Entonces habría que soltar a todos los detenidos en Tamaulipas desde 2001, dice el fiscal

Defensores cuestionan pruebas contra militares acusados de apoyar al narco

JESUS ARANDA

El informe de la Policía Judicial Federal Militar en que se basó la Procuraduría General de Justicia Militar para fincarle responsabilidad penal al general Ricardo Martínez Perea y a dos oficiales es el mismo que permitió la detención de Gilberto García Mena, El June, y después de Osiel Cárdenas Guillén, éste, líder del cártel del Golfo.

Aseguró lo anterior el agente del Ministerio Público Militar Gerardo Salazar Bolaños, al presentar sus conclusiones acusatorias por delitos contra la salud en contra del ex comandante del 21 regimiento de caballería motorizada, Martínez Perea, del teniente Ricardo Antonio Quevedo Guerrero y del capitán Pedro Maya Díaz, a quienes señaló como responsables de permitir el paso de droga hacia Estados Unidos, por la ruta del poblado de Guardados de Abajo, Tamaulipas, en donde fue detenido El June en abril de 2001. Al momento de su aprehensión, éste tenía equipos de radiocomunicación con la misma frecuencia que los de los militares del 21 regimiento.

El fiscal castrense advirtió que si el consejo de guerra no admite la validez de dicho informe policiaco, las autoridades federales "tendrían que soltar a todos los narcos" detenidos en Tamaulipas de 2001 a la fecha.

Exaltado, cuestionó a Martínez Perea por solapar a los oficiales Quevedo y Maya, por permitir el uso de vehículos decomisados en su regimiento, que los soldados se quedaran con armas, perfumes y aparatos de radiocomunicación incautados en operativos antidrogas. "El general era un comandante autónomo que no se regía por lo establecido por la Defensa Nacional".

Se cuestionó también la presunta homosexualidad de Osiel Cárdenas, así como el que hubiera en autos una foto del capitán Maya vestido y maquillado como hawaiana; además de que el fiscal dijo que el uso sin control de radios de comunicación en el 21 regimiento estaba relacionado con el hecho de que Osiel Cárdenas Guillén "fuera experto en comunicaciones".

Cerca de las 9 de la noche la fiscalía militar presentó la retractación del teniente coronel Luis Vázquez Hernández, quien fuera segundo comandante del 21 regimiento, quien había sido detenido el pasado domingo por presunta falsedad de declaraciones; ahora acepta haber tenido conocimiento de presuntos actos ilícitos que involucran al general Martínez Perea, y además refirió hechos que involucran a un total de 14 soldados que fueron investigados por presuntos vínculos con el cártel del Golfo. La defensa de los acusados objetó de inmediato el documento.

En su oportunidad, los defensores de los acusados, tenientes Enriqueta Rodríguez y Francisco Pineda, cuestionaron la legalidad del proceso, partiendo de que la indagatoria se inició con un anónimo que llegó a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa el 14 de enero de 2001, que derivó en la detención de los acusados.

Pineda hizo una reseña legal sobre las violaciones de procedimiento cometidas por la fiscalía militar al referirse a los anónimos, y dijo que incluso hay directivas de la Defensa Nacional que señalan que muchas veces estos escritos son obra de los propios narcotraficantes para quitarse de encima a elementos incómodos o para distraer a los militares en su labor contra el tráfico de drogas.

Presunta utilización de aparatos de radiocomunicación no oficiales

Al entrar en su fase final el consejo de guerra en contra del ex comandante del 21 regimiento de caballería motorizada, general Ricardo Martínez Perea, y dos oficiales bajo sus órdenes, se reveló que siete militares denunciaron ante la Procuraduría Militar y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haber sido torturados, física y sicológicamente, para declarar en contra de los acusados.

Por otra parte, la principal acusación en contra de Martínez Perea -en el sentido de que utilizó aparatos de radiocomunicación no oficiales en operativos antidrogas- quedó en entredicho, luego de que el teniente Fernando Rivera Juárez, especialista en transmisiones, declarara que no existía en el año 2001 -cuando fueron detenidos los implicados- una directiva del Estado Mayor de la Defensa Nacional que prohibiera la utilización de dichos radios. Incluso dijo que en la unidad en la que está actualmente adscrito se utilizan los radios de comunicación sin contar con la seguridad y confidencialidad deseada, y que apenas en este año le fue notificada oficialmente la necesidad de que las frecuencias de dichos radios sean encriptadas, para evitar filtración de información.

El oficial, quien era encargado del servicio de transmisiones bajo el mando de Martínez Perea, aceptó que las frecuencias de los aparatos que utiliza el personal (y que cada quien compra de su propio bolsillo) en su nueva unidad son colocadas por empresas comerciales, sobre las cuales no existe ningún control, y que apenas el Estado Mayor de la Defensa Nacional elabora una directiva para homologar el uso de frecuencias y las compañías autorizadas para instalar las mismas.

Desde mayo de 2001, el teniente Ricardo Gallardo Elizalde, el subteniente Eduardo René Mendoza Márquez y los cabos José Francisco Gómez Leija, Misael Reyes Lara, Jorge Luna Cruz, Oscar Martín Avelino Elizalde y Francisco Hernández Cruz denunciaron ante la Procuraduría Militar haber sido obligados, mediante tortura, a declarar en contra de Martínez Perea y los oficiales Quevedo y Maya, en el sentido de que tenían vínculos con el narcotráfico y permitían el paso de droga hacia Estados Unidos. Y aunque después rectificaron su primera declaración y denunciaron haber sido torturados por agentes de la Policía Judicial Federal Militar, hasta la fecha ni la Procuraduría castrense ni la CNDH han dado respuesta oficial a su demanda.

Al cierre de esta edición, continuaban las deliberaciones en el consejo de guerra, que se efectúa en el Campo Militar Número Uno.