Cree el funcionario que la CDHDF "va contra
molinos de viento"
Critican a Ebrard su falta de sensibilidad
"Vemos a una policía que desprecia los derechos
humanos", reclaman diputados locales
SUSANA GONZALEZ G, GABRIELA ROMERO S. Y RAUL LLANOS
S.
Temores, críticas y advertencias sobre el respeto
a los derechos humanos de los capitalinos por policías de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) -a partir de los cambios ocurridos durante
el último año en programas y proyectos de la institución-
permearon ayer las intervenciones de los diputados de todos los partidos
representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), con
excepción del PRD, durante la comparecencia de Marcelo Ebrard.
El
funcionario, en cambio, enfocó su exposición y respuestas
a los diputados en exhortarlos a dotar de más herramientas jurídicas
a los policías preventivos para enfrentar a la delincuencia mediante
la aprobación de las reformas al Código Penal y de las iniciativas
de ley de convivencia ciudadana y orgánica de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP), esta última aprobada en la sesión
de ayer, al igual que la del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, apenas unas horas después de que Ebrard abandonó
el recinto.
Antes, el secretario escuchó críticas a
su gestión: "Vemos a una policía que desprecia los derechos
humanos como el costo que tenemos que pagar para que el gobierno haga su
trabajo y logre impactar las estadísticas con eficacia dudosa....
No es desde el trabajo de este legislativo que se dará cobertura
a la ineficacia y corrupción policiaca, esa tarea le toca a usted",
le lanzó desde tribuna Enoé Uranga, del Partido Democracia
Social
Dijo que hay "señales de endurecimiento" en la
policía y el riesgo de que se destapen etapas de abuso de poder,
injustificables "en un gobierno con matiz democrático y que se dice
de izquierda", al tiempo que cuestionó que se permita elaborar listas
de sospechosos a partir de denuncias anónimas y la policía
pueda detenerlos sin pruebas.
Coincidente, Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia,
retomó algunos de los argumentos utilizados por la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) contra el endurecimiento
de penas y advirtió que "el problema de fondo es que ese conjunto
de acciones significan mayores medidas coercitivas y nos ponen en la disyuntiva
de optar entre la libertad jurídica que gozamos y la seguridad pública
que requerimos".
Ebrard preguntó entonces cuáles son las
propuestas o alternativas de la CDHDF; "creo que va contra molinos de viento
y nosotros no somos parte de un gobierno autoritario, ni proponemos violaciones
de garantías o derechos". Dijo que la Comisión debe asumir
la parte legal y penal que sanciona a quienes incumplen y consideró
que no es atendible esperar que haya una reforma integral de todo el sistema.
Del PAN, Rolando Solís Obregón acusó
a Ebrard de "atribuir indebidamente la falta de logros en el combate de
la delincuencia a una falta de normatividad de la SSP, así como
a las leyes permisivas y las fallas en el sistema de justicia. Creemos
que debe desterrarse la práctica común de querer solucionar
los problemas con la expedición de una ley", pero el secretario
rechazó haber planteado lo anterior.
Cuestionamientos similares sobre el respeto a los derechos
humanos hicieron Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde, y el priísta
Edgar López Nájera, mientras la petista Eugenia Flores refirió
abusos perpetrados por granaderos en desalojos recientes; el panista Alejandro
Diez reprochó la falta de coordinación en el gobierno capitalino,
pues dijo que existen tres visiones distintas: represiva, preventiva y
de readaptación. Sólo el diputado Horacio Martínez,
del PRD, elogió su gestión.
Cabe mencionar que durante la comparecencia de Ebrard
imperó la incertidumbre porque entre los grupos parlamentarios no
había acuerdo sobre quién ocuparía la presidencia
de la mesa directiva y se desconocía lo que haría el grupo
de diputados simpatizantes de la Corriente de Izquierda Democrática
(CID), encabezados por Alejandro Camacho, por lograr que Dione Anguiano
ocupara el lugar, al no haber llegado a ningún acuerdo con la Comisión
de Gobierno.
Después de un receso de 10 minutos, que se prolongó
casi una hora, la priísta Irina del Castillo, vicepresidenta de
la mesa directiva, notificó que no se aceptaba la renuncia de la
perredista Ruth Zavaleta, por lo que tendría que asumir la presidencia.
Trascendió que fue la perredista Iris Santacruz
una de las promotoras de la idea de cambiar en las papeletas el nombre
de Dione Anguiano y en su lugar poner el de Ruth Zavaleta.