Emilio Pradilla Cobos

Delincuencia e impunidad

Habito en un fraccionamiento del Distrito Federal cerrado con vigilancia privada. El sábado 5 de abril, en horas de la tarde, mi casa fue asaltada con violencia, sufriendo destrozos considerables, robo de objetos y de un automóvil recién adquirido. Todo indica que los ladrones me vigilaban y esperaron a que en la casa no estuviera nadie, lo cual agradezco. El jueves, luego de sortear la solicitud de "gratificación" de la policía del estado de México y de largas horas de trámites en el corralón del Distrito Federal, recuperé lo que quedó del coche deshuesado, que está ahora en poder de la aseguradora. Los costos personales son muy altos: el arreglo de los destrozos en la casa, la reposición de lo robado y las largas horas de trabajo perdidas en las ineficientes, desordenadas y arcaicas oficinas del Ministerio Público. Hasta hoy, que sepa, no ha habido ninguna investigación judicial que lleve a la detención de los delincuentes, y la denuncia debe formar parte de un enorme montón lleno de polvo en algún archivo de la agencia investigadora correspondiente.

Quizá no deba quejarme, pues soy una más de las miles de víctimas de la delincuencia en la capital, pero quiero compartir las experiencias obtenidas. Los fraccionamientos cerrados no son una solución efectiva. La vigilancia privada, poco calificada, desarmada y sin instrumentos adecuados, no garantiza la protección de los residentes y en ocasiones colabora con los delincuentes. La policía, que carece de función investigadora, tiene poco que hacer cuando llega después de los hechos; sólo es testigo post festum del acto criminal. La mordida sigue siendo práctica común, que el ciudadano acepta para evitar los interminables, fatigantes y lesivos trámites en las oficinas de la "Seguridad Pública". La incapacidad de la Policía Judicial para investigar los delitos y detener a los responsables hace que la inmensa mayoría de ellos quede en la impunidad, y los delincuentes sigan libres y acumulando víctimas.

Cada día crece el número de personas que se dedican a la delincuencia incidental u organizada, como consecuencia del desempleo masivo, la caída brutal de los ingresos, la pobreza extrema generalizada y la falta de oportunidades para los jóvenes, resultantes de la aplicación salvaje del patrón neoliberal de acumulación de capital, de la irresponsabilidad social del Estado neoliberal y de la destrucción del tejido social que generan. Mientras no se abandone este modelo y se construya uno nuevo de crecimiento sostenido con equidad distributiva y justicia social, habrá delincuentes por necesidad de subsistencia o negocio rentable y los mexicanos seguiremos padeciendo la violencia. Los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia del país, carcomidos por la corrupción, en muchos casos cómplices de los delincuentes o parte de ellos, con muy bajos salarios, mala calificación, carentes de equipo moderno, desorganizados e ineficientes, no están en condiciones de investigar y perseguir a los delincuentes; registran los hechos para la estadística y para que la víctima lleve a cabo los engorrosos y aparentemente inútiles trámites de denuncia del robo y "liberación" de lo robado cuando se recuperan pedazos de ello. Aunque muy caros y con trámites de recuperación muy complicados, los seguros son la única protección del patrimonio que les queda a los ciudadanos, aunque sigo oponiéndome a que el sistema de aseguradoras esté en manos de grandes monopolios nacionales y extranjeros.

A los capitalinos y mexicanos no nos interesan las guerras propagandísticas sobre estadísticas, manipulables siempre, las diarias declaraciones publicitarias sobre "avances" o nuevos programas, o la continua creación de novísimos cuerpos "especializados" -con distinto y vistoso uniforme- que fragmentan aún más la acción policial. Nos interesan: acciones reales que eliminen de raíz la corrupción en las policías y el sistema judicial; personal adecuadamente calificado, con salarios dignos, sin autoritarismo o prepotencia, que hagan adecuada y eficazmente su trabajo; oficinas de atención a las víctimas, ordenadas y eficientes, donde no perdamos, además de lo robado y nuestro tiempo, la dignidad; real y eficaz investigación y persecución del delito para apresar a los delincuentes, castigar el delito y evitar su proliferación; justicia rápida, justa y efectiva; y cárceles dignas que readapten a los readaptables y no sean escuelas de formación de delincuentes. Nos interesan resultados que veamos los ciudadanos.

A los habitantes de la ciudad, que luego de ser víctimas directas o por conducto de familiares, padecemos el síndrome de la indefensión, sólo nos queda la alternativa de convertir nuestras casas y lugares de trabajo en búnkers o cárceles fortificadas -a nuestro costo- y meternos dentro de ellas, pues los ladrones andan libres por la calle; aunque alguna puerta de salida tenemos que dejar y por ella entrarán los delincuentes algún día.