Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 25 de abril de 2003
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Política

El desacuerdo entre las bancadas se centró en el tema de la reducción de penas

Sigue el disenso sobre nueva ley de armas

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El polémico proyecto de dictamen de la nueva ley de armas de fuego, explosivos y pirotecnia mantiene divididos a los diputados federales de todas las fracciones, quienes ayer fueron incapaces de alcanzar un consenso para dictaminar en comisiones unidas de Defensa y Justicia un documento que se presentaría ante el pleno.

El desacuerdo se centró en la reducción de las penas para presos acusados de portación ilegal de armas -que se calcula son 10 mil en el país- y en la presión que todavía ejerce la Procuraduría General de la República, con el argumento de que autorizar esa reforma implicaría liberar a los pocos delincuentes de alto nivel, incluidos capos de la droga como Benjamín Arellano, a quienes sólo se les ha procesado por posesión de armamento.

Las comisiones aludidas fueron citadas ayer. Sin embargo, no se alcanzó el quórum y la de Defensa convocó a una reunión extraordinaria para analizar el debate sobre el proyecto de ley. El diputado priísta Manuel Garza González se plantó en la puerta del salón donde habrían de sesionar para boicotear el encuentro.

Según algunos diputados del PRI, El Meme Garza es presidente del Club Cinegético Safari, que sólo acepta socios cazadores con ingresos superiores a 100 mil pesos mensuales y opera en Tamaulipas, por lo que se opone a la nueva legislación, que limitaría el número de posesión de armas a dos. Los hombres dedicados a la caza de animales poseen hasta 60 tipos distintos de armas, explicaron los compañeros de bancada de El Meme.

La Comisión de Justicia avanzó en la elaboración del dictamen a la iniciativa de la priísta Josefina Hinojosa, quien propuso reducir las penas mínimas para los portadores de armas, detenidos y procesados, que no cometieron otro delito con ellas.

La legisladora explicó que el fondo de su propuesta pretende dar a los jueces la atribución de aplicar criterios de culpabilidad e inocencia para que miles de sentenciados por aquel delito obtengan su libertad, siempre y cuando demuestren un modo honesto de vivir, y en caso de quienes sí han delinquido en una o más ocasiones, no sean acreedores al beneficio. En este caso se ubicaría a delincuentes como los narcos. El destino del dictamen se resolverá en los próximos días.

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