanos
Pedro Castro Vargas, María del Pilar Sosa y Noé Camarillo
Cantú, quienes actualmente están bajo arraigo domiciliario
en casas de seguridad de la PGR. Todos están acusados por el gobierno
español de pertenecer a ETA, y efectuar actos terroristas en el
país ibérico, así como realizar operaciones de lavado
de dinero en favor de ese grupo desde México.
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