Fijan plazo a Nuevo San Isidro y Nuevo San Rafael para que abandonen terrenos
Lacandones y choles amenazan de muerte a tzotziles en Montes Azules
Lanzaron las advertencias acompañados por autoridades de Profepa y Semarnat
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 15 de abril. Un grupo de lacandones y choles, en compañía de funcionarios federales, llegó a la comunidad San Isidro, en Montes Azules, para amenazar de muerte a sus pobladores si no abandonaban el lugar antes del próximo sábado 19. Los hechos ocurrieron el pasado día 12, pero hoy fueron dados a conocer por los observadores civiles que visitaron dicho poblado el domingo 13 por la mañana.
La agresión fue perpetrada por el mismo grupo de funcionarios federales e indígenas armados que "visitaron" posteriormente la comunidad Nuevo San Rafael, llevando las mismas amenazas, como reportó La Jornada (13 y 14 de abril).
La Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos y los observadores civiles dan ahora a conocer los hechos en San Isidro:
"El 12 de abril, siendo las 10 horas, llegaron a la comunidad Nuevo San Isidro aproximadamente 40 indígenas, entre choles y lacandones, armados con machetes y palos, que venían de las comunidades Frontera Corozal, Nueva Palestina, Lacanjá, Najá y Metzaboc, a bordo de dos lanchas.
"Se presentaron acompañados por los funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Héctor Trujillo Gómez y Jorge Gómez Román, además de otros servidores públicos que no se identificaron", señalan los observadores.
Los funcionarios y los indígenas penetraron en la comunidad "dirigidos por los lacandones, y rodearon las casas hechas con techo de palma y plástico. Comenzó entonces la agresión verbal y en varios momentos algunos lacandones alzaron sus machetes dirigiéndolos hacia los habitantes de Nuevo San Isidro, amenazando con matarlos si no salen de esas tierras".
La delegación de observación, conformada por Capise, CIEPAC, Promedios y la propia red, informa que el 13 de abril visitó Nuevo San Isidro, en la región de Montes Azules, "a petición de sus representantes", quienes refirieron que el día 10 la comunidad había convocado a representantes de la Profepa y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a un diálogo en las inmediaciones de su comunidad, que se llevaría a cabo el domingo 13.
Según verificaron los observadores, a partir de la descripción hecha por los representantes de Nuevo San Isidro "la comitiva que se presentó en la mañana es la misma que luego hizo acto de presencia en la comunidad Nuevo San Rafael ese mismo día. En ambos casos el plazo fijado por los lacandones para desalojar el terreno fue de ocho días, por lo cual la amenaza del desalojo se concretaría el sábado 19 de abril".
Los observadores civiles señalan que, como en el caso de Nuevo San Rafael, los funcionarios gubernamentales se presentaron en Nuevo San Isidro como "acompañantes" de los choles y lacandones, y sin propuesta alguna para lograr una salida negociada al conflicto. "Cabe señalar que no hubo ninguna intervención de los funcionarios de gobierno" para apaciguar "la actitud agresiva de lacandones".
En esta ocasión no estuvieron presentes los observadores de los derechos humanos, "por lo que los lacandones y sus acompañantes mostraron mayor agresiv
idad contra los habitantes de Nuevo San Isidro". Al momento de la llegada de los observadores, los campesinos tzotziles de la comunidad "estaban profundamente afectados por las amenazas de que habían sido objeto".
Para la delegación civil resulta claro que los funcionarios de Profepa y Semarnat no se presentaron a la cita con los habitantes de Nuevo San Isidro para buscar una salida negociada, "sino que optaron por 'acompañar' a los lacandones y choles que amenazaron de muerte a los pobladores si no desalojaban las tierras".
Los organismos civiles que visitaron las comunidades amenazadas expresan su preocupación ante el desenlace que podrían tener estos acontecimientos, "sobre todo ante la actuación impune de los lacandones acompañados por funcionarios gubernamentales de Profepa, Semarnat y CNANP".
Del mismo modo, llaman a los gobiernos federal y del estado a que "tomen medidas precautorias para evitar enfrentamientos entre los indígenas involucrados en el conflicto de Montes Azules".
La Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos, en particular, reafirmó su convicción de que "sólo una salida negociada y pacífica, y la voluntad de los gobiernos federal y estatal, pueden resolver el conflicto en Montes Azules con pleno respeto a los derechos humanos y derechos indígenas de los involucrados".
