En 1996 un juez declaró nulo el decreto expropiatorio emitido en 1972
Reclaman ejidatarios la devolución de terreno donde está el Reclusorio Norte
El gobierno federal se ha negado a cumplir la resolución o a pagarles indemnización, dicen
BERTHA TERESA RAMIREZ
Ejidatarios de Cuautepec reclaman la propiedad de 53 hectáreas donde se ubican actualmente las instalaciones del Reclusorio Norte. Argumentan que una irregularidad en el decreto presidencial de 1972 para expropiar dicha superficie les concede la razón de demandar la propiedad del terreno.
Rafael Carrillo, abogado del grupo de ejidatarios, señaló que desde 1996 los campesinos iniciaron y ganaron un juicio de amparo contra el decreto expropiatorio, ya que éste no cumplió con los requisitos de notificar al secretario y al tesorero del comisariado ejidal del inicio del procedimiento para la expropiación de las 53 hectáreas, por lo que el presidente de la República y la Secretaría de la Reforma Agraria quedaron obligados a restituir el terreno o pagar indemnización, sentencia que se han negado a cumplir mediante múltiples recursos legales.
Indicó que ante la negativa, en febrero de este año los campesinos recurrieron, como última instancia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se abrió el expediente 22/2003, en el que alegan un incidente de inejecución, y sólo están a la espera del fallo definitivo del máximo tribunal de justicia del país, que, confían, "deberá obligar al Presidente de la República y a la Secretaría de la Reforma Agraria a restituir los terrenos o en su caso pagar indemnización", indicó.
La acción afectó a 105 campesinos
Rafael Carrillo detalló que el decreto presidencial expropiatorio de los terrenos para la construcción del Reclusorio Norte fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1972, a pesar de que sólo se notificó del acto expropiatorio al presidente del comisariado ejidal, cuando se debió notificar también al secretario y al tesorero, situación que viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que el comisariado es una autoridad colegiada, argumentó el abogado.
Indicó que la irregularidad afectó a 105 ejidatarios, quienes subsistían de la siembra de maíz, frijol, calabaza, maguey y árboles frutales, a pesar de haber sido indemnizados de manera individual mediante cheques expedidos por el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).
Ante ello, en 1996 el ejido de Cuautepec promovió el juicio de amparo 712/96 ante el juzgado décimo de distrito en materia administrativa, el cual fue ganado por los ejidatarios.
No obstante, tanto el presidente de la República como la Secretaría de la Reforma Agraria han interpuesto diferentes recursos contra la decisión del juzgador, "que declaró la nulidad del decreto referido y en consecuencia su cancelación en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, por lo que las 53 hectáreas que ocupan las instalaciones del Reclusorio Norte, así como los juzgados del fuero común y federal, son de nueva cuenta propiedad del ejido de Cuautepec".
El abogado indicó que en febrero pasado los ejidatarios acordaron recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde quedó asentado el incidente de inejecución, bajo la responsabilidad del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, "a quien demandamos obligue al presidente de la República y a la Secretaría de la Reforma Agraria a restituir los terrenos o bien a pagar indemnización a que tienen derecho los campesinos, tomando en consideración que el amparo que ganaron los ejidatarios en 1996 regresó las cosas al estado en el que se encontraban antes del año 1972".
En cuanto al monto de la indemnización, el abogado dijo que si se considera el precio de un millón 500 mil pesos que fijó por hectárea el presidente Vicente Fox, en el decreto mediante el cual "expropió ilegalmente parte del copete del Cerro del Chiquihuite a favor de Tv Azteca y en contra del ejido de Cuautepec, el gobierno federal tendría que indemnizar con aproximadamente 80 millones de pesos a los ejidatarios de Cuautepec por las 53 hectáreas que ocupa el Reclusorio Norte y los juzgados del fueron común y federal".