Iván Restrepo
El cacicazgo Bautista O'Farril contra el medio ambiente
Recientemente mencionamos aquí la oposición que existe en la ciudad de Xalapa a que el nuevo basurero se instale en la zona de Chiltoyac, donde causaría grave deterioro, en especial del agua. Aunque parece que las autoridades federales ya tomaron cartas en el asunto, cabe recordar otro basurero de triste memoria, el de Puebla.
Hace nueve años, siendo presidente municipal de la ciudad Rafael Cañedo Benítez, ciudadanos residentes de la zona suroriente y de Santo Tomás Chiautla le presentaron los frutos del estudio elaborado por especialistas, el cual demostraba que el basurero sería un atentado a la salud pública. No obstante, se impusieron los intereses y negocios particulares y el basurero se instaló.
Los funcionarios poblanos ignoraron olímpicamente la legislación vigente sobre la materia, las advertencias de los investigadores de los institutos de Ciencias de la Tierra y de Ciencias Agrícolas (ambos de la Benemérita Universidad de Puebla, además de las instancias oficiales federales y centros de estudio internacionales. Por ejemplo, sobre el tránsito y asentamiento de las partículas, micro organismos y gases originados en el hoy basurero, pues los vientos que pasan sobre el valle provienen la mayor parte del año del suroriente. A poco de instalado el basurero fue evidente el olor nauseabundo que de allí emanaba; además, aumentó la contaminación y sus efectos sobre la metrópoli: desmedido crecimiento de las enfermedades parasitarias, respiratorias, alergias y dermatitis, entre otras, que afectan en especial a la población próxima o la de Las Animas, doblemente expuesta por la carencia de servicios públicos. Los más vulnerables, como siempre, fueron niños y ancianos. Cabe advertir que en Puebla, como en Xalapa, se cobra por el servicio de recolección de basura.
El problema no ha sido mayor porque entre el relleno y la ciudad hay una amplia zona arbolada que amortigua el tremendo impacto de la errónea decisión del funcionario Cañedo. Se trata de más de 100 hectáreas de tierra con rica flora y fauna, propiedad de una familia sin gloria y sí muchos cargos penales aún investigados: la Bautista OƀFarrill, la cual forma un cacicazgo amamantado por la impunidad oficial y la derecha ultraconservadora poblana.
La zona colinda con la gran herida que Cales de Puebla (propiedad de esa familia) dejó al cerro por la muy cuestionada explotación minera y cuyos detractores fueron perseguidos y amenazados por el ex gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill. Pues en éste, que es el único pulmón verde de los 2 millones de habitantes de la ciudad, se ha programado, con aval de la secretaría estatal para asuntos ambientales, construir 2 mil viviendas "dignas y decorosas". De prosperar el proyecto, sus ocupantes serían los primeros expuestos a los riesgos de vivir cerca de un "relleno sanitario" que de tal solamente tiene el nombre.
Pese a la oposición ciudadana y de diversas instituciones de investigación, los funcionarios locales han respaldado el proyecto depredador. Ni intento de contradecir el deseo de uno de los cacicazgos más nefastos que se recuerde en Puebla, tan influyente es que, contraviniendo declaraciones oficiales de meses atrás, obtiene de la noche a la mañana los permisos de todo tipo requeridos para dicha obra: construcción de vialidades, aprobación de impacto ambiental, servicio de agua potable, etcétera. Este último servicio lo manejó a su antojo uno de los integrantes del cacicazgo y luego se le entregó al gobierno lleno de irregularidades. Además, hace seis meses los funcionarios poblanos advertían sobre la conveniencia de no permitir más fraccionamientos, mas la influencia caciquil con impunidad mueve a gusto voluntades. No en vano el ex secretario del medio ambiente estatal hace parte de dicho cacicazgo y el actual gobernador sería incapaz de decirle no a su viejo y decrépito protector. De esa influencia parecen no escapar ni las propias autoridades federales que deben intervenir en el asunto: la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y dos de sus apéndices, la Procuraduría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua. Contra esos intereses caciquiles y la maquinaria oficial que los protege emerge un movimiento ciudadano importante compuesto por habitantes de todos los estratos económicos, culturales, sociales y religiosos.
En el caso que nos ocupa, se trata de defender el ambiente, exigir el cumplimiento de la ley y protegerse de funcionarios incompetentes al servicio de intereses privados. Porque los cacicazgos duran hasta que la gente participa y dice šbasta!
