Bital, Bancomer y Banorte, entre las instituciones beneficiadas, revela auditoría

Bancos rescatados recibieron de forma "irregular" $44 mil millones en 2001

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El costo económico del rescate bancario asciende actualmente a 920 mil millones 720 pesos, el equivalente a 15 por ciento del producto interno bruto, y de esa cifra la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que en el primer año de gobierno de Vicente Fox se entregaron irregularmente 44 mil millones de pesos a los bancos, recursos que deberán ser devueltos al erario.

A ese costo se suman las obligaciones que la actual administración federal deberá cumplir en los próximos cuatro años con los poseedores de Bonos de Protección al Ahorro, que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) emitió para fondearse.

Al 31 de diciembre de 2001 -año correspondiente a la revisión de la cuenta pública de Fox- los pasivos del IPAB ascendieron a 760 mil 669 millones de pesos, aunque todavía falta el cálculo del año pasado.

En el informe de la revisión a la cuenta pública de 2001 -de más de 450 páginas-, la ASF sostiene que el comité técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) "actuó sin reglas y políticas que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones", y determinó que el gobierno federal cometió un error al conceder su aval a cuatro bancos para incluirlos en el mencionado rescate.

La auditoría determinó que Bancomer, Banorte y Bital no debieron participar en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, pues tenían "índices de capitalización superiores al establecido en la normatividad aplicable". Junto con Banamex, esas tres instituciones recibieron recursos adicionales que podrían causar "un impacto económico negativo" por 18 mil 709 millones de pesos a las finanzas públicas.

Aun cuando en su reporte -entregado a la Cámara de Diputados- la ASF señala que "en lo general" el IPAB cumplió con la entrega de recursos a los bancos, se detectaron 63 irregularidades en la asignación adicional de fondos, que ascienden a 45 mil 409 millones de pesos.

Dentro de la relación de anomalías encontradas en las operaciones por banco, se detalla que en el caso de Bancomer se incluyeron indebidamente y "contraviniendo las bases de capitalización", intereses moratorios, créditos en litigio, créditos relacionados, créditos relacionados con riesgo E y otros créditos menores, "con un efecto económico de 13 mil 806.9 millones de pesos" para el país.

Respecto de Banorte, el monto que se otorgó en los mismos rubros en forma indebida asciende a mil 851.2 millones de pesos; a Bital se le entregaron 5 mil 123.7 millones de pesos más en forma irregular, mientras que en los créditos del Grupo Sidec-Sidam-Situr relacionados con Banamex, Bancomer y Banorte "se incluyeron indebidamente" recursos por 3 mil 99.3 millones de pesos.

En el caso del Banco del Atlántico se le asignaron 13 mil 922.8 millones de pesos más. En opinión de la auditoría, el programa de saneamiento para ese banco no debió ser autorizado "sin antes haberle exigido que respondiera por las pérdidas de 5 mil 100 millones de pesos" que reportó al 31 de diciembre de 1997, antes de la intervención.

Asimismo, se informó que en el caso de Banco Unión -de donde se asignaron recursos para la campaña del PRI en 1994, mediante la triangulación de las empresas de Carlos Cabal Peniche- el quebranto representa todavía para el erario pasivos por 7 mil 515.2 millones de pesos.

Respecto del Banco Obrero, la ASF informó que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, autorizó irregularmente que se absorbiera un crédito que esa institución había contratado con Aseguradora Hidalgo, que actualmente tiene un costo público de 90 millones de pesos.

En la venta de los hoteles Camino Real, el órgano auditor encontró cuatro relevantes irregularidades, y concluyó que "el IPAB no se ajustó" plenamente a la normatividad, con lo cual "redujo las posibilidades de obtener el máximo valor de recuperación y reducir el costo fiscal" de esa operación.

En contraste, se encontró que en el programa de apoyo a ahorradores y deudores de la banca el gobierno excedió en apenas 672.3 millones de pesos el presupuesto asignado para 2001, de 39 mil 177.9 millones, lo que representa 1.7 por ciento adicional.

Finalmente, el reporte que entregó el auditor Arturo González de Aragón a los diputados señala que "el comité técnico del Fobaproa procedió con discrecionalidad al haber actuado sin reglas y políticas de operación que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones", y "no aplicó en su totalidad las bases sobre la capitalización establecidas para la adquisición de la cartera originadora de flujos".

Por su parte, el diputado Enrique Martínez Orta, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, informó que Arturo González de Aragón denunció que hace una semana "piratas cibernéticos (hackers) ingresaron al sistema de información y cómputo de la auditoría y sustrajeron 7 mil archivos de la cuenta pública de 2001".

El titular de la ASF dijo a los legisladores que ese hecho no afectó el resultado final de la revisión de la cuenta pública; no obstante, el diputado Martínez Orta consideró "muy preocupante un suceso de esta naturaleza, porque el hecho demuestra que cualquier información privada puede ser intervenida".