Debe presentar en un lapso de 10 días oficios y actas sobre el proceso de integración

Emplaza la Corte a la ALDF a demostrar legalidad del consejo

En el documento de notificación del Poder Judicial se destacan las contradicciones en que incurrió el órgano legislativo El TSJDF la consultó sobre su presencia en la nueva instancia

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que en un lapso no mayor a 10 días hábiles entregue copia certificada de los oficios y actas de las sesiones que con motivo del proceso de elección de los tres representantes ciudadanos en el Consejo de Información Pública llevaron a cabo las comisiones de Administración Pública Local y de Gobierno, y le advierte que en caso de no hacerlo se le aplicará una sanción económica.

En la notificación, elaborada por el ministro Genaro Góngora Pimentel y entregada a la ALDF, se puntualiza que "se procede a conceder la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, eso es, para que no se tenga por instalado y comience a sesionar el Consejo de Información Pública del Distrito Federal; lo anterior, hasta en tanto no se dicte la correspondiente resolución en este asunto, pues de negarse la medida cautelar se daría lugar a que surtan sus efectos los actos que se impugnan, lo que podría dejar sin materia el fondo de este asunto".

Estas acciones se derivan de la controversia constitucional que el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, presentó el 15 de julio pasado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular el proceso de integración del Consejo de Información Pública, que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

En días pasados, el ministro Góngora Pimentel dio entrada a la controversia constitucional presentada por el gobierno de la ciudad, e incluyó como tercer interesado al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), órgano que hace algunas semanas consultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a si los magistrados designados como representantes ante el Consejo de Información no incurrían en violación al artículo 31 de la Constitución.

En el documento entregado a la Asamblea Legislativa se ponen en evidencia algunas de las contradicciones en que incurrieron los diputados, como designar a los tres representantes del órgano legislativo ante el Consejo de Información por un periodo de cinco años, cuando la gestión propia sólo dura tres. Así como la falta de precisión en algunos de los artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF.

Con relación a los documentos que le solicita a la ALDF -de manera independiente a la respuesta que como Poder Legislativo deberá presentar en un plazo de 30 días hábiles-, sobresalen los oficios que giró el diputado panista Federico Döring Casar, en su calidad de presidente de la Comisión de Administración Pública Local, en los que convoca a las sesiones en que se determinó la manera como se elegiría a los consejeros ciudadanos; los que envió a los 30 aspirantes a ocupar el cargo -incluyendo la currícula-; las versiones estenográficas de las entrevistas, y las actas de las sesiones de la Comisión de Gobierno en que se discutió y aprobó la terna propuesta.

Se deberá precisar si hubo quórum en las sesiones, y en caso de no existir convocatoria por escrito, señalar si fue vía telefónica o personal.

Así como los oficios que la entonces presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, la panista Patricia Garduño, envió al GDF notificándole los nombres de los tres diputados que representarían al órgano legislativo ante el consejo y el de los consejeros ciudadanos Leoncio Lara, Odette Rivas y María Elena Pérez.

Suman ya nueve solicitudes de amparo de aspirantes

Paralelamente a la respuesta que se entregará a la SCJN, el área jurídica de la ALDF debe preparar la documentación respectiva a nueve solicitudes de amparo promovidas por igual número de aspirantes a ocupar el cargo de consejeros ciudadanos.

En seis de las nueve solicitudes de amparo los quejosos reclaman la aprobación y expedición del decreto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicada el 8 de mayo de 2003 en la Gaceta Oficial. Mientras que en los tres restantes el acto reclamado es el proceso de elección de los consejeros.

Legisladores se pronuncian por que se presente un recurso de reclamación

Hoy define la ALDF si impugna fallo sobre el consejo de transparencia

En reunión informal, diputados que integraron la primera terna buscan salida al proceso

GABRIELA ROMERO Y BERTHA TERESA RAMIREZ

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) definirá hoy si presenta un recurso de reclamación impugnando la decisión del ministro Genaro Góngora Pimental de dar entrada a la controversia constitucional que presentó el 15 de julio pasado el gobierno capitalino, por considerar que el proceso que siguió para designar a los tres representantes ciudadanos ante el Consejo de Información Pública local no fue el adecuado.

La decisión de la SCJN obligó a que los diputados Federico Döring Casar (PAN), Marco Antonio Michel Díaz (PRI) y José Luis Buendía (independiente), responsables de integrar la primera terna, se reunieran de manera informal para analizar qué pasos podría dar el órgano legislativo.

Durante el encuentro se manejaron tres opciones: interponer un recurso de reclamación, una controversia en contra del gobierno de la ciudad por no haber designado a sus representantes ante el Consejo de Información Pública, o presentar una denuncia ante el relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) por lo que consideran un bloqueo a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Estas consideraciones las analizarán hoy, alrededor del mediodía, los integrantes de la Comisión de Gobierno de la ALDF., aunque la mayoría se pronuncia por interponer el recurso de reclamación.

Al respecto, el diputado independiente José Luis Buendía comentó que desde que se inició el proceso de dictaminación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en la Asamblea Legislativa se envió un informe al relator especial de la OEA, Eduardo Bertoni, quien estará en México la semana próxima.

"Buscaremos reunirnos con él y explicarle los obstáculos a los que nos enfrentamos para poder instalar el consejo. La idea es ponerlo al tanto de lo que ha sucedido en estos últimos meses, porque estamos frente al bloqueo de una ley", apuntó.

Por su parte, Guadalupe García Noriega, coordinadora de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció que la decisión de la SCJN debilita la imagen del Consejo de Información Pública y de sus integrantes.

Señaló que su partido está a favor de presentar el recurso de reclamación, para lo cual tienen cinco días. Sin embargo, García Noriega aclaró que esto dependerá de los argumentos de defensa que pueda dar el área jurídica de la ALDF.

El coordinador de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, y el vicecoordinador del PRI, Marco Antonio Michel Díaz, se manifestaron también a favor de presentar el recurso de reclamación.

Velasco Oliva subrayó que no se puede politizar el asunto. "Al parecer la mayoría opina que no debemos quedarnos callados, sino ir adelante en el recurso de reclamación. A mí no me cabe la menor duda de que la Asamblea Legislativa actuó bien al elegir a los consejeros ciudadanos."

Agregó que "una de las razones por lo que la Comisión de Gobierno decidió no convocar a un periodo extraordinario fue para no entrar en confrontación con López Obrador".

En tanto, el dirigente del PAN-DF, José Luis Luege Tamargo, se pronunció porque se mantenga la controversia constitucional en contra de la integración del consejo en la Corte, y sólo si encuentra defectos en la ley se revise.

Planteó que al decretar una suspensión temporal, la SCJN "puede dejar este caso en el limbo, como muchos otros asuntos en ese cuerpo colegiado, por lo que sería necesario encontrar el camino político para consensuar y rencauzar el acceso a la transparencia de la función pública".