Excepcional y "dolorosa decisión", los
fusilamientos de 3 secuestradores: Pérez Roque
Las ejecuciones, para evitar una crisis migratoria
con EU: Cuba
Las "circunstancias" impidieron al Consejo de Estado
conmutar las sentencias, dice el canciller
GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL
La Habana, 18 de abril. El canciller Felipe Pérez
Roque afirmó hoy que el fusilamiento de tres secuestradores hace
una semana fue una excepcional y "dolorosa decisión" para evitar
una crisis que desembocara en una guerra con Estados Unidos, pero llegó
a la conclusión de que el debate sobre Cuba en la Comisión
de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) reconoció la "pertinencia" de las ejecuciones.
En una conferencia de prensa, Pérez Roque habló
extensamente de la pena de muerte, que Cuba aplicó el viernes de
la semana pa-sada, rompiendo lo que el ministro confirmó como "una
moratoria de facto" de tres años y que ha suscitado una polémica
internacional por la naturaleza del castigo y la celeridad de su aplicación.
"Yo no la apoyo", dijo el canciller, quien es miembro
del Consejo de Estado, el máximo organismo ejecutivo del país,
que actuando como segunda instancia revisora confirmó la pena capital
para Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla
García y Jorge Luis Martínez Isaac, condenados como los tres
principales culpables del secuestro de una lancha de pasajeros con la intención
de emigrar a Estados Unidos.
"Nosotros quisiéramos y esperamos un día
no tenerla", dijo Pérez Roque sobre la pena capital. "No es consustancial
a nuestra filosofía de la vida. Es apenas un recurso excepcional
y al que sólo acudimos por razones de causa mayor, recurso con el
que hemos tenido que defender un país agredido por más de
40 años de hostilidades".
Factor disuasivo
Los
argumentos y el tono de la explicación que ofreció el canciller
indican el interés de La Habana por matizar puntillosamente la decisión.
Aunque los fusilamientos fueron dados a conocer en una nota oficial difundida
el viernes anterior en radio y televisión, y por correo electrónico
a la prensa local y extranjera, no fue publicada en los diarios nacionales,
como es habitual.
Pérez Roque insistió en que en Cuba la pena
de muerte no es doctrinaria y se mantiene como factor disuasivo: "Nos hemos
visto obligados, puestos en un callejón sin salida, a acudir a una
medida drástica, con dolor, pero sin escondernos para hacerlo: no
hemos acudido al recurso fácil del asesinato extrajudicial, no hemos
creado escuadrones de la muerte, no hemos creado un grupo ilegal de la
policía para asesinar enemigos, no hemos creado un grupo paramilitar".
Agregó: "Es verdad que hemos tenido que hacerlo
ahora, por razones excepcionales, para evitar la creación de una
situación en Cuba, una crisis, un incidente migratorio al que aspiran
los sectores de Estados Unidos que quieren una guerra con Cuba. Para evitarla,
para salvar vidas, hemos tenido que adoptar una dolorosa decisión
que no disfrutamos. Todo lo contrario. Pero tenemos sobre nuestros hombros
la vida de millones de cubanos y de-cenas de miles de estadunidenses que
perderían sus vidas en una confrontación entre los dos países,
en una guerra que duraría cien años".
Sin embargo, reconoció que no existe un riesgo
de guerra inminente con Estados Unidos, aunque re-cordó una declaración
del secretario de Defensa estadunidense, Do-nald Rumsfeld, el fin de semana
pasado, según la cual Washington no emprendería "por ahora"
un ataque militar a Cuba.
El horizonte de una escalada de represalias contra Cuba
se endureció al consumarse la invasión an-gloestadunidense
a Irak, al mismo tiempo que surgían acusaciones contra Corea del
Norte y Siria. Los cuatro países, junto con Irán, Libia y
Sudán, son a juicio de Estados Unidos los "patrocinadores del terrorismo"
internacional.
Secuestro y sanción
Los tres secuestradores capturaron a mano armada el 2
de abril la lancha de pasajeros que cumple una ruta comercial en la bahía
de La Habana, amenazando con asesinar pasajeros rehenes si no recibían
combustible para seguir viaje a Estados Unidos.
Tras 40 horas de tensión, los atacantes fueron
capturados sin que hubiera muertos ni heridos. Cinco días más
tarde ya habían sido juzgados en un proceso sumarísimo, que
pasó a la apelación, primero del Tribunal Supremo y luego
del Consejo de Estado, de 31 miembros, encabezado por Fidel Castro.
Las apelaciones fueron desestimadas en 48 horas, tras
las cuales se cumplió la sentencia ratificada.
Aunque el máximo organismo tenía la facultad
de conmutar las condenas, "las circunstancias, el momento, impidieron al
Consejo de Estado y a los tribunales hacer uso de esa facultad, de manera
dolorosa, pero sabiendo responsablemente los riesgos que tratamos de evitar",
dijo el canciller.
Pérez Roque expuso que, según las autoridades
cubanas, hay una secuencia de escenarios que de-semboca en las ejecuciones
como fórmula disuasoria: a) facilidades en Estados Unidos para la
emigración ilegal desde la isla; b) secuestros de naves; c) crisis
migratoria, y d) conflicto bilateral.
Citó la eventualidad de que un conflicto migratorio
desemboque en una crisis como la de 1994, cuando se produjo una emigración
masiva y desordenada de cubanos hacia Estados Unidos, luego de que La Habana
decidió abrir sus fronteras, tras una cadena de secuestros y ocupación
de embajadas por parte de de-cenas de personas que querían en esa
forma conseguir su salida.
Recordó que ya se han producido ahora siete secuestros
en seis meses y que Estados Unidos sólo ha entregado en un semestre
700 visas, del total de 20 mil anuales que debe otorgar, por lo menos,
de acuerdo con los convenios migratorios bilaterales. En el mismo lapso
en años precedentes, el nivel de documentos era de unos 10 mil,
señaló Felipe Pérez Roque.
Dijo que hay sectores de la emigración cubana en
Florida y de Washington que "le apuestan a una crisis migratoria", y subrayó
que "la pena de muerte de esos secuestradores recae por entero su responsabilidad
sobre la política contra Cuba de desestabilización del gobierno
de Estados Unidos, que no cumple sus responsabilidades".
"Clara señal de reconocimiento"
También explicó la interpretación
que hizo Cuba de una parte del debate en Ginebra, sede de la CDH de la
ONU, a partir del intento de Costa Rica de endurecer con una enmienda la
resolución finalmente aprobada sobre la isla.
La enmienda expresaba "profunda preocupación por
las recientes detenciones, juicios sumarios y duras condenas de numerosos
miembros de la oposición política" y pedía a Cuba
liberarlos.
El grueso de la propuesta parecía dirigida a condenar
el enjuiciamiento de activistas opositores, aunque la referencia a los
"juicios sumarios" alcanza a los fincados a los secuestradores. La propuesta
fue descartada por 31 votos en contra, 15 en favor y siete abstenciones.
Pérez Roque concluyó que esta votación
es un aval, tanto al encarcelamiento masivo como a los fusilamientos: "El
rechazo incuestionable, ampliamente mayoritario a la propuesta estadunidense
que presentó Costa Rica, es una clara señal de reconocimiento
de la CDH y de la comunidad internacional, excepto un pequeño número
de países, ante el derecho de Cuba de aplicar sus leyes".
La votación es "un reconocimiento a la pertinencia
y la legalidad de las medidas adoptadas por Cuba, (tanto) en defensa de
su so-beranía, (al) castigar según nuestras leyes, con todas
las garantías, a un grupo de personas que actuaron al servicio y
con el financiamiento de una potencia extranjera que agrede al país,
como las sanciones dolorosas pero inevitables contra los secuestradores
(que actuaron) mediante métodos violentos, con peligro para la vida
de ciudadanos cubanos y extranjeros".
La comunidad internacional "le ha dado un espaldarazo
al derecho de Cuba a celebrar los juicios y condenar a los que fueron declarados
culpables por los tribunales. No ha habido una letra, una coma en el texto
aprobado, que cuestione lo que ha ocurrido", dijo en un balance de la sesión
de la CDH.
El canciller cubano citó la conocida adhesión
del presidente estadunidense, George W. Bush, a la pena de muerte, incluso
su abultado historial de ejecuciones cuando era gobernador de Texas. También
reseñó extensamente informes de Amnistía Internacional
(AI) sobre la pena de muerte en Estados Unidos y preguntó por qué
nadie propone una moción al respecto en la CDH.
Sin embargo, Pérez Roque declinó confirmar
o desmentir el más reciente reporte de AI sobre la cantidad de condenados
a la pena capital en Cuba (49 en mayo de 2002) y tampoco se manifestó
sobre la petición de esa institución humanitaria que ha demandado
la conmutación de esas sentencias.
"Puede ocurrir que haya un número de personas que
estén condenadas, pero su situación esté en alguna
de las fases del proceso legal", indicó el ministro.
Dijo que en su gobierno "comprendemos" las críticas
que "legítima y honestamente" han suscitado las detenciones de opositores
y los fusilamientos, y que "hay quienes han hecho declaraciones por confusión,
por falta de información", pero añadió que también
encontraba "mucho oportunismo político".
El canciller estimó también que la resolución
final de la CDH no reflejó una condena contra Cuba: "Estados Unidos
no pudo lo-grar su objetivo. El párrafo que intentaba una condena
explícita (la enmienda costarricense) fue abrumadoramente derrotado.
El texto final aprobado no puede en caso alguno ser entendido como una
condena".
La resolución pide a Cuba que reciba a la jurista
Christian Chanet, representante personal del Alto Comisionado de la ONUpara
Derechos Humanos, y mantiene el tema en la agenda de la comisión
el año próximo.
"Estados Unidos hizo el papel de conformarse con un texto
que no dice nada", dijo Pérez Roque, pero subrayó que rechaza
in-cluso esa fórmula adelgazada, porque "no existe la más
mínima justificación para examinar la situación de
Cuba en la CDH. Cuestionamos la pertinencia de esa resolución".
Cuba no está dispuesta "a aceptar la manipulación
de este tema, el empleo sin escrúpulos incluso de esta figura de
Naciones Unidas, para justificar la campaña, cuyo objetivo final
es lograr algún tipo de papel, de resolución en Ginebra,
que permita seguir justificando el bloqueo".
También abordó otra de las votaciones de
la víspera, la que desechó por 17 sufragios en favor, 26
en contra y 10 abstenciones una enmienda cubana a la resolución
principal, por la cual se hubiera condenado el bloqueo económico
como violatorio de los derechos humanos de los cubanos.
La propuesta, dijo Pérez Roque, "cumplió
nuestro objetivo de demostrar la hipocresía de algunos de los que
se precian de condenar el bloqueo a Cuba pero no tienen el valor de votar
ahí, condenando al bloqueo como una violación de los derechos
humanos".