Quedará en la "buena fe" patronal el cumplimiento de seguridad e higiene en empresas

Promueve la STPS nuevo esquema administrativo de inspección laboral

Los verificadores federales se convertirán en asesores aliados Pese al aumento de accidentes, el tema no se incluyó en las reformas a la LFT, señala un investigador de la UAM

FABIOLA MARTINEZ

En México sólo existen 380 inspectores federales del trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en 2.7 millones de empresas que reporta la estadística oficial. Sin embargo, el gobierno decidió apostar, con la política de "más vale convencer que imponer", a la "autoevaluación y la buena fe" de los patrones para acatar las disposiciones en la materia.

Para ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) promueve un esquema administrativo con el argumento de que la inspección laboral, como se realiza ahora, "no ha sido capaz de generar un cambio de mentalidad en el patrón, en los trabajadores ni en los sindicatos. Por el contrario, ha sido proclive a actos de corrupción".

En ese contexto, se pretende cambiar la imagen del inspector del trabajo y mejorar su salario, para que "deje de ser un inquisidor y se convierta en asesor, consejero y aliado de los factores de la producción", señaló Mario Hernández Gallardo, director general de Inspección Federal del Trabajo de la STPS.

Para la elaboración de esta nueva "reingeniería", cuyo eje principal es el "cumplimiento voluntario" de los reglamentos de seguridad, higiene y medio ambiente laboral, no se tomó en consideración que la tabla de cálculo de los accidentes de trabajo data de 1970 y que se han agregado nuevas lesiones que no incluye la actual normatividad, advirtió al respecto Mariano Noriega, especialista en medicina del trabajo.

Aumento de los factores de riesgo

A tres décadas de distancia, explica, han aumentado los factores de riesgo y se han multiplicado las deficiencias de control en fábricas y oficinas en general, en factores como ruido muy intenso, mala iluminación y ventilación, así como en el manejo de elementos y sustancias químicas nocivas, "por lo que con el nuevo plan de inspección sólo se agravarían los problemas y enfermedades para miles de trabajadores".

Noriega, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco, destacó también que pese a la importancia que dice otorgar el titular de la STPS, Carlos Abascal Carranza, y su equipo a este proceso de inspección, el tema no fue incluido en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se redactó en esa dependencia, aun cuando el número e intensidad de los accidentes en el trabajo reportados ante el Seguro Social ha permanecido constante en años recientes.

La LFT precisa que la Federación será competente en la aplicación de la normatividad laboral en materia de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo, aun cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, para lo cual contará con el auxilio de las autoridades estatales.

No obstante, para el título noveno de la LFT, comenta Noriega, no se incluyó "ninguna modificación, ni una sola coma", de tal suerte que continuarán en la indiferencia del gobierno federal los efectos de los procesos productivos modernos y la posibilidad de sancionar a aquellos patrones que no cumplen con la norma.

Lo que está claro, comentó, es que en México permanecen los factores de riesgo de tipo físico y químico que provocan enfermedades que no se conocen como consecuencia del empleo, es decir, existe reporte del manejo de polvos, humos o gases, pero no se admiten los padecimientos asociados a ello, con el argumento de que ninguna enfermedad tiene una causa única.

A ello se suma que las jornadas laborales tienden a la mayor intensidad y han aumentado los casos de trastornos de músculos y esqueleto para aquellos que están sometidos a labores repetitivas.

Ejemplo de lo anterior es el denominado túnel carpiano (atrofia permanente de una articulación) en el que no se valora como enfermedad la producida por la ejecución de movimientos repetitivos y, en consecuencia, el empleador no se toma la molestia de cambiar las posiciones ergonómicas del obrero, cambiándolo de área, y mucho menos de rehabilitar la eventual parte afectada.

Lo mismo se puede decir de enfermedades asociadas al trabajo, como diversos cánceres, principalmente por exposición a elementos químicos, neurointoxicaciones (sustancias que afectan el sistema nervioso central que pueden derivar inclusive en sicosis); fatigas, trastornos sicosomáticos, problemas circulatorios, cardiacos o digestivos.

"Todo ese tipo de cosas no están contenidas en la ley y, por tanto, se aleja la posibilidad de que el empleador tome las medidas necesarias para evitarlas y, en consecuencia, el gobierno no tendrá elementos para la eventual sanción... Definitivamente, la inspección del trabajo en México no existe", aseveró Noriega.

De acuerdo con el nuevo plan gubernamental, los patrones entregarán por escrito a la STPS una declaración laboral en la que hagan constar la existencia de equipo, normas y procesos necesarios que garanticen salud y seguridad del empleado, incluidos los obreros de las fábricas en las que se manejen sustancias tóxicas peligrosas.

El formulario se llenará basado en el principio de "buena fe" y, por su parte, la STPS confiará en la autorregulación del empleador. Luego enviará inspectores, de manera aleatoria, a las empresas, en especial aquellas que nunca han sido supervisadas.

No obstante, el nuevo proceso en cuestión sólo prevé escasos mecanismos punitivos para los empresarios que evadan su responsabilidad. Al respecto, la dependencia afirma: "Aquellos que intenten engañar a la autoridad con falsas declaraciones serán sancionados ejemplarmente, no sólo por la vía administrativa, sino penalmente. Por supuesto, nuestra secretaría espera que estos casos sean la excepción", advierte Hernández Gallardo, en el artículo "Nueva cultura de la inspección del trabajo", incluido en la revista Universo Laboral, que edita bimestralmente la dependencia.

Comenta que "si hubiera irregularidades o reiterada inobservancia de la norma, aun cuando el Estado haya facilitado el compromiso voluntario y la autorregulación, se aplicaría una severa sanción". Además, enfrentaría las consecuencias jurídicas por haberse conducido con falsedad ante una autoridad administrativa.

La declaración laboral fue concebida en la STPS como instrumento para que el empleador se "autoevalúe" y además "observe de manera sencilla" la Norma Oficial Mexicana en seguridad e higiene que está obligado a cumplir, requisito indispensable para comercializar sus productos en el mercado nacional e internacional.

El equipo del secretario Abascal reitera que la "regla general" será apoyar y promover los compromisos voluntarios de las empresas y los centros de trabajo, e inclusive aquellos de jurisdicción local, con base en seis convenios integrales suscritos por la STPS con entidades federativas.

Por lo pronto, ya se aplica un programa piloto de autoevaluación o verificación interna en Petróleos Mexicanos. En la paraestatal y organismos subsidiarios se puso en marcha un órgano de este tipo, subsidiado con sus propios recursos, para la seguridad de más de 100 mil empleados.

Los documentos que se reciban mediante la declaración laboral serán instrumentos prácticos para que los gobiernos estatales se comprometan a reforzar los servicios de inspección, asesoría, capacitación y adiestramiento de los factores de la producción respecto de condiciones generales de seguridad e higiene, de trabajo, recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas.

Otros aspectos a supervisar son el reparto de utilidades, así como la vigilancia especial al trabajo de menores y mujeres, jornaleros agrícolas, personas con capacidad diferenciada y procuración e impartición de justicia laboral.

Con esta nueva forma de aplicar la inspección, el gobierno foxista pretende reducir el número de accidentes que ponen en peligro la salud y la vida de los trabajadores del país y su medio ambiente. Apuesta también al cumplimiento de las responsabilidades de patrones y trabajadores, "quienes deberán establecer sus relaciones jurídicas laborales, regidas por los principios de lealtad y buena fe".