La mayoría salió entre 1995 y 1998 por violencia paramilitar y diferencias ideológicas: comisionado

Siguen desplazados de comunidades chiapanecas más de 10 mil indígenas

Nulo apoyo económico del gobierno federal; no lo reconoce como problema, según González Esponda

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 20 de abril. Como consecuencia de diferencias políticas, ideológicas, agrarias y religiosas, más de 10 mil indígenas y campesinos de distintos municipios de Chiapas continúan desplazados de sus comunidades, informó Juan González Esponda, comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto. El funcionario destacó que en los 28 meses que lleva la administración del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, se ha logrado el retorno o reubicación de 3 mil 443 personas (767 familias), es decir, una cuarta parte de los 13 mil 880 que había al inicio del actual gobierno.

González Esponda sostuvo que para resolver el problema de los desplazados en Chiapas de manera integral, se necesitan por lo menos 200 millones de pesos, pues en muchos casos se requiere comprar tierras laborables para reubicarlos, adquirir solares, recuperar documentos perdidos -como actas de nacimiento-, establecer proyectos productivos, y apoyar a las comunidades que los expulsaron.

A su vez, Blanca Martínez Bustos, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, afirmó que el problema "sigue siendo grave y no ha sido atendido". Agregó que recientemente autoridades agrarias estatales hicieron compromisos tendientes a solucionar varios casos de desplazados, pero "no han cumplido".

El mayor número de desarraigados abandonó sus hogares entre 1995 y 1998, debido a la violencia de los paramilitares y a diferencias políticas e ideológicas. En ese lapso, la guerra contrainsurgente se hizo más visible. Las zonas más afectadas fueron el norte del estado (Tila, Tumbalá y Sabanilla) y Los Altos (Chenalhó y El Bosque), dijo en entrevista González Esponda.

El comisionado comentó que la mayoría de los indígenas que ha retornado en la actual administración estatal pertenece a Chenalhó. Acotó que entre el 28 de agosto de 2001 y el 17 de julio de 2002 regresaron a sus casas en distintas comunidades de ese municipio 2 mil 216 personas (293 familias), que estaban desplazadas en Acteal, Xo'yep, Chimix, Pechiquil, Bajoveltic y Tzajalchén, entre otros parajes. Todos ellos pertenecen a la organización civil Las Abejas.

Agregó que, sin embargo, es en Polhó, del mismo Chenalhó, donde actualmente se localiza el grupo más numeroso de desplazados. Puntualizó que si bien no hay un censo real, organismos humanitarios estiman que ahí se concentran más de 5 mil, todos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Por su parte, las autoridades del municipio autónomo de Polhó aseguran que son casi 10 mil.

En Chenalhó, ubicado a unos 50 kilómetros de San Cristóbal, es donde más indígenas abandonaron sus comunidades desde 1994, cuando el EZLN se alzó en armas. El grueso de este sector abandonó sus viviendas antes y después de la masacre de 45 tzotziles ocurrida en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, perpetrada por paramilitares. Desde 1997, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha entregado ayuda humanitaria a los desplazados de Chenalhó, aunque en los años recientes estos apoyos han disminuido.

Las restantes mil 227 personas que han retornado o han sido reubicadas durante el gobierno de Salazar Mendiguchía estaban desplazadas en los municipios de Tila, Ocosingo, Altamirano, Sabanilla, Huitiupán, Venustiano Carranza, Tumbalá y Las Margaritas. Los 10 mil 437 que aún permanecen desplazados son de varios de los municipios mencionados, pero además de otros como Chiapa de Corzo, Villa Corzo, Huixtán, Salto de Agua, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Tenejapa, Nicolás Ruiz, Cintalapa y Venustiano Carranza.

El comisionado dijo que en Tila están por retornar otros 314 indígenas choles, actualmente refugiados en varias comunidades del mismo municipio. El acuerdo para su regreso se firmó el 25 de junio pasado y no se ha concretado, porque aún no ha concluido la construcción de viviendas en las que habitarán.

"Estamos trabajando con otros grupos de desplazados para lograr su retorno a través del diálogo entre las partes involucradas", agregó el funcionario, quien aclaró que en algunos casos no se ha podido avanzar debido a que "hay muertos de por medio". En el caso de Polhó no existe ninguna negociación para el retorno de los desarraigados porque, como zapatistas que son, están en resistencia hasta que no se cumplan los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996.

Aseguró que en los casos en los que los grupos en pugna no han podido llegar a acuerdos para el retorno, se plantea la posibilidad de reubicación, lo que implica mayores gastos pues se requiere comprar tierras.

Sobre el tema, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Blanca Martínez Bustos, sostuvo que la tierra es elemental para tratar de resolver el problema. "Si no se abren caminos para solucionar el problema de la gente, donde los retornados puedan contar con seguridad en todos los sentidos, el asunto no avanzará", aseguró.

Además, señaló, "está el tema de la justicia", es decir, que las autoridades castiguen a los responsables de su desplazamiento, a quienes formaron los grupos paramilitares, que "fueron sus verdugos".

Según el comisionado, el gobierno federal no reconoce la existencia de desplazados en Chiapas, y por lo tanto no destina recursos económicos para este sector. "Sólo el gobierno del estado los apoya, en algunos casos con despensas o proyectos productivos", dijo.

En coincidencia con la activista, González Esponda indicó que "el problema de los desplazados es grave, al no haber programas de asistencia específicos para el sector", independientemente de los "dispersos", que nunca han recibido ningún tipo de atención.