Se viola la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos
IMSS, UAM e ININ ya aplican el proyecto Abascal, denuncia Max Ortega
PATRICIA MUÑOZ
Con el objetivo de "quebrar" la resistencia sindical y organizar un consenso pasivo hacia la contrarreforma laboral del proyecto Abascal, dicha iniciativa ya se aplica parcialmente en diversas instituciones y centros de trabajo, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Nacional de la Industria Nuclear (ININ).
La meta es acostumbrar a los trabajadores a una normatividad que se apegue a los nuevos ordenamientos que pretende introducir el gobierno de Vicente Fox, señala un estudio realizado por Max Ortega, doctor en ciencia política e investigador universitario.
El investigador señala que al sindicato del IMSS se le impusieron reformas que violan su contrato colectivo de trabajo, e inclusive plantean un nuevo esquema de relaciones laborales en el que se fijan altos niveles de flexibilización para los horarios de trabajo, cobertura de plazas, se violenta el pago de horas extras y aun se fijan profesiogramas que establecen atribuciones subjetivas a los trabajadores del instituto, ya que establecen que éstos, además de ser "leales, imparciales y eficientes, tienen la obligación hasta de ser cálidos".
Todas estas nuevas condiciones de trabajo son subjetivas, difíciles de medir y permiten a la parte patronal sancionar indiscriminadamente a los trabajadores cuando les convenga.
También se modificó la relación laboral, pues se permite la intromisión de la Contraloría como patrón sustituto de los trabajadores para aplicar sanciones laborales, económicas y hasta penales.
Una situación similar padecen los trabajadores académicos de la UAM, quienes ahora están sujetos a diversos reglamentos de ingreso, promoción y permanencia de personal, así como a tabuladores de promoción que disfrazan bajo un lenguaje técnico-jurídico su verdadera naturaleza, que es premiar y sancionar a los profesores de manera discrecional.
Estos trabajadores han sido sujetos a un conjunto de cambios de la normatividad universitaria que modifica radicalmente su función social, el perfil informativo y restructuran las relaciones laborales.
Los reglamentos que deben respetar los académicos inclusive contravienen artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica de la propia universidad, además de su contrato colectivo.
En el caso del ININ, como en diversas otras instancias y dependencias públicas, se realiza un "adelgazamiento" de su planta laboral; sin embargo, el ajuste se realiza con programas de retiro voluntario que no contemplan un límite, y además no prevé cubrir ninguna de las plazas que quedan desocupadas. De esta manera se obliga a los trabajadores que continúan laborando a realizar el trabajo de quienes dejan los puestos sin ningún pago extra, para lo cual tienen que laborar más allá de sus horas normales de trabajo.
El documento de Max Ortega establece que la ampliación de las jornadas laborales, la congelación de plazas, el desconocimiento de los contratos colectivos, el pago y promoción discrecional de los trabajadores, así como el desconocimiento de las representaciones sindicales, son metas de la reforma laboral promovida por el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, y que en los hechos ya se aplican.